El INVIED y el derecho a una vivienda

EL instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la defensa ( INVIED) podría valer como ejemplo de libro para solucionar uno de los mayores problemas de los españoles: la vivienda.

El Ministerio de Defensa comenzará a invertir en infraestructuras necesarias para el mantenimiento de las residencias militares. Una inversión de 12 millones de euros en viviendas e infraestructuras.

Muchos militares tendrán derecho a ocupar una de estas casas bajo unas condiciones económicas asequibles al más común de los mortales.

Se accede, en régimen de arrendamiento especial de una vivienda al militar profesional, para atender las necesidades de vivienda por cambio de destino y localidad por razones del servicio.

Defensa mantiene 252 viviendas deshabitadas, algunas con ocupación indebida y otras pendientes de rehabilitación.

Ceuta, por su condición estratégica y la elevada presencia militar, concentra un número considerable de pabellones residenciales que son ocupados por funcionarios del ejército que cumplan los requisitos establecidos.

¿Se imaginan que en Ceuta se rehabilitaran viviendas que requieren la necesidad perentoria porque se vienen abajo? ¿Se imaginan que se construyeran viviendas en muchas zonas de la ciudad en el que hay terreno para ellos? ¿Cuántas casas se podrían hacer en los terrenos del hospital militar, en la zona de abandonada fábrica de harina, en el antiguo hospital de la Cruz Roja o en el acuartelamiento del Coronel Fischer?

No sería mala idea un régimen de alquiler ajustado a la economía de cada familia estudiando su situación y sus necesidades reales con una baremación objetiva por los profesionales pertinentes.

Imitemos al Ministerio de Defensa y, aunque no sean militares todos los ceutíes, dotémoslos de los mismos derechos, estudiemos sus necesidades y emprendamos una campaña que vaya proporcionando ese derecho constitucional a disponer de una vivienda.

Ahí va alguna idea que comprometa al ayuntamiento a esta campaña para el reto:

Nada de corrupción, compadreo, padrineo ni enchufismo para acceder a la vivienda pública.

Totalmente prohibido negociar con ellas.

Licitaciones con las constructoras con luz y taquígrafos.

Un 20% del presupuesto del ayuntamiento para este fin y estudiar punto por punto cómo ahorrar en partidas económicas innecesarias.

No sería mala idea un régimen de alquiler ajustado a la economía de cada familia estudiando su situación y sus necesidades reales con una baremación objetiva por los profesionales pertinentes.

Los alquileres de las viviendas serán destinados a nuevas construcciones. Las empresas licitadoras se comprometen a garantizar materiales de calidad y responsabilizarse de daños vistos y ocultos durante 10 años. Las viviendas tendrán una opción a compra pasados 20 años. No se podrán vender en el mercado libre. No se podrán arrendar ni ser utilizadas como negocio en ningún caso (alquiler de habitaciones). Habrá que residir en Ceuta un mínimo de 6 meses para optar a vivienda pública. Las recaudaciones por multas o sanciones económicas revertirán en este proyecto.

Otro asunto que no debemos olvidar es el censo de viviendas en el Príncipe; rehabilitar, llevar un control de las construcciones ilegales y dotar al barrio de las infraestructuras necesarias que ahora están en precario. ¿Nos ponemos manos a la obra?