Competente
Ello ha hecho que la vicepresidenta primera de la Asamblea, Adela Nieto, que es la competente en materia de transporte marítimo haya ordenado a los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma la apertura de un expediente que permita investigar si resulta cierto que entre las distintas navieras pudiera haberse producido nuevamente unas prácticas concertadas. Si de los resultados de este expediente se concluyera que resultan afirmativas las sospechas que ahora mismo se tienen en la Ciudad Autónoma se presentaría nuevamente una denuncia ante el Tribunal de la Competencia, como ya se ha realizado en otras ocasiones.
La propia Adela Nieto ha declarado a esta redacción que “siempre nos encontramos con los mismos problemas, cuando resulta que son los ceutíes quienes deben mantener las travesías en invierno y en épocas de temporada baja nos ponen las navieras todas las facilidades, pero en cuanto llega la Operación Paso del Estrecho y por tanto saben que les van a llegar miles y miles de residentes en Europa suben de manera desmedida y al final los perjudicados son los ceutíes que tienen que abonar más dinero”.
Los precios que existen en la actualidad
Los precios de un billete de ida y vuelta entre ambos lados del Estrecho oscilan entre 64 euros, la más barata, y 69,50, la más alta. Otra naviera factura el mismo servicio, siempre sin incluir la bonificación del 50 por ciento para residentes en la ciudad autónoma, a 68 euros. La queja proviene porque los residentes en varias de estas compañías han estado viajando los últimos meses por precios donde ida y vuelta no llegada ni a los diez euros.
Las primeras denuncias provocaron un papel más activo de la Ciudad
El Ejecutivo local ya utilizó este recurso hace cinco años, en 2008, cuando coincidiendo con la celebración de la Semana Santa las cuatro compañías que entonces operaban en la línea con Algeciras también subieron sus precios simultáneamente. En 2011 tramitó otra denuncia por la misma razón.
La primera denuncia fue estimada por la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia, que concluyó que las empresas se habían “extralimitado” en sus comunicaciones hasta “acordar tarifas de intercambio idénticas en numerosas ocasiones”.
Estas primeras denuncias fueron las que provocaron que por parte de la Ciudad Autónoma se solicitara a la Administración General del Estado la participación en la redacción del pliego de condiciones que debe regir en la adjudicación de la línea de interés público entre Ceuta y Algeciras. Así se hizo por parte de la anterior Administración y como resultado fue un pliego mucho mejor en la concesión que se realizó en septiembre de 2011 y ahora se ha vuelto a repetir la misma operación, incluso con una entrevista entre las dos administraciones en la sede de la Secretaría de Estado de Transportes y donde aún se está pendiente de conocer si se aceptaran todas las peticiones formuladas desde la Mesa por la Economía de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
