¿Puede ocurrir que aquellas personas sin recursos económicos para litigar no tengan en breve derecho a la asistencia jurídica gratuita, como sucede actualmente, tal y como así lo reconoce la Constitución Española en su artículo 119 al afirmar que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar?”. La cuestión parece de carácter obligado máxime cuando colectivos jurídicos, especialmente encuadrados en la abogacía, han mostrado su preocupación al respecto en distintas ciudades nacionales, asegurando que la asistencia jurídica gratuita está en peligro de supervivencia tras los recortes ideados y puestos en marcha por el Ministerio de Justicia.
En este sentido, la secretaria de Gobierno en Justicia, Josefa Vilar, indica que “no creo que esté en peligro, no tengo ninguna información al respecto. Las reformas que hay en marcha, de Ley Orgánica, tienden a derivar en procesos en los que no serán necesarios la asistencia letrada siempre y porque sí, ahora bien insisto en que hoy por hoy no tengo noticia ni confirmación alguna de que esto se vaya a producir ya”.
“Ahora hay una regulación para determinar qué personas tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita”, prosigue Vilar, “pero si sube el listón de estas personas, evidentemente ocurrirá que habrá más gente que exijan un derecho pero que serán atendidas inevitablemente por menos personas, un problema de dotación que es consecuencia de los recortes, sin entrar en si estos son necesarios o no porque ese es otro asunto”.
Además Vilar añade que “vislumbro otro hándicap que afecta a la dotación presupuestaria porque si un juicio de falta está, por poner una cifra, ya que a ciencia exacta no lo sé, a cincuenta euros, lo pondrán en treinta, y eso también significa un recorte”.
Por su parte, la decana del Colegio de Abogados Isabel Valriberas, coincide en señalar sobre la reforma que “no creo que esté en peligro aunque que está sometida a recorte es evidente, de hecho me consta que se prevé que se eleve una modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita, ya que ya hay un borrador de anteproyecto en el que está trabajando el Ministerio de Justicia y puede que haya una pequeña reforma en cuanto a las personas que vayan a tener acceso a la misma, lo que supondrá llevar a cabo un mayor control por parte de la Administración respecto a las personas que puedan tener derecho a esta asistencia gratuita”, considera Valriberas.
En este sentido, la decana del Colegio de Abogados, indica que “no se pueden adelantar los términos de la modificación porque aún se está estudiando el caso pero sí que se valora que en el ámbito personal pueda haber cambios porque se habla de suprimir ciertas cosas, como que todos los trabajadores por el mero hecho de serlos ya tengan acceso gratuito, cuando a lo mejor tienen un sueldo que les permiten afrontar sin problemas el pago requerido, u otro camnbio puede ser que a raíz de que la antigua ley, que data de 1996, y donde se reconocía la asistencia gratuita a la unidad familiar pero sin contabilizarse las parajas de hecho, ahora probablemente sí que se vaya a contabilizar este tipo de unión”, concluye Valriberas, quien asimismo se muestra cauta “a la espera de que se pongan en marcha las medidas y sobre todo en los términos en que lo hagan”.
