Después del parón nacional secundado en Ceuta, las principales asociaciones de jueces y fiscales —a excepción de las de corte progresista— han acordado iniciar una huelga de tres jornadas los días 1, 2 y 3 de julio.
Esta medida busca presionar al Ejecutivo para que retire las reformas legales impulsadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Los cambios propuestos afectan al acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al papel del Ministerio Fiscal dentro del nuevo esquema procesal penal, en el que los fiscales asumirían funciones instructoras que hasta ahora correspondían a los jueces.
Además de este paro, el colectivo ha convocado una concentración el viernes 28 de junio frente al Tribunal Supremo. El anuncio de las movilizaciones se produce tras conocerse los resultados de varias encuestas internas, en las que más del 80% de los miembros consultados mostraron su respaldo a estas acciones, como continuación del paro simbólico de diez minutos llevado a cabo el pasado 11 de junio en todas las sedes judiciales del país.
La primera protesta, frente al Supremo a partir de las 12:30 del 28 de junio, tendrá un carácter simbólico. Según explican las organizaciones convocantes —APM, AJFV, FJI, AF y APIF—, este lugar representa la meta a la que aspiran miles de opositores tras años de estudio y esfuerzo. Subrayan que la elección de este escenario responde a su carga institucional, su valor cívico y su significación dentro del sistema judicial.
Insisten en que no se trata de un acto de confrontación con otros poderes del Estado, sino de una manifestación a favor de la independencia judicial y de su papel como garante de los derechos fundamentales. La protesta está abierta tanto a profesionales del Derecho como a ciudadanos preocupados por la salud del sistema democrático. Las asociaciones recalcan que la iniciativa carece de vinculación partidista y se enmarca en una defensa institucional del Poder Judicial como eje del Estado de Derecho.
En caso de que el Gobierno no retire las iniciativas legislativas en trámite, los días 1, 2 y 3 de julio se llevará a cabo la huelga prevista. Las entidades convocantes han señalado que han dejado un margen de tiempo razonable para que las Cortes puedan reconsiderar su posición y frenar la tramitación de los proyectos.
Tras esas fechas, se evaluará la posibilidad de prolongar el paro, teniendo en cuenta la respuesta institucional y el grado de avance legislativo, así como el respaldo de sus afiliados.
En paralelo a las movilizaciones, las asociaciones tienen previsto mantener reuniones institucionales con diversos grupos parlamentarios. Este martes está agendado un encuentro con el PSOE a las 16:00 horas y otro con el PP a las 17:00. El 23 de junio conversarán con la presidenta del Consejo General del Notariado, y el día 25 se reunirán con representantes de Vox en el Congreso. Aseguran haber solicitado audiencia con el resto de fuerzas políticas y confirman su disposición a mantener un diálogo abierto que permita preservar la calidad del sistema judicial.
En el ámbito europeo, afirman haber intensificado contactos con instituciones de la UE para alertar del impacto que estas reformas podrían tener en la independencia judicial. Han pedido que se aplique un seguimiento riguroso, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, respecto al fondo y al proceso legislativo actualmente en marcha.
Durante el paro del 11 de junio, las asociaciones ya advirtieron que las propuestas del Ejecutivo suponen una amenaza a la independencia judicial, elemento esencial para el buen funcionamiento democrático y la integración en el marco europeo. Denuncian que la modificación del acceso a la judicatura y la fiscalía pone en riesgo los principios de mérito y capacidad, introduciendo pruebas subjetivas y medidas que podrían facilitar una selección ideológica.
También rechazan la creación de un centro de preparación de opositores bajo tutela gubernamental, alertando del posible control político sobre futuros jueces y fiscales. Igualmente, critican que se pretenda convertir en titulares a miles de sustitutos sin evaluación adecuada, en perjuicio de quienes actualmente se preparan con esfuerzo y dedicación.
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