La Asociación de Promotores inmobiliarios de Ceuta se ha posicionado abiertamente en torno a la ya polémica ordenanza reguladora de la concesión de la cédula de habitabilidad que contó con el visto bueno de la Ciudad y Caballas pero hizo montar en cólera a los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno, los únicos que presentaron una alegación a su contenido. Pues bien. Ahora ha sido la Asociación la que ha mostrado sus cartas haciendo ver un posicionamiento más cercano a las tesis defendidas por la plaza de los Reyes que por la alianza PP-Caballas. Para la entidad, que defiende los intereses de los promotores, dicha ordenanza “supone legalizar por la vía de hecho la situación ilegal de multitud de viviendas”, medida con la que no pueden estar de acuerdo, señalando específicamente al artículo 13 de dicha ordenanza que, pide, desaparezca del texto ya que su permanencia supondrá “dotar de un suministro a una vivienda ilegal cuando tanto esfuerzo y sacrificio les cuesta a otros conciudadanos”.
La entidad ha recalcado en un posicionamiento público dirigido a los medios que si bien valora “muy positivamente” que en las viviendas de reciente construcción se suprima la obligatoriedad de la obtención de la cédula de habitabilidad, ya que han debido superar varias inspecciones administrativas, tales como la concesión de la licencia, las licencias de utilización por parte de diversos organismos, la idoneidad de las instalaciones con las empresas suministradoras, así como la obtención de la licencia de primera ocupación, “no puede sino mostrar su perplejidad no ya ante la redacción que se ha dado al artículo 13 de dicha ordenanza, si no su mera existencia”.
¿Y qué es lo que dice dicho artículo? Viene a señalar que “en las construcciones realizadas sin la preceptiva licencia que no fueren legalizables por ser contrarias al planeamiento urbanístico, se podrá autorizar con carácter excepcional, previo informe favorable de los Servicios Técnicos, la contratación de los servicios básicos con las compañías suministradoras hasta tanto se resuelva el procedimiento para la regularización de las construcciones de acuerdo al desarrollo del planeamiento urbanístico”.
La Asociación de Promotores entiende que esto supondrá legalizar por la vía de hecho la situación ilegal de multitud de viviendas. “Creemos que se produce un agravio comparativo con quien asumiendo el máximo esfuerzo de ahorro y restricciones en la renta disponible adquiere una vivienda legal, la cual está sometida a todo tipo de tasas, impuestos, dotación para instalaciones de suministro, principalmente eléctrico, etcétera, todo ello repercutido en el precio de la misma”, apunta. Considerar que aprobar esta medida supone otorgar un “premio” a través de un documento administrativo “a quien incumpliendo la legalidad, sin pagar impuestos ni tasas construye una vivienda ilegal. Al final tendrá de hecho acceso al suministro como si la vivienda hubiera sido ejecutada por otro administrado cumplidor del planeamiento”, apunta.
“Tampoco nos confortaría que la medida tuviera un carácter temporal. Todos los que vivimos y trabajamos aquí sabemos que será del todo imposible que transcurrido un periodo de tiempo y aunque el expediente de regularización fuera desestimado nadie va a cortarle el suministro al que incumplió la ley”, añade.
La Asociación señala que no puede concederse lo que aparece como una “amnistía legal a todos los que han edificado sin atenerse a la legalidad. No es ya sólo el hecho de que se haya construido sin licencia, no es ya que no se vayan a demoler, que sería lo lógico, por haberse construido en suelo no clasificado,es que se le va a otorgar por la vía de hecho un beneficio al que creemos que no tienen derecho”.
“Esas personas, al final, tendrán los suministros en igualdad con los cumplidores, pero con una diferencia, no abonarán IBI, no les figurará en la renta, y se consolidará la falta de desarrollo urbanístico de la ciudad, tan mimado cuando de cumplir la legalidad vigente se trata”.
Román asegura que no legalizan sino autorizan servicios básicos
Se mostraba ayer muy sorprendida la consejera de Fomento, Susana Román, cuando fue preguntada por los medios de comunicación en relación con la nota realizada por la Asociación de Promotores, asegurando que “la verdad es que no entiendo cómo pueden opinar cuando resulta que hasta el jueves no se llevará a la comisión informativa de Fomento el texto tal y como se va a presentar a la sesión plenaria del miércoles día 26”. Desde su punto de vista el primer error que comete la Asociación de Promotores es asegurar que por parte de la Administración autonómica se están legalizando viviendas y concediendo cédulas de habitabilidad, “puesto que nosotros no estamos concediendo estas cédulas, no es verdad, simplemente autorizamos puntualmente para que una serie de familias pueden contar con los servicios básicos como es el agua o la electricidad, circunstancia que hasta ahora les era imposible”. Se mostró por otro lado satisfecha por la eliminación de las cédulas de habitabilidad cuando se concede la licencia de primera ocupación.