La respuesta oficial a la denuncia que Javier Pérez ha presentado en la Fiscalía no ha tardado en llegar. Los consejeros Fernando Ramos y Susana Román, responsables de Deportes y Hacienda, se encargaron de darla sustentándola en varias claves.
La primera, se tiene que buscar una solución antes del 1 de julio, fecha en la que expira el contrato con Pérez, y ésa se pretende que "sea pacífica". La segunda, en el escenario de posibilidades sobre las que está trabajando la Ciudad Autónoma no entra ni la compra de los equinos ni tampoco dejarlos sin alimento si su dueño no los sacara de las cuadras antes de que finaliza el contrato como le urge a hacer el Interventor, según el informe que fue adelantado esta misma semana por El Faro. La tercera, se tendrá que redimensionar la Hípica porque según los datos que maneja el ICD las cuentas ya no les salen ya que cada vez hay menos alumnos (en dos años se ha pasado de 276 a 130). Y la última, se atenderá a criterios legales y de rentabilidad económica adecuando la Hípica al dinero que puede gastarse la Ciudad Autónoma en su funcionamiento.
Así las cosas, sobre estos pilares se irán moviendo las próximas reuniones que espera mantener el propio Gobierno con el director técnico de la escuela. Reuniones que serán dirigidas por el consejero Fernando Ramos al que Pérez le ha denunciado por presunta prevaricación y malversación de fondos además de, decir de él, que le persigue. En esas reuniones se espera llegar al "final feliz" aunque la Ciudad sabe que, de alcanzarse, no será de forma rápida.
La situación actual, al margen de la judicialización del caso y la polvareda mediática que no ha hecho más que levantarse, pasa por licitar la contratación de los servicios de la Hípica, algo que durante todo este año ha sido inviable hacerlo porque el pliego contemplaba un gasto de 600.000 euros, superior en 200.000 al que había presupuestado la Ciudad gastarse. Un desfase del que tuvo conocimiento la propia institución municipal a finales de mayo y que, en parte, viene motivado por la existencia de más caballos de los que debe haber en la escuela (hay 119 pero 'JP' estaba obligado a que solo hubiera 70, habiéndose producido incluso nacimientos de potros en este año, valoraron los dos consejeros).
Román habló claro. Las posibilidades son varias porque dependen de la postura con la que Pérez se presente a las próximas reuniones, posturas que pueden pasar porque el director técnico de la escuela saque los caballos del lugar o que se niegue, por lo que la Ciudad se vería obligada a seguir pagando su manutención, facturas que luego se le pasarían a Pérez hasta llegar al punto de que los equinos podrían terminar siendo embargados ante el impago. "Comprarlos no, no vamos a comprar ni un lagarto", recalcó Román a los periodistas. Todas las decisiones se sostendrán sobre el respto a la "ley, el interés general y la viabilidad económica de la Hípica".
En su comparecencia, se reconoció la existencia de una "deficiencia de gestión del ICD" ya que en las cuadras hay 19 caballos de otros dueños que no están pagando y a los que la Ciudad busca ahora la forma de que estos abonos se lleven a cabo de manera fraccionada. Hay incluso dueños que no han firmado aún su contrato, algo que ahora, reconoce la Ciudad, debe regular para poner orden en lo que no funcionaba.
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