Las poco más de 48 horas detenido y a disposición de la Guardia Civil terminaban en la noche del viernes de la peor de las maneras para el exconsejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero:
en una de las celdas de la prisión de Mendizábal. Médico reconocido, con un gancho social de tal calado que se ha creado hasta un grupo de apoyo que a su vez cuestiona, ataca y niega las resoluciones judiciales por conniventes con una trama política (teoría explotada desde el día de la detención de Guerrero por su propio partido), se ha convertido en la más pura escenificación de una caída estrepitosa que le ha llevado del máximo reconocimiento de hace unos meses a terminar con la merma de su libertad.
El
juez ha adoptado una de las medidas más duras en delitos de este tipo sobre todo teniendo en cuenta que no hay riesgo de fuga ni tampoco ya de destrucción de pruebas. La prisión sin fianza le impide de entrada seguir ejerciendo su profesión médica en el hospital y clínicas privadas, además de continuar con el partido que encabezaba y del que ya se han ido alejando miembros del equipo original. Guerrero solo quiso declarar a preguntas de su abogado, pero ayer no solo se contó con su testifical, sino que hubo manifestaciones de menores que acudieron tanto presencialmente al juzgado como por videoconferencia. Sus declaraciones serán tenidas como prueba preconstituida, válida para el momento en el que haya juicio oral por la comisión de un presunto delito de
abusos sexuales a
menores.
La Guardia Civil presentó denuncias recopiladas pero también todo
el trabajo fruto de los seguimientos, fotografías y controles al que estaba sometiendo al doctor desde hacía casi un año, con el amparo judicial para seguir investigando hasta que el pasado martes se ordenaba que el miércoles se ejecutaran los registros pretendidos y la detención. Durante este tiempo de investigaciones hubo muchos riesgos, sobre todo tras las últimas ruedas de prensa marcadas por la polémica que Guerrero siempre terminaba en la Jefatura Superior y que no causaban más que un retraso en la labor de la Benemérita. El juzgado seguirá investigando mientras en la calle existe una gran división social entre los afines al médico y los que valoran las investigaciones realizadas.