El portavoz del Gobierno sugiere una revisión de la normativa para que las prácticas del Ejército con munición real se realizan “solo cuando se constaten determinadas condiciones meteorológicas”.
El Gobierno local se está planteando una revisión de las ordenanzas municipales tras el grave incendio forestal declarado esta semana en el Monte de la Tortuga, donde han ardido en torno a las 35 hectáreas. Así lo ha reconocido su portavoz, Jacob Hachuel, después de la última reunión entre presidente y consejeros, tras la que también anunció que la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad ha decidido abrir un expediente informativo por lo ocurrido “como es su obligación cuando se produce un hecho de estas características”.
El hecho de que los veranos sean cada vez más secos “por el cambio climático” propiciará que haya que replantearse determinadas ordenanzas municipales, dijo Hachuel. “Los ejercicios de tiro se practican durante todo el año, probablemente haya que constatar unas condiciones meteorológicas y del entorno para dar permiso al Ejército para que realizar este tipo de prácticas”, apuntó. “Eso sí, siempre en conversaciones con el Ejército, porque tiene que hacer prácticas con armas de fuego porque sino no tiene mucho sentido. Lo que hay que intentar es hacer una normativa para que esas prácticas no provoquen incendios y accidentes como el que ha ocurrido”.
El también consejero de Presidencia y Gobernación, que ha calificado el incendio como un “accidente que se podía haber evitado”, ha reiterado que el Ejército sí disponía de todos los permisos para hacer maniobras, “aunque los ciudadanos no tengan permiso para hacer barbacoas” en el campo.
Por otra parte, también ha recordado que, al igual que ocurrió con el vertido de Cepsa, el expediente abierto en la Consejería de Medio Ambiente “no es compatible” con el procedimiento judicial, “por lo que se tramitará por un lado la vía administrativa, es decir, las causas y cómo reponer lo destruido, y hubiera cualquier tipo de negligencia lo decidirá la autoridad judicial”. En cualquier caso, al estar el asunto ya judicializado, el portavoz señaló que no se hará pública “ninguna conclusión” del expediente informativo.
Por lo demás, el portavoz del Ejecutivo ha reiterado, tal y como ayer avanzó El Faro , que el Seprona ha remitido las conclusiones de su investigación al Juzgado y Fiscalía, aunque también ha enviado una copia al área de Medio Ambiente de la Ciudad. “Lo que pasó lo sabe el Seprona y ha evacuado su informe a Fiscalía y a partir de ese momento nosotros ya no tenemos nada más que decir”.
El Gobierno local entiende que, aunque el origen del fuego no arroja dudas “porque el Ejército reconoce que ha habido un hecho que no debía haberse producido y que puede deberse a que hay algo que no ha hecho bien” debe ser el el Juzgado el que se pronuncie si hay algún tipo de ilícito “en cuanto a posible temeridad o que no se hayan tomado las precauciones debidas será el que actúe. Lo que sí quiero dejar muy claro es que al Ejército no se le va a juzgar con menos dureza que a cualquiera pero tampoco con más”.
No debe “pedir perdón”
Tampoco el consejero cree que la Comandancia General tenga que “pedir perdón” por lo ocurrido “porque si desde el primer momento reconoce haber podido tener culpa de lo ocurrido pone todos los medios a su alcance para extinguir el fuego, porque los puso, y además desde el primer momento toma la decisión de repoblar y restaurar lo quemado, creo y entiendo que con eso es suficiente como para no tener que pedir perdón”.
Tal y como dijo el día del incendio, el Ejército “siempre comunica” a la Ciudad la realización de maniobras “y pone los medios que por protocolo tiene que poner”, entre ellos, una cuba de agua, “e independientemente de eso cuando es una zona en la que la Policía Local pueda estar presente también lo comunica. El Ejército siempre comunica y solicita lo que necesita y la Ciudad siempre se lo facilita”. En este caso no obstante no pidió la cuba de agua “porque tenían la suya y entendieron que era suficiente para poder atajar cualquier incidente”.
Eso sí, también ha querido salir al paso de las críticas que han surgido en torno al estamento militar a raíz del fuego. “Ya hay voces por ahí diciendo que el Ejército sobra de Ceuta, aprovechando que las parcelas que son militares deberían volver a la Ciudad. Pongamos las cosas en su sitio y no saquemos las cosas de contexto ni de madre porque no es bueno para nadie, salvo para quienes tengan intereses perversos, que de todo hay”.
Hasta la zona siguen subiendo continuamente los Bomberos, porque aunque el incendio esté oficialmente extinguido, “sigue habiendo algunas fumarolas de algunos troncos que aún estaban calientes y por eso se queda precisamente un retén allí”. Considera además que el trabajo forestal que se ha realizado ha sido el mismo que en años anteriores. “La limpieza y el desbroce de los montes se ha llevado a cabo este año igual que el pasado de manera absolutamente eficaz. La brigada que se encarga de este cometido trabaja todo el año porque los incendios se ‘apagan’ y se evitan en invierno. Había hecho su trabajo y lo había hecho además muy bien”, apuntó para destacar de nuevo que las condiciones meteorológicas no han ayudado “y han sido especialmente duras”, lo que ha contribuyó a la rápida propagación de las llamas. “Ha sido un verano muy seco, con mucha falta de lluvia, ha hecho que cualquier pequeño incidente se convierta en una catástrofe”.
“El paro sigue siendo nuestro principal problema”
El desempleo, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) coloca como la primera preocupación de los ceutíes, fue también objeto de valoración ayer por el portavoz del Ejecutivo. Para Jacob Hachuel, la reflexión más importante es la falta de cualificación profesional y formación que tiene cerca del 50% de los desempleados registrados en las oficinas del SEPE. Reiteró que es también la principal preocupación del Gobierno local pero que la escasa cualificación de los parados es un obstáculo que parece insalvable, “y es muy difícil en un paí como el nuestro tener cifras así y por lo tanto que haya tantos desempleados en esta situación en Ceuta lo complica todo mucho”, añadi para recordar que, en cualquier caso, el Gobierno de la Ciudad hace “grandes esfuerzos” en materia de políticas activas de empleo para mejorar la cualificación de los desempleados “y que sea la suficiente como para poder insertarse con garantías en el mercado laboral”.
“Nosotros no vamos a relajar nuestra línea de actuación y seguiremos insistiendo para poder crear empleo y favorecerlo en la medida de nuestras posibilidades”, añadió el consejero, también con competencias en la materia.
Trabajando en el horizonte inversor
El portavoz del Gobierno también avanzó que el Ejecutivo está “volcado” en la concreción de las inversiones previstas hasta el año 2019, unas inversiones que se centrarán “en la mejora del dominio público”, explicó Jacob Hachuel, actuaciones que alcanzarán playas , vías, redes de saneamiento o alumbrado, entre otras, y que se ejecutarán de manera preferente en las barriadas periféricas, “donde ya se han llevado a cabo un centenar de actuaciones”. Los mercados, el desarrollo urbano y la rehabilitación del patrimonio también conformarán otros ejes. se espera igualmente las “importantes partidas” procedentes del FEDER para las zonas degradadas.
En el Consejo de Gobierno también se ha dado cuenta de la polémica en torno a la protesta de determinadas autoescuelas y que a punto estuvo de desembocar esta semana en una huelga parcial del sector, que se queja de falta de instalaciones para la realización de los exámenes. En este sentido Hachuel confirmó que el Gobierno está “trabajando” para ofrecer “una o varias” alternativas para que estas empresas puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones.
Y en cuanto a la ausencia de las consejeras Rabea Mohamed y Susana Román en la comisión de investigación del caso Loma Colmenar, el portavoz del Ejecutivo defendió que sus compañeras deban primero prestar declaración en la sede judicial por una cuestión de respeto a la investigación emprendida por la jueza Raquel Lucini. “Consideramos que es una interferencia a la investigación judicial y que es previsible que la jueza quisiera plantear primero las preguntar que posiblemente salieran a relucir en la comisión y no nos parecía lo oportuno”.
