Las responsables se citan en la FPAV con los presidentes de las barriadas afectadas que insisten en que no lo permitirán
Los presidentes de las asociaciones vecinales de Vicedo Martínez, Poblado de Regulares, Bermudo Soriano, Sidi Embarek y San José, se reunieron ayer en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos junto al presidente de la entidad, José Ramos y el vocal de seguridad, Juan Moreno, con las responsables de Menores y Asuntos Sociales de la Ciudad, Susana Román y Rabea Mohamed, para poner sobre la mesa las conclusiones derivadas de la reunión que se desarrolló el pasado viernes con decenas de vecinos para trasladarles la problemática a la que se enfrentaban y las opciones que existían al respecto sobre si aceptar o no el traslado de los menores al nuevo edificio ubicado en la zona de San José.
En eso se había quedado en la anterior reunión con la administración tal y como explicaron durante la cita del viernes con el resto del vecindario: en informar a los vecinos y posteriormente informar a la Ciudad sobre la opinión de los mismos. Por unanimidad de los presentes, se decidió no permitir el traslado, algo que explicaron punto por punto ayer a Susana Román y Rabea Mohamed para evitar malos entendidos.
Un problema complejo
Los vecinos les aseguraron que el problema iba más allá de la inseguridad que podría suponer para las zonas ya que se trataba de una cuestión más complicada relacionada con el tráfico de drogas en esas zonas y las continuas denuncias vecinales por los robos, la delincuencia y el vandalismo, algo que creen es mal ejemplo para los menores que viven en la zona, para los que pudieran alojarse en el centro y para toda la vecindad en su conjunto.
Además los vecinos explicaron que si las autoridades no eran capaces de resolver la problemática actual, por mucha seguridad que prometieran, sería más complicado solventarla si los menores se trasladaran a una zona del extrarradio de la ciudad, complicada de por sí.
Las consejeras explicaron que se trataba de una opción ya que consideraban que el centro, que en un principio iba a ser un albergue de indigentes, podría cumplir con los requisitos exigidos por el Defensor del Pueblo pero que se trataba de una posibilidad y que no era la resolución definitiva.
Tanto Rabea Mohamed como Susana Román prometieron trasladar al presidente de la Ciudad las inquietudes vecinales y continuar estudiando el asunto para barajar todas las soluciones posibles y que supongan una menor problemática social. Los vecinos recordaron que no van a consentir la ubicación de los Menores No Acompañados en la zona y explicaron a las responsables del Ejecutivo Local que les citaron, que no habían recibido ayuda en todo este tiempo para atender a los menores de la barriada y nadie les garantizaba que ahora la fueran a recibir.
