A diferencia de lo que han venido asegurando casi todos los exalumnos del
profesor del Colegio San Agustín de Ceuta, acusado de ocho
presuntos delitos de índole sexual con menores que han testificado esta semana en la
Audiencia Provincial, al
guardia civil que lideró la instrucción de las diligencias de investigación abiertas en 2017 por la denuncia de la madre de uno de sus estudiantes
no le pareció en absoluto “normal” la relación que se intuía en sus mensajes de Whatsapp con alusiones a terceros. El sargento, con más de 23 años de experiencia en la Benemérita, ha explicado este miércoles que para tirar del hilo siendo todo lo “garantista” que pudo: eludió arrestar al exdocente y prefirió realizar un registro de su domicilio antes para ver hasta dónde podía llegar la madeja. “Yo no lo veía ‘normal’, pero podía ser ‘normal’, y tampoco sospechaba que podía haber imágenes de más calibre… Yo iba buscando, porque se hablaba de otros en las conversaciones, si había más menores involucrados, porque la experiencia me dice que cuando es así la cosa va más lejos…”, ha reproducido su deducción profesional. Ante la puerta de la casa del docente, donde la comitiva de agentes y el secretario judicial tuvieron que esperar media hora, el mando tampoco quiso tumbarla, sino ser paciente. Cuando A.D.B. contestó por fin se mostró “nervioso, normal”, pero “colaborador”, incluso “afable”, según han recordado el guardia y la compañera con la que ha llevado las riendas de las pesquisas, que se dieron cuenta de que procedía arrestar nada más encontrar en el ordenador de sobremesa del ahora procesado tres imágenes desnudo (“enseñando los genitales”, ha precisado otro funcionario de la Benemérita) del menor con el que se había levantado la espita del caso. “Las diligencias se abren impulsadas por mi superior, el jefe de Unidad, a raíz de la denuncia de una mujer por unos hechos relacionados con su hijo y un profesor. La madre sospechaba porque aparecía con regalos, por unos comentarios y fotografías… Se empezó a observar imágenes de una relación que a ellos no les parecía muy normal… Algo parecía que no era muy normal, pero yo personalmente no me quise exceder porque no sabía hasta dónde podía llegar ese tipo de relación: si había algo afectivo especial sin ir más allá de un vínculo un poco extralimitado, pero en las conversaciones se hablaba de terceras personas en el ámbito escolar…”, ha desgranado sus dudas de partida. El agente quiso ser “muy garantista” con todas las partes, máxime cuando su propia hija estudió con los Agustinos de Ceuta, donde el acusado entablaba, junto a la Cofradía de Las Penas, sus relaciones de confianza extrema con multitud de menores desde hace años, por las que la Fiscalía reclama para él más de 40 años de cárcel.
“Al entrar en su casa todavía andábamos un poco en el limbo de la sospecha, pero al acceder al ordenador se vieron imágenes mucho más evidentes que las de la denuncia [“pornografía, sobre todo masculina”], por lo que procedimos a la detención. No me cupo duda de que ahí había algo más, por lo que fuimos a un registro mucho más pormenorizado y quise preguntar para recopilar pruebas e indicios para luego estudiar”, ha proseguido. El instructor y uno de sus compañeros han hecho hincapié frente a la estrategia de la defensa,
que pretende hacerse fuerte en una discrepancia entre números de bolsa de custodia, en que los elementos informáticos intervenidos “nunca se pierden ni se manipulan” y en que en este caso se respetaron los protocolos y procedimientos “como en cualquier otro”. “Pudo haber un error mío, de escritura, de transcripción, pero ningún tipo de manipulación y todo se basa en hechos constatables a partir de los clonados y volcados que extraen toda la información de un dispositivo para volver a precintar los originales”, ha descartado. Según su relato, en el teléfono móvil y el ordenador de sobremesa del acusado apareció “el 80%” del material que fundamenta la acusación, aunque en todos sus dispositivos apareció también ingente información que fue desechada para el caso por no tener interés procesal en relación con los presuntos delitos investigados de tenencia y elaboración de pornografía infantil, inducción a la prostitución y corrupción de menores, ‘sexting’, abuso sexual, etcétera, que se le achacan.