El Juzgado archiva la causa contra un guardia civil que fue detenido por la Policía Nacional en Ceuta

En febrero de 2018, componentes de la UDYCO de la Policía Nacional de Ceuta procedieron a la detención de un agente de la Benemérita, adscrito a la Unidad Fiscal, en una operación que, se dijo, “estaba en fase ejecutoria”, podía llevar “a más detenciones” y era el resultado “de meses de investigación”. El agente quedó ese mismo día en libertad con cargos, iniciando toda una batalla judicial por defender su inocencia, por demostrar que nada tenía que ver con lo que se le vinculaba: dejar pasar un vehículo en el puerto con mercancía sin revisar.

De inmediato llegaron las primeras consecuencias: le impusieron medidas cautelares, le cesaron en funciones en su puesto de Guardia Civil en Ceuta, perdió el destino y su nómina se vio tan mermada que se vio obligado a pedir dinero a familiares directos para poder subsistir. Ahora, un año después de los hechos, ya se le ha notificado la firmeza del auto dictado por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 en el que decreta el “sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias”. La magistrada expone que “las actuaciones practicadas acreditan la inexistencia de indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que ha dado lugar a la formación de la presente causa”.

No hay, a ojos de la Justicia, ni siquiera un resquicio que lleve a pensar que este componente de la Guardia Civil hubiera incurrido en un delito. “Le detuvieron sin hacer nada. El caso se ha archivado sin que, ni siquiera, el compañero haya ido a juicio”, denuncia la Asociación Española de la Guardia Civil, AEGC, que critica sin tapujos cómo “un error de la Policía Nacional ha provocado todo esto”.

“Un error de la Policía Nacional ha provocado todo esto”, denuncia la AEGC

La Asociación pone de manifiesto el daño que se le ha hecho al guardia civil en el plano moral, al verse señalado en una detención como si fuera un delincuente “cuando se ha demostrado con este auto que no ha hecho nada”. A esto añade “la trascendencia espectacular” que se le dio a la detención con la “repercusión mediática” que tuvo, “que luego ha quedado en nada, porque no había pruebas contra él”, concreta.

Con el archivo no termina este caso en el que no solo hubo, sino que lo sigue habiendo, un perjuicio económico ya que al cesar en el destino pasó a cobrar muchísimo menos, perdiendo por ejemplo pluses como el de residencia.

Ahora se le tiene que devolver todo el dinero que se le dejó de abonar, porque a ojos de la Dirección, por solo producirse una detención ya el agente figura como culpable, perdiendo todos los derechos aunque el paso del tiempo y la acción judicial demuestren después lo contrario.

AEGC reclama que las detenciones como las sufridas por este compañero se “hagan con garantías”, porque “no puede ser que por un error como este, de la Policía, se haya producido esta situación”. El agente, señalado socialmente y en el Cuerpo, pasó a cobrar 800 euros. La Dirección, a pesar de que el auto es firme y deja claro que “no hay indicios racionales” de relación con acción irregular alguna, le sigue retirando de la nómina todo lo cobrado previamente al no recibir una notificación automática de esta resolución. “En diciembre, por ejemplo, el compañero ha cobrado 0,03 euros y le reclaman que pague 3.600”, explica AEGC que exige una reacción más rápida y eficiente de una Dirección que sigue ‘condenando’ a su manera casos de este tipo. Ese dinero se le reclama porque durante dos meses percibió su nómina, estando cesado, como si no lo estuviera.

Son inocentes ante la Justicia pero penan durante meses las cargas en su propia profesión, algo con lo que AEGC pide terminar.