El Gobierno autonómico iniciará ahora un expediente contradictorio para que permanezcan en las arcas autonómicas los setecientos cincuenta mil euros que en cuestión de aval puso en su día la empresa Edificio Clásicos, perteneciente a Karim Bulaix, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, al no realizar la compra a la que estaba obligada de la parcela de Huerta Molina que costaba tres millones de euros y que le fue adjudicada en su momento.
Tal y como informó este medio de comunicación, el Consejo de Estado ha dictaminado que en esta polémica que está abierta entre la Ciudad Autónoma y la empresa Edificios Clásicos la razón está de parte del Gobierno del presidente Vivas y que la culpabilidad se centra en que los adjudicatarios de esta compra no habían resuelto el pago de la misma.
El informe del Consejo de Estado es una consecuencia, por supuesto, del expediente administrativo que en su momento se abrió por parte de los técnicos de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. Ahora, una vez que se ha recibido el informe del Consejo de Estado se le dará participación como es lógico a la empresa para que especifique cuáles son sus puntos de vista y luego, con posterioridad, se tomará la decisión definitiva que, por supuesto, como mínimo será la puesta a disposición de las arcas municipales de esos setecientos cincuenta mil euros.
El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Emilio Carreira, informó ayer a sus compañeros del Consejo de Gobierno de esta resolución del Consejo de Estado en favor de la Ciudad Autónoma.
A lo largo de esta polémica que está abierta entre la Ciudad Autónoma y la empresa Edificios Clásicos, por parte de la misma se ha solicitado al Gobierno la devolución de este aval que depositaron en su día por valor de setecientos cincuenta mil euros, alegando que no se había cumplido con determinados aspectos de la adjudicación que le realizaron en el año 2010. Un extremo que, como confirmó ayer el propio consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira, siempre se ha negado por parte del Ejecutivo autonómico en varias ocasiones.
