La Administración local ha abonado un total de 350.000 euros por la energía eléctrica que consume la planta de transferencia de residuos de Santa Catalina desde que Urbaser se hizo cargo de su gestión, a mediados de 2010, a pesar de que el Pliego de Condiciones de este servicio establecía que sería la adjudicataria la que se haría cargo de esos gastos, un “error detectado de oficio” que ya ha reconocido el Gobierno que preside Juan Vivas.
El montante total del fallo fue cuantificado ayer en declaraciones a este periódico, a la luz de los trabajos efectuados por los técnicos municipales, por el diputado autonómico Juan Luis Aróstegui, que instó al Ejecutivo local a ajustar cuentas “ya” con la empresa ante lo que considera “un episodio evidente, uno más de déficit en el control por parte de la Administración de los contratos que externaliza, con el consiguiente enriquecimiento injusto para la otra parte”.
Desde el punto de vista del político localista la Administración local no está solamente obligada a “requerir el reintegro inmediato de esas cantidades” sino también a “depurar responsabilidades”. “Es inaceptable”, remachó, “que la Ciudad Autónoma esté regalando día sí y día también dinero sin que nadie responda por ello”, refirió el dirigente de Caballas, que considera que en este caso el problema viene derivado de la gestión “del Negociado de Industria”.
Para terminar, Aróstegui también reclamó un informe que determine si con la anterior adjudicataria de la planta, FCC, se cometió el mismo error “y si es posible reclamar también las cantidades indebidamente abonadas que corresponda”.
El portavoz del Ejecutivo local, Emilio Carreira, se comprometió la semana pasada a detraer de las próximas certificaciones de la concesionaria el montante de las facturas de luz abonadas con dinero público.
El contrato de la planta de transferencia obliga a su adjudicataria a hacer “todas las operaciones a realizar desde la recepción y acondicionamiento de los residuos sólidos urbanos y el transporte marítimo-terrestre de estos a la Península para su posterior tratamiento en instalaciones debidamente autorizadas.
“El concesionario”, establece literalmente, “asumirá todos y cada uno de los gastos que se deriven de la explotación, así como los del mantenimiento del material e instalaciones, de modo que deberán ser tomados en cuenta para valorar y justificar su oferta económica”.
