La patronal muestra predisposición a colaborar en las actuaciones de seguimiento.
Rafael Montero Ávalos, presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) calificó de “perfecto” el acuerdo “histórico” alcanzado entre la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno para luchar contra el fraude a todos los niveles. El máximo representante de la patronal elogió que “por fin” las administraciones hayan decidido reforzar las “acciones conjuntas” porque, recordó, “es algo que siempre hemos reclamado”.
Este portavoz del colectivo manifestó su predisposición a que ambas administraciones “cuenten con la CECE” en las actuaciones de seguimiento y control que contará con una comisión así como un sistema de indicadores de ejecución “porque nos gustaría ver los resultados”. Unas conclusiones que, entiende, “serán buenas porque cualquier medida de este tipo es positiva para el empresarios y, en general, la economía ceutí”.
La patronal, a través de su presidente, reiteró su disposición de los estamentos para apoyar y ayudar en todo aquello que puedan requerir. No obstante, Montero Ávalos echó en falta a los empresarios en este acto. “Parece que falta un actor: vemos la cantidad de organismos que intervienen tanto de la Ciudad como de la Delegación pero se nota la ausencia de los empresarios”, valoró el representante de la parte empresarial. Aunque, subrayó, “lo importante es que lo hagan”.
La intención de reforzar la coordinación contra la economía sumergida y la explotación era conocida por Montero Ávalos. “Me alegra comprobar que, efectivamente, se ha llevado a cabo el acto de inicio de esta colaboración”, señaló.
Los controles son cruciales porque existe una “competencia desleal” desde el momento en el que hay empresarios que, pese a ejercer la misma actividad, “unos están dentro de la legalidad y pagan sus tributos, impuestos y tasas; mientras que otros no lo hacen”. Montero Ávalos resaltó que la CECE representa a los legalmente establecidos y, por tanto, “quiero que todos jueguen con las mismas reglas, con lo cual me parece estupendo”.
El acuerdo establace una serie de medidas de coordinación con el objetivo de luchar contra las irregularidades urbanísticas y comerciales, el fraude fiscal y laboral, el contrabando y la explotación de trabajadores.
