Los presidentes ya plantearon a las autoridades el sistema con el que sufragarían la seguridad privada.
Mohamed Ahmed, presidente del polígono de La Chimenea, salió ayer al paso de las declaraciones de Francisco Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de los Polígonos del Tarajal, publicadas ayer en este periódico sobre la contratación de la seguridad privada.
Este portavoz de la Comunidad de Propietarios sostuvo que los cuatro presidentes son los “máximos representantes” de este recinto, además de haber sido “elegidos legítimamente”, de modo que “hacemos y deshacemos siempre preservando los intereses de comerciantes y dueños”. Ahmed negó cualquier dilación en formalizar el contrato con una empresa de seguridad privada y señaló que este martes se reunieron con miembros de la Delegación del Gobierno y Policía Nacional para presentar las propuestas de las mercantiles. Un encuentro del que fue testigo Susana Román, consejera de Fomento, por unas vallas metálicas para las filas, aseguró el presidente de La Chimenea, las cuales se van a instalar dentro de los polígonos.
Esos contactos concluyeron con el emplazamiento a una nueva cita la próxima semana en la que comunicarán cuál será la empresa que se haga cargo del servicio y la fecha en la que iniciará su actividad en las naves. Asimismo, la seleccionada se responsabilizará de los controles que la Comunidad de Propietarios quiere instalar en los accesos al recinto.
El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes “habla más de la cuenta”, lamentó el portavoz de la Comunidad de Propietarios, “porque los peajes son para las autopistas”. La intención del colectivo pasa por el cobro de un canon –la cuantía está sin fijar aunque podría oscilar entre los 0,50 y 1,5 euros por unidad– a aquellos fardos de fuera de los negocios asentados en las naves que pretendan introducirse en Marruecos a través del puente del Biutz.
¿Por qué adoptar esta medida? “El 90 por ciento de los productos que atraviesan el Biutz son ajenos a los polígonos así que vamos a colocar este sistema de pago”, explicó Ahmed, quien informó de que se trataría de la forma de financiación de la seguridad privada. La propia empresa será la que traslade la recaudación al banco, es decir, “los presidente no tocaremos ese dinero”, puntualizó. El encaje legal de esta medida fue planteada en la última reunión con las administraciones y la Comunidad está ahora a la espera del dictamen de las autoridades competentes, aunque defendió que su titularidad sobre el recinto le ampara en este proyecto.
En cuanto a la intención de los propietarios de asumir la gestión del cartón, apuntada por Sánchez, Ahmed desmintió tal extremo pero advirtió de que pagan los impuestos correspondientes por la limpieza y los residuos que generan son de su propiedad por lo cual, si decidieran vender el cartón a una planta en la península o a una empresa privada, “estaríamos en nuestro derecho”.
La Comunidad de Propietarios no reconoce a la Asociación de Comerciantes ya que fue constituida “por Sánchez y dos o tres más, que se han proclamado presidente, vicepresidente y secretario sin informar a los presidentes de los polígonos ni convocar a los comerciantes a una asamblea general donde elegir a las personas adecuadas”, en definitiva, “se hizo a espaldas de los empresarios”. Para la Comunidad, esta entidad “no es legal” y está “manipulada por otra persona que se ha metido en un callejón sin salida” y “solo defienden sus intereses personales”.
Ahmed definió al vicepresidente de la Asociación de Comerciantes “como ese barco que quedó a la deriva un año en aguas de Australia después del tsunami de Japón”. Asimismo, el presidente de La Chimenea precisó que él ostenta su puesto “al que accedió por mayoría absoluta y de forma legítima, con mucho orgullo”.
