La Defensora del Pueblo critica en su informe las devoluciones en caliente

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha destacado en el Informe Anual 2014 presentado ayer en el Congreso, la obligada actuación que tienen que tener las fuerzas de seguridad en la valla una vez que lleguen los inmigrantes.

A juicio de la Institución, y contrario a lo defendido por el Ministerio de Interior, debe considerarse que los inmigrantes que están en la valla han llegado ya a España.
Becerril mantiene una tesis contraria a la defendida por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y radicalmente opuesta a la que los guardias civiles están poniendo en práctica en las vallas de ambas ciudades cumpliendo las órdenes de la cúpula ministerial. La defensora recoge en su informe anual que al estar en suelo nacional a los inmigrantes les asisten derechos legales que impiden que puedan ser retornados al territorio marroquí de forma inmediata.
Según este planteamiento, la forma de proceder que se está teniendo en el vallado tanto en Ceuta como en Melilla no sería la ajustada. Becerril deja constancia de su preocupación por las llamadas devoluciones en caliente que serán legalizadas a través de una enmienda incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana de la que valora que haya existido cierta 'dulcificación' respecto a lo pretendido inicialmente.
De hecho la defensora se refiere claramente a la necesidad de impartir instrucciones a la Dirección General de la Guardia Civil con el fin de recordar a todos los efectivos que prestan servicio en la frontera que cuando se intercepte a un extranjero cuyo propósito sea entrar irregularmente en España debe ser puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que se incoe el oportuno expediente administrativo previsto en la legislación de extranjería.
Cuestionada por las concertinas colocadas en las vallas fronterizas, la defensora ha reconocido el nulo éxito de sus reclamaciones para que las cuchillas sean retiradas. "No nos han hecho mucho caso todavía", indicó. Lo que pedían era la retirada de la concertina del vallado exterior del perímetro fronterizo y se proponía como alternativa su sustitución por un mecanismo no cortante que dificultara el salto de las vallas.
Esta recomendación, como la relacionada con las concertinas, nunca fue aceptada. "Durante el año 2014 se han iniciado nuevas actuaciones de oficio y tras la recepción de quejas con alegaciones de devoluciones realizadas en el perímetro fronterizo sin seguir el procedimiento establecido en la legislación de extranjería. En dos de los incidentes producidos respectivamente en los meses de junio y octubre de 2014 en la valla de Melilla se iniciaron actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad que se han suspendido, en los primeros días del año 2015, al tener conocimiento de que los hechos están judicializados", recoge en el documento.
La Defensora ha mostrado su "preocupación" porque estas prácticas "impiden identificar y proteger a personas especialmente vulnerables, como pueden ser menores, solicitantes de protección internacional o víctimas de trata".
En el informe de este año la Institución ha dedicado un especial contenido al ámbito de la inmigración, haciendo hincapié en las entradas de forma irregular. De hecho la Institución ha hecho un especial seguimiento de la situación en las ciudades de Ceuta y Melilla, destacando el caso del 6-F y la muerte de 15 subsaharianos en su intento por alcanzar la playa del Tarajal.
"Un número significativo de ciudadanos y de organizaciones no gubernamentales solicitaron también la intervención del Defensor del Pueblo, no sólo por los fallecimientos sino también por las alegaciones realizadas respecto a las devoluciones sin procedimiento de los supervivientes, que se encontraban en territorio español, a las fuerzas de seguridad del país vecino", se puntualiza en el documento publicado ayer de forma íntegra en la web del Defensor.
La Institución recuerda que tras la recepción de ese informe y al conocer que ya se estaban incoando las diligencias judiciales, se suspendió la actuación con la Administración y se inició con el Ministerio Fiscal con el ruego de que les mantuviese informados de las novedades que se produjesen en el procedimiento penal.