Mientras el presidente de Estados Unidos conservaba la presión sobre sus aliados por su desaprobación a secundar la guerra con la República Islámica de Irán, los gobiernos europeos aguardaban reducir la tensión con compromisos de gasto en defensa estimados en miles de millones de euros. Y en el horizonte, se atisbaba la puesta en escena de una de las cumbres más señaladas de la historia de la organización, con la premisa de ver implementados cuentos récord de gasto en Defensa admitidos por Europa y Canadá.
Efectivamente, la cumbre podía ser determinante en su devenir, porque incrustaba la inauguración de la denominada europeización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Mientras los dirigentes de los treinta y dos países aliados se congregaban en la capital turca, la cúpula de la Alianza procuraba ajustar todavía más la inclinación en el menester de voltear la ampliación del gasto europeo en Defensa. O séase, en capacidades acomodadas a los imperativos de la guerra y la seguridad contemporánea.
A pesar de los múltiples esfuerzos por fraguar un retrato de unidad y firmeza en plena ebullición sobre la nueva era de la OTAN 3.0, el amago de un desapego de Estados Unidos con relación a la seguridad europea, se cierne con ímpetu sobre la Alianza. Y es que hace apenas algunos meses, los aliados valoraron con inquietud la advertencia de Washinton de apropiarse Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca y país miembro de la OTAN. Desde entonces, Donald Trump (1946-80 años) no esconde su irritación por lo que considera de “abandono de Estados Unidos por parte de sus aliados en la guerra contra Irán”.
En tanto, España e Italia rechazaron por completo el acceso a sus bases militares de las fuerzas norteamericanas involucradas en el conflicto, mientras que Alemania y en último término, Reino Unido, confirieron a Estados Unidos derechos explícitos de uso. De ahí en adelante, Trump ha tachado a los gobiernos europeos de “cobardes”, e incluso ha catalogado a la Alianza de “tigre de papel”.
Otro de los ejes temáticos de los debates ha recaído en cómo acabar de una vez por todas con la guerra de Rusia contra Ucrania, a la vista del envite reavivado que exhiben las fuerzas ucranianas sobre el terreno.
Las acometidas ucranianas de largo alcance han justificado de manera insistente su eficiencia contra plantas de refino rusas, así como contra puntos estratégicos. Ucrania igualmente ha conseguido importantes avances tanto en el perfeccionamiento de drones como de tecnologías anti drones, dos espacios primordiales para favorecer a sus fuerzas a variar el curso de la guerra.
No obstante, aunque Rusia se halla en este momento a la defensiva en el campo de batalla, los estados de la OTAN enfrentan una ingente presión para acrecentar de modo sustancial la inversión en la futura defensa, fundamentalmente ante el paso hacia la OTAN 3.0. Una expresión ideada por la Administración de Trump para puntualizar el desenvolvimiento hacia una alianza conducida por Europa y menos supeditada al apoyo militar convencional de Estados Unidos.
Este proceso se encuentra en camino, después de que en las últimas semanas Estados Unidos manifestase una sucesión de reajustes enfocados a la disminución de recursos dedicados al diseño de la seguridad europea. Sin ir más lejos, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (1980-46 años), dio a conocer la revisión del despliegue de tropas norteamericanas en Europa, con el propósito de aminorar los activos que en nuestros días rondan los ochenta mil militares.
Juntamente, el Pentágono informó de importantes recortes en las capacidades militares que proporciona a la Alianza en caso de conflicto. Entre ellas, bombarderos de largo alcance, submarinos provistos con misiles de crucero y cazas. Este escenario exige a los estados europeos a aplicarse de lleno para cubrir las lagunas que prescindirán esas reducciones.
En el fondo de la cuestión, es que el contrapeso de la seguridad europea incurra cada vez más en Europa, mediante una serie de convenios con firmas del sector armamentístico, en contestación a los requerimientos del secretario General de la OTAN, Mark Rutte (1967-59 años) y de Estados Unidos. Toda vez, que contendientes como China, Rusia e Irán, apresuran la fabricación de armamento. Con lo cual, la industria de defensa de los países aliados debe conservar el compás mediante nuevas fábricas, cadenas de abastecimiento sólidas y un mayor potencial de innovación.
“Hoy por hoy, el pulso proteccionista, las incursiones arancelarias y la politización del comercio internacional, desarmaron el sistema cimentado en reglas y en cuya arquitectura y sostenimiento, los estados occidentales invirtieron décadas después de 1945”
Con estas connotaciones preliminares, la Alianza afronta un desafío mayor que Rusia o el gigante asiático: sus integrantes ya no tienen una visual congruente sobre los valores, el orden económico, el enfoque geopolítico y los principios legales para cuya salvaguardia se instauró. Cualquier alianza militar prolongada estriba en última instancia de una interrogante que puede dar la sensación de ser sencilla, aunque no lo sea. Sin una réplica evidente, la organización se torna receptiva y empieza a concretarse por sus contrincantes, en vez de por una finalidad compartida.
Cuando en 1949 se instauró la OTAN, el designio era clarividente: tras el cataclismo causado por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Alianza se fundó para preservar lo que sus precursores nombraron ‘mundo libre’ contra el expansionismo soviético. En un grado más elemental, el ideal divagaba por envolver un orden internacional liberal asentado en cuatro piedras angulares: primero, la gobernanza democrática; segundo, la apertura económica; tercero, la primacía geopolítica de Occidente; y cuarto, el derecho internacional sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas (26/VI/1945).
Pero actualmente cada uno de esos fundamentos están comprimidos. Esto se palpa en la filiación política de la Alianza, atenuada por el reflujo democrático y la intensificación del autoritarismo. Aunque la OTAN continúe constando como el bloque militar más vigoroso del planeta, su legitimidad moral está en manos de que sus miembros no dejen de ser la representación exclusiva de los valores democráticos que alientan.
La contestación de numerosos gobiernos de la OTAN a la campaña militar de Israel de acoso y derribo en Gaza, hizo ostensible la disonancia in crescendo entre los valores expresos de la alianza y las políticas de sus componentes. Mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) examinan un sinfín de denuncias de genocidio y quebrantamientos del derecho internacional, unos cuantos miembros de la OTAN, particularmente, Estados Unidos, continúa ofreciendo refuerzo político y cobertura política al gobierno hebreo.
Una alianza cuya autenticidad histórica se sustenta en el rehúso de la posguerra al fascismo y genocidio, no puede presentarse selectiva en la adopción de los principios humanitarios universales. La consecuencia conductual no es una ostentación ética, es un activo estratégico cuya renuncia conlleva un peligro para la Alianza.
Igualmente existe presión gradual sobre el orden económico liberal. Sarcásticamente, la prueba máxima no apareció de los contrarios de la OTAN, sino de sus miembros, que con pulsos proteccionistas, incursiones arancelarias y la politización del comercio internacional, desarmaron el sistema cimentado en reglas y en cuya arquitectura y sostenimiento, los estados occidentales invirtieron décadas después de 1945. Como quiera que sea, se ha producido un claro deslizamiento del centro de gravedad de la economía mundial en sentido al continente asiático.
Cuando se creó la Alianza Atlántica, sus miembros constituían más o menos dos tercios del PIB global. Ahora, ese porcentaje bajó a menos de la mitad, al convertirse Asia en el catalizador de crecimiento de la economía mundial.
Igual de inconsistente se ha vuelto el tercer puntal del orden de la posguerra: el liderazgo geopolítico. La Guerra Fría (1947-1991) facilitaba a la OTAN unas directrices estratégicas manifiestas. Pero tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, se dio por hecho que la supremacía norteamericana sería prolongada y eso valió de fondo a subsiguientes rondas de ampliación de la OTAN, acentuando la certidumbre en que la hegemonía militar bastaba por sí sola para disponer el trazado de los contenidos internacionales.
Ni que decir tiene que la guerra de Afganistán (2001-2021) destapó los límites de esa suposición. Tras los atentados del 11/IX/2001 contra Estados Unidos, la OTAN emprendió la operación militar más imponente y dilatada de su historia. Pero dos décadas de predominio militar y tecnológico abrumador, no imposibilitaron el retorno de los talibanes al poder.
La lección aprendida no fue ni mucho menos que la fuerza hubiera malogrado relevancia, sino que el triunfo en la línea de fuego no es sustituto de la estrategia política. La seguridad permanente demanda diplomacia, establecimiento de instituciones, participación regional y un enfoque político en un futuro lejano.
Esa variante es todavía más destacada en el paisaje multipolar de los tiempos que corren. El influjo de disuasión sigue siendo inexcusable, pero los entornos de la Guerra Fría ya no se adecuan a un globo resuelto por la coerción económica, la inseguridad energética, la competencia tecnológica, ciberguerra y los flujos migratorios.
De manera, que la OTAN ha de integrar la fuerza militar con la posición geopolítica a futuro y niveles elevados de destreza política. Y por si fuera poco, cada vez es más dificultoso pasar por alto la incompatibilidad estratégica que fatiga a Europa. Tanto Ucrania, como el mar Negro y Oriente Medio, se han erigido en un entresijo regional de fluctuación, pero la Unión Europea (UE) sigue descartando al único país ubicado en la intersección tripartita: la República de Turquía. Si Europa anhela la autonomía estratégica, no puede darse el capricho de conservar esta fragmentación.
La entrada de Finlandia (4/IV/2023) y Suecia (7/III/2024) robusteció el flanco norte de la OTAN, pero actualmente el armazón de seguridad del sur de Europa se supedita a la incorporación de Turquía en las instituciones políticas y de seguridad de la Unión. Conjuntamente, el ordenamiento jurídico internacional confiere espacio a la política de grandes potencias. La veracidad de cualquier alianza se sustenta en su atrevimiento de amparar las máximas que declara.
Pero las advertencias de Trump de apresar Groenlandia, han puesto en cuestionamiento uno de los principios cardinales de la Carta de las Naciones Unidas: la indivisibilidad nacional de los Estados soberanos. Que la principal potencia de la OTAN atemorice la soberanía de uno de sus miembros, rebaja fiabilidad al compromiso de la Alianza con el derecho internacional.
A estos problemas sistémicos se añade una paulatina disensión en cuanto al objetivo estratégico de la OTAN. Lógicamente, se constatan discrepancias entre los aliados. Véase la guerra en Irak, produciendo una profunda desunión entre Estados Unidos y sus socios europeos, pero no por ello las partes dejaron de contemplar a la Alianza como una pieza clave de la seguridad transatlántica.
Por el contrario, las discordancias reinantes no pasan de largo. Bajo la consigna de Trump, Estados Unidos ha asumido una posición cada vez más transaccional en relación con la OTAN, al igual que en su definición de política exterior sin antes deliberar con sus aliados. Muestra de ello es la guerra con Irán, un enfrentamiento con capacidad para redelinear el panorama de seguridad regional, causando importantes anomalías en la economía mundial con vastos alcances para los integrantes de la OTAN. No obstante, no parece que la Alianza haya ejecutado ninguna actuación en la toma de decisiones al respecto. Quizás, pueda verse empujada a un conflicto regional que no ha sido voluntad colectiva, ni posee el crédito político que haga perder la confianza mutua indispensable para la contribución en materia de seguridad.
Puesto que los momentos de dificultad por lo que marcha la OTAN es un asunto de identidad antes que de capacidad, elevar los presupuestos de defensa o consolidar el poder de disuasión no es suficiente para reactivarla. La OTAN precisa de una base normativa restaurada, fondeada en la validez democrática y representatividad y los derechos humanos, así como insistir en el compromiso con el derecho internacional y un enfoque económico idóneo para tiempos de cambios en la estabilización del poder mundial.
Estos visos no deben contemplarse como agendas independientes. Sin un temple estratégico acorde y medido en la legitimidad democrática, los derechos humanos y el Estado de derecho, la OTAN se expone a quedar comprimida a un elemento al servicio de intereses nacionales inestables. En último término, lo que ha de venir de la alianza no incumbe tanto de las vulnerabilidades exteriores cuanto su capacidad para rediseñar lo que caracteriza la comunidad transatlántica y lo que pretende defender.
Ahora bien, cuando se hace mención a la cuestión de la OTAN 3.0, no se trata de un documento oficial con ese sobrenombre, sino de la nueva etapa de formulación de la Alianza tras la invasión rusa de Ucrania y los acuerdos asumidos en las cumbres de Washington (2024) y La Haya (2025), respectivamente. La pieza fundamental es que la OTAN ya no evalúa únicamente el porcentaje del PIB gastado, sino las capacidades militares específicas que cada nación debe proporcionar.
Dicho esto, los denominados ‘NATO Capability Targets’ son en parte confidenciales, por lo que no consta un inventario público minucioso para ningún país. Pese a ello, se saben los sectores estratégicos que la Alianza ha fijado a los aliados del flanco sur y concretamente España. Sucintamente me refiero a los siguientes puntos:
Primero, incrementar el dígito y la disposición de fuerzas terrestres desplegables, fundamentalmente, Brigadas Mecanizadas aptas para la lucha. Segundo, refuerzo de la defensa antiaérea y antimisil, una de las mayores carencias europeas.
Tercero, más capacidades navales, esencialmente para el Atlántico y el Mediterráneo.
Cuarto, mayor capacidad logística y de transporte estratégico.
Quinto, capacidades de mando, control e inteligencia.
Sexto, defensa cibernética y guerra electrónica.
Séptimo, munición y reservas estratégicas con capacidad para nutrir operaciones extendidas en el tiempo.
Octavo, aportación a la defensa del flanco este de la OTAN y asistencia de despliegues persistentes.
Y noveno, reforzamiento de la industria de defensa nacional para mejorar la producción militar.
La OTAN 3.0, o lo que es lo mismo, el nuevo diseño de la Alianza para una OTAN más europeísta y con mayor apresto para el combate, demanda a España una actualización tecnológica y de fuerza táctica. El propósito convenido es la observancia de los ‘Objetivos de Capacidades para el período 2026-2029’. Mientras la Alianza prevé que España requeriría invertir un 3,5% de su PIB rigurosamente en lo militar para cubrirlos, el Gobierno respalda que sobrará con alcanzar el 2,1% del PIB mediante un plan de reestructuración productiva.
En la nueva ordenación de fuerzas del ‘Modelo de Fuerza’ de la Alianza, se apremia a España un aumento del 30% de su poder militar. Me refiero a una fuerza por encima de la disponibilidad actual del Ejército de Tierra.
Aunque los planes puntuales son coordinados, una División OTAN innovada suele aparejar entre los 15.000 y 20.000 integrantes, serían no menos de 35.000 hombres con una fuerza entre 300 y 400 Leopard 2E operativos, entre 800 y 1.000 Pizarro o proporcionados de nueva generación.
A ello hay que agregar entre los 180 y 200 obuses autopropulsados de 155 mm, decenas de lanzacohetes múltiples de largo alcance, varias decenas de baterías de corto, medio y largo alcance, una parcela donde España exhibe en este momento uno de sus mayores déficits y en último lugar, entre 80 y 100 helicópteros de ataque, reconocimiento y transporte.
Hoy por hoy, España no posee estas dos Divisiones en clave de la OTAN, de División pesada enteramente provista y nutrida en combate de alta intensidad. Si existen unos 70.000 militares en las Fuerzas Armadas, de los cuales el Ejército de Tierra dispone de aproximadamente 50.000 activos, pero en su amplia mayoría se encuentran repartidos en mando, apoyo, logística, Canarias, Ceuta, Melilla y otras estructuras afines.
Llegados a este punto, el principal inconveniente no reside únicamente en la cifra de soldados, sino de la disposición sincrónica de suficientes carros y vehículos innovadores, municiones para una guerra larga, defensa antiaérea, logística estratégica, reservas de personal y capacidad industrial para reemplazar las posibles pérdidas.
“El influjo de disuasión sigue siendo inexcusable, pero los entornos de la Guerra Fría ya no se adecuan a un planeta resuelto por la coerción económica, la inseguridad energética, la competencia tecnológica, ciberguerra y los flujos migratorios”
De este modo, cuando se hace mención a las nuevas pretensiones de la OTAN, la aplicación efectiva de dedicación para España no es movilizar unos miles más, sino rehacer una capacidad de guerra convencional de elevada intensidad que en Europa se ha aminorado durante décadas.
Aunque el Ministerio de Defensa reitera que España es un aliado escrupuloso y fiel que contribuye vivamente en misiones como Eslovaquia, Letonia o Rumanía, varias fuentes militares explican literalmente que “el principal problema no está en la voluntad política, sino en los retrasos de la industria nacional de defensa para entregar lo prometido”. Para ser más preciso en lo fundamentado, el sumario más incontestable incumbe al Blindado 8x8 Dragón, el vehículo destinado a ser la columna vertebral de las Brigadas del Ejército de Tierra que acapara años de demoras en los suministros, lo que claramente desacredita la capacidad de despliegue rápido requerida por la OTAN.
Igualmente cabría aludir la capacidad de autogestión logística, lo mismo que sucede con el resto del Viejo Continente, ya que si la Fuerza de Acción Rápida (FAR) hubiese de combatir por encima de algunas semanas, nuestras Fuerzas Armadas precisarían del paraguas logístico de los aliados para el abastecimiento pesado de munición y transporte estratégico de largo alcance.
En la misma línea, otros encargos irresueltos de consecución recae en ultimar los capacitadores del Ejército de Tierra, al quedar pendiente por rematar las compras e innovaciones de apoyo logístico, puentes tácticos y transporte pesado imprescindibles para impulsar la dos Divisiones propuestas. Mismamente, ocurre con el coste militar de cara al bloque de la Alianza. Políticamente, España prosigue a la cola en los informes financieros: aun habiendo conseguido acercarse al 2% del PIB, la Alianza Atlántica ya ha diseñado para 2035 un punto cardinal del 5% del PIB.
Aunque España convino una cláusula de adaptación para eximir ese 5%, la OTAN le recuerda que su previsión del 2,1% no abarca lo estipulado para cristalizar las fragatas, aviones y misiles implicados. Es más, con unas cuantías vigentes y siguiendo la política de apostar por I+D propia, los entendidos de Defensa y de la Base Industrial deducen ser bastante complejo la consumación de estos compromisos con menos del 2,8-3,1% del PIB. Y para subsanar los atrasos industriales e inducir a los aliados con anterioridad a la verificación oficial de 2029, el Ministerio de Defensa ha informado de la tramitación de 15 Programas Especiales de Modernización (PEM), dedicados indispensablemente a anticipar la adquisición en curso de estos misiles y sistemas antiaéreos.
Finalmente, según referencias de la OTAN y de la Base Industrial de Defensa, España arrastra déficits significativos en cuatro campos fundamentales. Primero, defensa aérea y antimisil. De suponer, la mayor laguna en cuanto a su carencia: escasean los sistemas de defensa antiaérea de medio y largo alcance. La OTAN demanda una ampliación de estas capacidades al conjunto de los aliados europeos.
Segundo, potencial y capacidad terrestre. España apareja fuerzas modernas, pero exiguas en cuantía para los planes regionales de defensa. La OTAN al igual que reclama más unidades completamente surtidas y aprovechables, pretende mayores reservas de personal y material.
Tercero, munición y capacidad industrial. La guerra de Ucrania iniciada el 24/II/2022 y el mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha confirmado que este continente está falto de la capacidad adecuada para fabricar proyectiles de artillería, misiles, repuestos y sistemas antiaéreos. Luego, España debe agrandar ampliamente tanto su producción como almacenamiento.
Y cuarto, volumen global de inversión que es la principal confrontación dialéctica política. El Gobierno de España sustenta que puede llevar a término sus objetivos de capacidades, con un coste próximo al 2,1% del PIB. En tanto, que la OTAN ha determinado como indicativo común la meta del 3,5% del PIB en pago militar directo, más otro, del 1,5% en seguridad e infraestructuras.
En consecuencia, el Reino de España no es objetado tanto por falta de determinación política dentro de la Alianza Atlántica, sino porque contempla que aún dispone de menos masa militar, defensa antiaérea y capacidad industrial de las que reclama el nuevo panorama geopolítico europeo.
