La treta consiste en declarar mercancía, que sale a Marruecos por el Biutz, por un valor inferior al real.
El bulto esconde la clave de parte de los problemas que convierten a los polígonos del Tarajal en una zona caliente del perímetro fronterizo. Arturo Santorum, coordinador de servicios de los polígonos del Tarajal, mantuvo ayer una reunión con los presidentes de los polígonos del Tarajal –a excepción del representante de la Fase II, quien se excusó– en la que expusieron a este interlocutor de la Ciudad Autónoma aquellos problemas que oprimen a sus negocios.
La principal conclusión de este encuentro, de la que tuvo constancia este periódico, fue que la administración autonómica, dentro de sus competencias, adoptará medidas encaminadas a investigar el bulto, esos paquetes que marroquíes y ahora también nacionales cruzan a cuestas por el puente del Biutz ya que arrojan suculentos beneficios para los porteadores.
La Ciudad Autónoma considera que, circunscrita a sus competencias, la única forma que existe de atacar a esta mercancía ajena a los establecimientos legalmente afincados en el Tarajal es fiscalmente. El contenedor se despachará de forma regular aunque con las inspecciones que sean necesarias. En concreto, las autoridades tendrán que verificar si el contenido corresponde a la mercancía declarada. Serán los Servicios Tributarios de la Ciudad Autónoma los que se encarguen de esta labor a través del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
Este fraude en los bultos consiste, como ya denunciaron con anterioridad distintos comerciantes, en declarar la mercancía por debajo de su valor real, es decir, transportar hasta la ciudad autónoma vaqueros a 0,50 céntimos la unidad o camisas a 0,80, aunque en realidad su precio es superior. Las facturas entregadas siempre quedarían por debajo de los 2.500 euros, de modo que los pagos se pueden efectuar en metálico sin dejar rastro. Ni pagan los impuestos que le corresponden, ni necesitan alquilar una nave porque los guardan en garajes ubicados en otros puntos de la ciudad y tampoco tienen personal contratado.
Según las sospechas de los empresarios de los polígonos, los contenedores repletos de estos productos son importados por testaferros en la ciudad autónoma aunque, en realidad, son propiedad de empresarios marroquíes, quienes se sirven de los porteadores para que lleguen hasta el mercado vecino. De acuerdo con los argumentos que sostienen quienes se declaran perjudicados por este fenómeno, los elevados aranceles que tendrían que sufragar al entrar por los puertos marroquíes hacen menos rentable su negocio y, por este motivo, se decantan por la ciudad autónoma.
Por otra parte, los presidentes de las naves propusieron al coordinador la apertura de pasos alternativos al Biutz con objeto de aliviar la presión que provoca avalanchas y retenciones en la carretera nacional. Aunque está fuera de las competencias de la Ciudad Autónoma, sí puede solicitarlo a la Administración General del Estado. Sin contar el Tarajal II, obra finalizada pero sin fecha de apertura, los comerciantes hablaron de Benzú u otro paso nuevo que podría construirse en otro punto del perímetro fronterizo.
