Decía esto el delegado por el grueso de escolares que acude a diario al CEIP ‘Príncipe Felipe’ y que residen en Marruecos. Ellos son los que tienen que acceder desde la carretera al centro por el monte, después de que se demoliera la escalera. “No me he enterado muy bien de la polémica”, ironizó González. “Al parecer los propios vecinos que no querían que se pasase por ahí son los que se quejan de que se haya tirado la escalera. Desde el momento en el que se decidió quitarla se está buscando una alternativa en otra zona para que quienes tengan que acceder puedan hacerlo, pero si ustedes me hablan de niños ¿me quieren explicar de que niños hablamos? De la barriada Príncipe Felipe, Alfonso, Almadraba… Si de lo que se habla es de niños escolarizados que viven en Marruecos y que sin embargo tienen que estar empadronados en Ceuta para ir al colegio, pues ya veremos lo que sucede”, puntualizó.
Esta advertencia del delegado cuadra con las gestiones que fueron llevadas a cabo por funcionarios de la Policía Nacional hace un par de semanas, cuando en el fragor de toda la polémica anotaron las identidades de todos los menores que entraban en la ciudad desde Marruecos para acudir al centro de la barriada.
Ese control será para todos. Al menos es lo que dice el delegado del Gobierno, matizando que, por su parte, no se ‘casará con nadie’ en esa detección de casos que no pueden producirse.
“La Agencia Tributaria está tomando buena nota de quiénes son los que están viviendo en Ceuta cuando hacen la declaración de la renta. Lo dije hace mucho tiempo, se está actuando con los funcionarios, Cuerpos de Seguridad... con todos pero es un trabajo que lleva su tiempo y que tiene que ser suficientemente garantista como para que las personas que pudieran estar incurriendo en algún tipo de infracción tengamos claro que lo está haciendo. Lo que no vamos a hacer es darle la oportunidad a las personas de demostrar que lo que están haciendo sea verdad o mentira, lo que tenemos que hacer es respetar el Estado de Derecho y cuando tengamos comprobado que se está infringiendo la ley o la norma tomaremos medidas, sin distingos, adultos y niños, niños o adultos”, sentenció.
Ese control de la Agencia Tributaria sobre funcionarios ya habría detectado a seis funcionarios de un Cuerpo de seguridad que obtenían beneficios fiscales pero vivían fuera de la ciudad.
¿Sanción para los empresarios?
González informó ayer de que está a la espera de recibir el pertinente informe para conocer si ha habido alteración del orden público a tenor de la concentración de empresarios a las puertas del Ayuntamiento que se produjo el pasado martes. De momento espera contar con el conocimiento de dicho informe para concluir si dicha acción será motivo de sanción o no, “porque todos ante la ley son iguales”. Salía así al paso de quienes le acusaban de sí haber actuado con la Marea Verde y no con los empresarios.
