Con su decisión de imputar por segunda vez a la infanta Cristina, el juez Castro ha agudizado, sin duda, el martirio que sufre la Casa Real y del que se quejaba amargamente el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Rafael Spottorno. Pero, sin duda también, el juez Castro ha hecho el mejor favor posible a una institución como la justicia, cuya imagen se ha visto muy deteriorada últimamente.
Jueces como este, o como la titular del juzgado de instrucción numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, son quienes mejor representan a esos miles de compañeros, repartidos por todo el territorio nacional, que con su trabajo y su valentía hacen que los ciudadanos nos sintamos reconfortados y seguros, conscientes de que solo así, con ese tesón, esa honestidad y esa solvencia, devolverán a la justicia su necesario prestigio.
Un prestigio que, sensu contrario, están perdiendo desgraciadamente día a día las instituciones involucradas en los dos casos que estos jueces instruyen: Monarquía y sindicatos.
En el caso Nóos, la nueva imputación de la infanta Cristina aparece como la culminación de una instrucción que arrancó en 2010. Casi tres años ya. Por lo que sorprende que la citación a declarar de la infanta se retrase hasta el día 8 del mes de marzo, con el consiguiente martirio para quienes, como Spottorno, se quejen de las dilaciones. Aunque, bien es cierto que la Casa Real podría haber colaborado a evitar la tortura, aconsejando a la infanta el ir, motu propio, a responder a las preguntas que el juez hubiera tenido a bien realizarle. Hace mucho más daño la imagen de una infanta tratando de escapar de la justicia que la de una infanta contestando las preguntas de un juez.
La reacción de la Casa Real está siendo en toda esta historia, cuando menos, torpe. Y, la decisión, tanto de la Fiscalía como de los abogados de la infanta, de recurrir de nuevo la imputación, más torpe aún. Porque difícilmente la Audiencia Provincial va a aceptar el recurso, cuando fue ella misma la que marcó el camino a seguir al juez Castro, apuntando la línea fiscal de la investigación. Si ahora, tras el exhaustivo auto del juez, volviese a desestimar la imputación, nadie lo entendería, con el consiguiente nuevo desprestigio institucional.
España está viviendo tiempos procelosos y los españoles hartos de asistir inermes a un deterioro sistemático del Estado de Derecho donde las varas de medir son distintas y los privilegios nos retrotraen a épocas que deberíamos haber superado. Por eso, jueces como Castro o como Mercedes Alaya reconfortan a la ciudadanía y se convierte en el ejemplo a seguir.
