A lo largo de los últimos meses se ha venido hablando, y lo que aún quedará seguramente, del denominado ‘caso Urbaser’, enfocado todo por ese informe del técnico de gestión contable que cifró en cerca de catorce millones de euros el dinero que, desde su punto de vista, había cobrado Urbaser de manera no correcta. Pues bien, también existe un apartado en este denominado caso del que no se ha hablado mucho y del que hoy nos hacemos eco en nuestro periódico. Y es que tan importantes son unas cifras como otras. Y es que cuando finalizó la relación contractual entre la Ciudad Autónoma y la antigua empresa de limpieza la misma puso encima de la mesa una reclamación al Gobierno autonómico por valor de casi diez millones de euros en conceptos tan variopintos como los incrementos salariales en función del último convenio que estaba en vigor o los trabajos realizados en los polígonos industriales e incluso en el retraso en el pago de las certificaciones. Buena prueba de la defensa que ha hecho este Gobierno de los intereses generales de la Ciudad y por ende de todos los ceutíes es que ha rechazado de plano las pretensiones de Urbaser y de esos diez millones de euros nada más que se les reconoce casi medio millón, como consecuencia del retraso en el pago de determinadas certificaciones. Y además hoy en la sesión plenaria se volverá a hablar de este caso con la pretensión del PSOE de creación de una comisión de investigación. Una comisión que, por supuesto, podría ser tumbada con los dieciocho votos del Partido Popular, pero tal y como manifestó ya hace unas fechas el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, como no tienen nada que ocultar y si votaran en contra alguien podría pensar lo contrario, no tendrán ningún problema en apoyarla, aunque ya adelantó que pensaba que su creación no iba a servir para mucho.
