Intervención aboca a la Ciudad a un delito de abandono si SAMU se va

La Intervención no quiere pagar ni un euro más a la Fundación SAMU, a la que hace un año se encargó por emergencia atender a buena parte de los cerca de 1.400 niños migrantes no acompañados que se quedaron en Ceuta tras la crisis migratoria de mayo. El problema no ha terminado y continúa siendo indigerible para la administración en solitario, pero el órgano fiscalizador mantiene su negativa a abonar las contraprestaciones acordadas (entre 50 y 70 euros por niño y día, según su número), como viene haciendo desde enero, pero ante la advertencia de la entidad de abandonar el servicio la Ciudad queda abocada a incurrir en un presunto delito de abandono de menores, según fuentes jurídicas.

El conflicto desatado por la “hostilidad” de la Intervención se produce cuando todavía no se ha cumplido un año de las expulsiones de agosto que mantienen a la consejera de Presidencia, Mabel Deu, y a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, denunciadas por la vía penal por la Fiscalía por presunta prevaricación continuada.

El órgano fiscalizador, que con otros casos como los de las Brigadas Verdes y distintos convenios de todo pelaje ha exhibido cintura y flexibilidad, aplica puño de hierro “arbitrario” con SAMU a pesar de que todas las fuentes consultadas coinciden: la Ciudad sería “incapaz” de atender en solitario a los 300 menores foráneos sin compañía que tutela actualmente. De hecho, un 40% están a cargo de la oenegé en Hadú y Piniers, donde ha instalado viviendas colectivas prefabricadas concebidas como recursos permanentes para Ceuta.

El Gobierno de Vivas recibirá este año casi 4,5 millones de euros del Estado para atender las competencias de menores que asumió hace más de dos décadas, casi el doble que en 2021, pero en 14 meses no ha articulado alternativas estables y solventes de gestión de las mismas ni recursos estructurales suficientes a su disposición.

Desde el punto de vista de la Intervención la emergencia decretada el verano pasado, con la que se ha declarado abiertamente hostil verbalmente y por escrito, ya no puede sostenerse, pero el expediente iniciado desde la Consejería de Presidencia en mayo, hace más de un mes, cuando se estabilizó el número de tutelados, para sacar a licitación la atención a un centenar de menores extranjeros no acompañados (la Ciudad tutela actualmente a un total de unos 300, más de 40 recibidos entre junio y lo que va de julio), no ha completado todavía ni siquiera su tramitación administrativa previa para poder ser publicado y adjudicado, lo que de facto inhabilita cualquier alternativa.

Con las infraestructuras se ha sido tan o más ineficiente. El Centro de Realojo Temporal ‘La Esperanza’, la salida supuestamente provisional que la Ciudad encontró en 2012 para cerrar ‘San Antonio’ apurada por la Fiscalía, sigue teniendo sus pisos primero y segundo cerrados y en estado ruinoso e inutilizable desde hace un lustro. En la planta baja, con capacidad para 60, se alberga a alrededor de 80 jóvenes desamparados.

El resto, más de 70, se encuentra en el sótano de ese mismo inmueble a cargo también de SAMU, que ya tuvo que gestionar en ese mismo espacio una acogida de emergencia con módulos prefabricados a finales de 2018, en Piniers, en alojamientos externos como los que utiliza Engloba e incluso derivados a otras autonomías.

El nuevo equipamiento específicamente diseñado para atender a menores extranjeros no acompañados, en el que el Estado se ha comprometido a invertir algo más de 6 millones para su construcción sobre el solar la antigua prisión de Los Rosales, ni siquiera tiene proyecto todavía.

El colapso del servicio público llegó a su cénit con la avalancha de mayo del año pasado

La negativa de la Intervención a pagar los servicios prestados por SAMU desde enero, facturas cuyo montante se cifra en alrededor de 2 millones de euros, ha llevado este mes a un retraso de casi diez días en el pago de las nóminas completas de sus cerca de cien trabajadores en la ciudad. El Patronato de la Fundación está, según ha advertido, valorando la posibilidad de abandonarlo, lo que dejaría a más de 130 niños sin atención en un momento en el que el ritmo de llegadas irregulares se ha duplicado con respecto a los primeros cinco meses del año, de uno cada dos días a casi uno por jornada.

El continuo incremento de la entrada de menores desamparados en la ciudad mantiene desbordados desde hace casi cuatro años los recursos de la Ciudad, que ha intentado sin éxito adjudicar su atención externalizada incluso en otros puntos del país y en otras ocasiones ha recurrido a distintas entidades sociales como Cruz Roja en calidad de colaboradoras externas. El colapso del servicio público llegó a su cénit con la avalancha de mayo del año pasado, pero el estrangulamiento desde la Intervención de los mecanismos de asistencia por emergencia implementados deja a la administración local “sin herramientas para cumplir sus obligaciones legales con un colectivo considerado de extrema vulnerabilidad”.

SAMU comunica 20 despidos y el cierre de Piniers IV

La Fundación SAMU comunicó ayer a los trabajadores adscritos a Piniers IV, donde permanecen acogidos algo más de 30 menores extranjeros no acompañados en las viviendas colectivas que la entidad comenzó a abrir en marzo, que cerrará ese módulo a finales de este mes y que 20 empleados serán despedidos, tanto los 15 que permanecían activos como cinco que se encontraban en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Según fuentes del grupo de afectados, los responsables de la empresa alegaron para justificar la decisión los impagos de la Ciudad durante los últimos seis meses. En esas instalaciones se da cobijo a la mitad de los niños migrantes solos que SAMU atiende en Piniers. La Fundación eludió aportar ayer a El Faro ninguna explicación sobre la decisión adoptada.

La entidad preveía resolver durante este mes el futuro laboral de los 14 trabajadores que incluyó en abril en un ERTE. En su cuenta de cotización en la ciudad mantenía en junio a 98 empleados.