Honradez, transparencia y confianza en la administración pública es lo que pedimos a nuestros responsables políticos cuando depositamos el voto.
Sin embargo, ese pilar, “la confianza”, se desquebraja cuando conocemos las dudas presentadas por la oposición sobre los exámenes en Obimasa y, mucho más, cuando conocemos la respuesta del informe oficial en el que se reconoce “que no se garantizó el anonimato en los test y dudas sobre su custodia”.
Cualquier examen-oposición requiere un coste administrativo, un esfuerzo personal y económico de los opositores y, por tanto, estas personas esperan de la administración, en este caso, del señor Alejandro Ramírez, altura de miras y no un chapuceo que pone en entredicho la limpieza del proceso perjudicando en primer lugar, a los aspirantes que superaron la prueba, si no hubo nada irregular; en segundo lugar, al resto de opositores si hubo irregularidades y, en tercer lugar, a la Ciudad Autónoma por la falta de un protocolo que eviten estos episodios vergonzosos.
Pienso, como piensa la mayoría de los ciudadanos, que el señor Alejandro Ramírez debería dimitir o ser cesado en el cargo, aunque no existan resoluciones judiciales que acrediten irregularidades, porque el daño que ha provocado a los opositores y al propio proceso lo requiere.
Se trata de respetar a los opositores que se han esforzado en prepararse para conseguir una plaza, se trata de hacer justicia con personas que nada tienen que ver con la incompetencia de cargos públicos muy bien pagados y muy poco eficientes.
Por supuesto que el señor Alejandro Ramírez no va a dimitir y, mucho menos, será cesado, pero errores de este tipo merman la confianza de los ciudadanos en los que se empeñan en mantener y perpetuar a cargos políticos en puestos de confianza, sobre todo, cuando los ciudadanos han perdido en ellos esa confianza.
Todo esto ha ocurrido cuando se abre un nuevo debate sobre la adjudicación de contratos a empresas que comparten el mismo domicilio social.
Los responsables han rechazado cualquier irregularidad. Sin embargo, cuando en nuestras manos está la responsabilidad de custodiar el patrimonio de los ciudadanos, lo mínimo exigible es dar explicaciones claras. Eso en lo mínimo, pero, además, el jefe, tu jefe, te debería exigir ser más diligente y eso de no saber o “desconocer” que las empresas compartían el mismo domicilio social evidencia como mínimo una falta de interés manifiesta.
Por ello, más allá de las responsabilidades que puedan existir, los ciudadanos exigimos y esperamos de nuestros representantes honradez, transparencia y confianza.
La confianza es muy importante y esa se ha perdido.
Felicitarte Juan Amado, yo cuando salí de Ceuta comprobé que el "tirar la piedra y esconder la mano" es muy típico, todos son críticas en reuniones o tomando copas que es cuando sale el macho iberico, pero en Ceuta hay un caso curioso, el 99 por ciento no es si es poco en estadística CALLA Y OTORGA en expresarse en prensa,TV y en el Juzgado CERO, porque el miedo o qué me pasara al sistema control del poder que prevalece ante las pruebas o porque no lo denuncia mi vecino o cualquier persona y que te señalen como el que saca la ropa sucia.
Sabemos que el sistema no cesa ni releva a quien lo hace mal porque es reconocimiento que algo falla en sus competencias.