Por lo visto, para la semana que viene está previsto que la misma Adela Nieto vuelva a reunir a los integrantes para darles ya algunas fechas en la que asistentes hayan establecido su posibilidad de acudir, ya que debe quedar claro que no existe obligación. Nada más que se produjo una pequeña controversia, porque en el documento del PSOE se pedía la comparecencia de todos los cargos del Gobierno que hubieran tenido que ver con el contrato de una manera o de otra. Pues bien, a los socialistas se les ha solicitado que pongan nombre y apellidos.
Consejeros
Por supuesto, están hablando de todos los consejeros de Hacienda y Medio Ambiente de estos últimos diez años. Alfonso Conejo, Emilio Carreira, Francisco Márquez y Guillermo Martínez en cuanto a las responsabilidades hacendísticas y José Antonio Rodríguez Ferrón, Carolina Pérez, Yolanda Bel y Gregorio García Castañeda como consejeros de Medio Ambiente a lo largo de las últimas cuatro legislaturas.
Lo que ha quedado claro es que por parte del Partido Popular no solamente no se puso ninguna cortapisa a la creación de la comisión, sino que además tampoco han utilizado su mayoría para vetar alguna comparecencia. Igualmente, se ha acordado que con setenta y dos horas de antelación, los comparecientes tendrán en su poder las distintas preguntas que les deseen formular cada uno de los partidos, de manera independiente que a lo largo de la conversación pudieran producirse algunas nuevas.
De todas maneras, todos los portavoces están de acuerdo en que intentarán por todos los medios que para finales de septiembre estén ya ultimadas las conclusiones de la citada comisión de investigación, pero de todas maneras, siempre con flexibilidad, dado que si hace falta parte de octubre para poner punto y final tampoco habrá ningún problema por parte de ninguno de los dos partidos.
Protestas por parte de los socialistas
El responsable de los socialistas señaló ayer que la reunión había transcurrido dentro de los cánones de la cortesía parlamentaria, pero que no entendía cómo todavía el Gobierno de la Ciudad Autónoma no había sido capaz de aunar en un solo expediente toda la documentación que existe sobre el caso, haciendo incluso una reflexión en el sentido de que no aparece por ningún lado el contrato original que se firmó con la empresa Urbaser.
