En el marco de la denominada operación Canmoney, efectivos de la Guardia Civil han desmantelado una red de venta fraudulenta de mascotas que logró en tres años más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas e ingresó más de tres millones de euros en efectivo, con víctimas en distintos territorios incluyendo Ceuta.
Las labores de los agentes resultaron en la detención de 28 personas, mientras otras 30 están siendo investigadas entre España y Colombia.
Mientras tanto, han sido identificadas víctimas en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Badajoz, Castellón, Córdoba, Huesca, Jaén, Logroño, Cantabria, Sevilla, Toledo, Valladolid, Cáceres, Vigo, Vizcaya, Granada, Almería, Huelva, A Coruña, Albacete, Asturias, Navarra, Murcia, Alicante, Pontevedra, Guadalajara, Girona, Ceuta, Burgos, Orense, Palencia, Málaga, Álava, Ciudad Real, Cádiz, Cuenca, Tenerife, Tarragona, Baleares, Las Palmas y Zamora.
A la mencionada red se le atribuyen 681 hechos delictivos delitos (335 estafas, 158 de usurpación de estado civil, 95 de falsificación de documentos, 60 de blanqueo de capitales, 33 de amenazas y pertenencia a organización criminal) aunque las indagaciones continúan abiertas y se estima que pueden alcanzar el millar, pues solo en España se han identificado ya 250 víctimas a las que han estado más de 150.000 euros.
La operación Canmoney se ha desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, logrando desarticular esta red dedicada a estafas a través de ventas de animales de compañía.
La investigación se inició tras una denuncia por estafa en la que se hacía constar que tras realizarse el pago por la compra de una mascota la misma nunca se llegó a recibir. Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros de compañía ofertados por unos 500 euros a través de diversos portales de compraventa.
Para ganar la confianza de las víctimas, los miembros de la organización enviaban documentos de identidad usurpados previamente obtenidos de otras personas estafadas. Tras recibir el primer pago los presuntos vendedores exigían un segundo y si la víctima se negaba era amenazada de muerte mediante mensajes y llamadas telefónicas.
En cuanto a las amenazas, estas incluían imágenes intimidatorias de armas de fuego para asegurar que la víctima realizara el pago del transporte.
Las primeras pesquisas culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia.
De acuerdo con las autoridades, en punto clave de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio que aprovechaba su actividad laboral y conocimiento del sector para actuar como testaferro en España.
Tanto él como su pareja ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en diversas provincias españolas y estos fondos eran posteriormente enviados a cientos de direcciones de criptomonedas para dificultar su rastreo, que eran operadas por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún, donde se encontraban sus principales líderes.
Los agentes han practicado nueve registros en España y tres en Colombia en los que, entre otros efectos, han incautado teléfonos móviles utilizados para cometer las estafas y mantener contacto con las víctimas, vehículos, ordenadores, máquinas contadoras de billetes, dinero, armas de fuego y documentación.
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