Golpear a un policía, y más cuando se encuentra en el desempeño de sus funciones, no es rentable al delicuente. Contempla penas que pueden alcanzar hasta los tres años de cárcel, un periodo bastante superior al impuesto en el caso de una agresión a cualquier otro ciudadano no representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que cumplan o no estas condenas es caso aparte y más si el susodicho agresor es menor. En nuestra ciudad, el asunto parece carecer del más mínimo respeto entre los que hacen de la violencia su modo de vida y así lo demuestran las estadísticas: 37 policías agredidos desde 2006 y hasta la fecha. Y esto es lo que nos venden como ciudad segura. Cabe preguntarse que si esto le ocurre a un agente de la ley ¿qué no le podrá pasar a un ciudadano de a pié?
