La ‘cultura del fuego’

Hace un par de años, cuando la quema de coches empezaba a convertirse en un problema de seguridad en Ceuta y el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, ya ni comparecía ante los medios de comunicación, hubo un mando de la Guardia Civil que advirtió, en reunión oficial, que lo peor que podía suceder es que en la ciudad se implantara “la cultura del fuego”. Su temor ha pasado a una triste realidad. Lo grave no es ya que roben, sino que los autores terminen sus fechorías echando mano del fuego para eliminar todo tipo de pruebas. A la quema de vehículos, ya convertida en una temible realidad contra la que no se ha podido fructificar una lucha policial, se suma la de inmuebles por la que antes han pasado los ladrones. De confirmarse que el fuego del ‘Ortega’ fue provocado -como apuntan las primeras hipótesis-, estaríamos hablando no ya solo de garajes comunitarios sino, también ahora, hasta de colegios. Quienes actúan de esta manera buscan, con incendios premeditados, borrar las huellas. Es una forma de actuar puramente delincuencial con la que antes estaban hartos de ‘lidiar’ los agentes de la Guardia Civil en el muelle enfrentándose a robos y quemas de los coches decomisados en prácticas delictivas, pero que ahora ha dado un paso más, afectando a instalaciones comunes.
Todo apunta a que el colegio ‘Ortega y Gasset’ inaugure tristemente este tipo de sucesos en el ámbito educativo. Después de meses conociéndose robos a mansalva de ordenadores (han sido saqueados más de 200 en colegios e institutos), de descubrirse incursiones delictivas en aulas por puro vandalismo, en la madrugada del miércoles al jueves tendría lugar ya no sólo el intento de robo en el centro sino también la posterior quema.
Las fuerzas de seguridad siempre han mantenido que detrás de los robos de material informático había un mismo grupo, dedicado a utilizar a menores para hacerse con unos objetos de fácil venta en el mercado negro de la ciudad y en Marruecos. Hasta la fecha no se ha conseguido ir más allá, procediéndose tan solo al arresto de una persona que quedó al poco en libertad por una jueza que incluso negó a la Policía la entrada y registro domiciliaria que pretendía al considerar que no había suficiente fundamento en dicha detención como para avalar esa orden.
La cultura del fuego se entremezcla con un tipo de acción delictiva -la del robo- provocando una mayor reacción social e incrementando la inseguridad ciudadana por cuanto el volumen de afectados es mucho mayor. Ya no hablamos solo de los desalojos de comunidades residenciales, sino de víctimas de sucesos como los que se incluirían en el ‘Ortega y Gasset’: toda la comunidad educativa que ve cómo un colegio puntero, por ejemplo, en instalaciones deportivas se queda sin ellas de la noche a la mañana, después de haber sufrido, en otras ocasiones, más robos.
¿Hasta qué punto puede recaer la culpabilidad de esta acción delictiva en la falta de seguridad de los centros? El ‘Ortega’ dispone de cámaras de seguridad cuyas cintas obran ya en poder de la Policía, tiene su propio control, y aún y todo se pudo practicar este tipo de acción delictiva en una noche de Semana Santa en la que la vigilancia policial se focalizaba en las procesiones mientras las calles quedaban desiertas de patrullas. Una imagen igual a la registrada el pasado lunes, cuando, en torno a las nueve de la noche, tres encapuchados atracaban a punta de pistola el ‘Salón Nevada’ de Hadú, sin encontrar obstáculo alguno ni en la entrada ni en la huida. Está claro que el fallo no puede posarse sobre las espaldas de quienes están siendo víctimas de las actuaciones de unos delincuentes tildados mediáticamente de “tontos” por el propio delegado del Gobierno.
Las dos administraciones, Delegación del Gobierno y Ciudad, se unieron hace unos meses en el compromiso público de frenar la disparatada delincuencia, ofreciendo, como una de las salidas, la colocación de cámaras de seguridad en las calles. En eso se está trabajando, buscándose el dinero para su ubicación y mantenimiento, sopesando que las mismas puedan servir para ayudar a las fuerzas de seguridad a hacer su trabajo.
Mientras las asociaciones de vecinos, aglutinadas en torno a la FPAV, los empresarios, agrupados en torno a la CECE y la Asociación Centro Comercial Abierto, se unen en la conclusión de que hacen falta medidas para frenar una situación que se ha extendido por todas las barriadas y que está dejando en evidencia los planes de seguridad dispuestos para, precisamente, frenar lo que es ya una oleada de delitos.