Tribunales y justicia

La custodia compartida: el fin del matrimonio, pero no de la familia

La vicepresidenta del Constitucional y experta en Derecho de Familia apela a la concienciación de los padres

En los dos últimos años la opción de la custodia compartida en la disolución de los matrimonios ha pasado del 21% al 24,7%, según los datos del INE a los que ayer hizo referencia la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y experta en Derecho de Familia, Encarnación Roca. Ella fue la encargada de dar la ponencia inaugural de las VIII Jornadas Jurídicas de Ceuta en el salón de actos del Ayuntamiento sobre las nuevas tendencias de la custodia compartida.
Dado que es una opción que va creciendo en los últimos años, Roca advirtió a los abogados en el auditorio de que deben colaborar y concienciar a los progenitores que el divorcio supone el fin del matrimonio, pero no de la familia. La adjudicación de la custodia compartida o no, no es un premio o un castigo, es más, una sentencia no zanja los conflictos del matrimonio que incluso alcanzan más allá hasta abordar las sucesiones. ¿Tiene garantías de éxito?
Además, quiso aclarar algunos conceptos sobre la custodia compartida que si bien tiene una mayor garantía si la solicitan los dos progenitores, se valora hoy día más la capacidad de diálogo y el respeto mutuo que tengan ambos. Porque hay casos en los que, a pesar de una custodia compartida, las decisiones de andar por casa también deben ser adoptadas por un juez, lo que pone en evidencia que no siempre esta opción es garantía por sí sola y, de hecho, estaría abogada, dijo, al “fracaso total”.
Siempre primará el interés superior del menor, remarcó Roca, pero el juez no decidirá en base a “quién es el mejor sino quién es más capaz de hacerse cargo del niño y aquí radica la carga de la prueba”.
Además, en este tipo de decisiones se requiere también de un seguimiento que en países como Australia resolvieron encargar a Servicios Sociales.
Sin embargo, en opinión de Roca, no será posible por el momento en España en tanto requiere de un esfuerzo económico en el área de Servicios Sociales que deberían especializarse en la materia. Pero claro, “es más barato ir al juez” para resolver si un hijo debe o no hacer la Primera Comunión.

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