De nuevo los problemas técnicos, en pleno siglo XXI, impidieron que pudiera celebrarse un juicio en Ceuta después de que se hubiera puesto en marcha toda la maquinaria humana para hacerlo posible. El acusado de un delito de lesiones, que se encuentra en el País Vasco, debía declarar por videoconferencia, al igual que un testigo clave de los hechos que iban a enjuiciarse en el Juzgado de lo Penal número 2. La pandemia lleva a que se intenten poner todos los medios para aminorar los riesgos de contagio y entre esos medios está la declaración de interesados que residen fuera de la ciudad a través de videoconferencia. El Ministerio de Justicia, sobre el papel, defiende el uso de medios tecnológicos pero continúa con sus políticas de abandono hacia los territorios bajo su competencia, como es el caso de Ceuta, al no garantizar que esa justicia del siglo XXI pueda cruzar el Estrecho.
¿Qué sucedió ayer? Que con todos los recursos humanos movilizados, con el trabajo bien hecho por parte del auxilio judicial y todo preparado, se tuvo que suspender la vista prevista al ser imposible la celebración de la sala virtual. La declaración del acusado había sido interesada por videoconferencia al residir en el norte de España y autorizada por el tribunal. También la de un testigo clave que iba a prestar declaración de la misma forma. Al no poderse celebrar la sala virtual para que el acusado pudiera conocer la declaración que ofrecía el testigo, la magistrada del Penal 2 tuvo que suspender el juicio tras constatar que esa multivideoconferencia era imposible por no ser compatible el sistema judicial del País Vasco con el existente en Ceuta, territorio cuyas competencias no están transferidas y que por tanto sigue dependiendo del Ministerio.
Por parte de la auxilio judicial se dieron los pasos necesarios, se efectuaron las llamadas oportunas pero fue imposible la celebración del juicio debiendo ordenarse su suspensión al no poder garantizarse el proceso con los requerimientos debidos.
Lo ocurrido ayer cobra más gravedad porque no se trata de un caso aislado sino que es conocido por el Ministerio sin que se hayan adoptado soluciones ágiles. De hecho el propio Ministerio es el que insta a celebrar salas virtuales pero no se pronuncia ante la tozuda realidad que se produce en Ceuta. El propio TSJA ha expuesto en su memoria la situación de nuestra ciudad que, además de no disponer aún de una ciudad de la Justicia, carece de avances tecnológicos que conducen a adoptar la decisión más drástica: la de tener que suspender una vista judicial.
Y los del Pais Vasco no pueden compatibilizar sus sistemas con los del Ministerio?.
Ellos no tienen ni lexnet