Vivas respalda a Deu ante el juicio por la expulsión de menores: "Actuó de buena fe"

A escasos días de que se celebre el juicio contra quien fuera delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, por la devolución de 55 menores marroquíes en agosto de 2021 a su país, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha mostrado su “total apoyo” a quien fue su número 2 en el Gobierno.

Vivas ha resaltado en una comparecencia ante los medios de comunicación que, al margen de confiar plenamente en jueces y fiscales, está “convencido” de la inocencia de la “señora Deu”.

Y lo está porque “lo viví de cerca y sé que actuó de buena fe”, ha resaltado Vivas.

“Desde entonces hasta ahora han ocurrido cosas que indudablemente han significado incorporaciones relevantes”, ha apuntado. “Confío plenamente en la justicia, sin ninguna duda, en la imparcialidad de jueces y fiscales, pero estoy convencido de la inocencia de la señora Deu porque lo viví de cerca y sé que actuó de buena fe, a favor del interés del menor, en colaboración con la otra administración, con transparencia, creyendo que era lo correcto”.

Verano de 2021, un periodo difícil

 Aquel verano de 2021, entraron en Ceuta miles de marroquíes, la amplia mayoría menores de edad, en lo que fue una auténtica crisis entre España y Marruecos. Eso sucedió en mayo, meses después se organizarían traslados de menores a su país, amparados por el Gobierno central.

 Esos son los que se consideraron ilegales y los que ahora se juzgarán tras denuncias presentadas por oenegés.

El Supremo confirmaría en un auto, en enero de 2024, que se incurrió en una ilegalidad, rechazando así los recursos que presentó la Ciudad y el Estado, resaltando que se obvió la legislación española y la normativa internacional.

“Se actuó en un momento difícil, de emergencia humanitaria, en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Ceuta. Estoy convencido de la inocencia de Deu, no estuvo sola entonces, tampoco ahora, porque cuenta con mi total apoyo”, ha recalcado Vivas.

Por qué se termina en la Audiencia

 Tanto Deu como Mateos se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación administrativa. Y lo harán la semana próxima después de años preñados de recursos ante las distintas instancias que no han impedido que se llegue a la fase estelar que supone la celebración de una vista oral, fijada para el 17 de junio.

“En aquel momento defendimos el retorno porque creímos que era la solución por el interés del menor, el acuerdo entre Marruecos y España era un instrumento jurídico eficaz. Los pronunciamientos judiciales que se han hecho con posterioridad han demostrado que aquel acuerdo está subordinado al reglamento de la ley de extranjería. Ahora defendemos el traslado a la península y la aplicación del real decreto”, ha resaltado Vivas, justificando el ámbito en el que se adoptaron esas decisiones políticas.

El presidente de la Ciudad ha apelado a la presunción de inocencia, insistiendo en que Deu “actuó de buena fe, lo digo porque lo viví”.

Leyes que son “interpretables”

 Vivas ha dejado claro también que “las leyes son interpretables. Un error en la interpretación de la ley no es un delito. Para que lo sea se tienen que dar dos circunstancias: intención de delinquir y una infracción grosera del ordenamiento jurídico”, elementos que no se dan en esta causa, tal y como ha valorado el propio dirigente local.

Entonces, año 2021, “era interpretable si se podía aplicar el acuerdo con Marruecos. Hoy no lo es porque lo dice el Supremo”.

La Fiscalía pide para las dos expolíticas una pena de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos electivos a cualquier escala (nacional, autonómica o local) y para ocupar funciones de gobierno, así como la “pérdida de los honores” asociados a las responsabilidades públicas que ocuparon.

Lo mismo solicita la acusación particular que ejerce la Asociación para el Desarrollo Integral L’Escola, mientras que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado eleva su solicitud de penas a 15 años y la extiende tanto a cargo como a empleo público.