El Ministerio del Interior se ha comprometido a desplegar en las fronteras de Ceuta y Melilla “todas las capacidades y dispositivos” que estén a su alcance “con la intención de evitar aglomeraciones de viajeros y esperas innecesarias” como las que se dan actualmente, sobre todo en el lado marroquí.
En su respuesta a varias preguntas por escrito formuladas por el diputado vasco Jon Iñarritu, el Gobierno de Pedro Sánchez ha precisado en relación con el estado de las obras de la ‘frontera inteligente’, que arrancaron en septiembre de 2022, que deberían estar concluidas a finales del próximo verano.
El proyecto, que tiene una inversión de 6,8 millones de euros, supondrá “un cambio radical en el funcionamiento del paso fronterizo” apostando por un modelo “basado en la agilidad y la seguridad”.
“La fase dos del despliegue del sistema, que requiere el acometimiento de obras en las infraestructuras para poder albergar el nuevo equipamiento técnico, tiene un plazo estimado de ejecución de 12 meses”, ha indicado el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
El nuevo sistema realizará un reconocimiento facial y dactilar de las personas nacionales de los países que, como Marruecos, no pertenezcan al ‘espacio Schengen’. Estas tendrán que aportar su pasaporte y sus datos serán almacenados en la base de datos central en Estrasburgo.
La información personal que recojan las Fuerzas de Seguridad en los controles fronterizos del Tarajal servirá para fines estadísticos, aunque también se podrá utilizar “para la prevención, preparación y respuesta frente a atentados terroristas u otras amenazas delictivas graves”. Podrá ser cedida a autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, así como a “otros órganos del Estado implicados con competencia en las materias”, pero “no se realizarán transferencias internacionales”.
El nuevo modelo, que incorporará sistemas como el SES (Sistema de Entradas y Salidas) o el Sistema de Paso Ágil (SPA), se implantará en todos los Estados miembros de la UE y aportará “garantías de seguridad” y “una vez realizado el registro previo, agilizará las sucesivas entradas y salidas del ‘espacio Schengen’ utilizando estos datos biométricos”.
Se aplicará a los viajeros que crucen el Tarajal y estén sujetos a la obligación del visado, incluidos aquellos que están exentos y se admitan para una estancia de hasta 90 días durante un período de seis meses.
Según Interior, “hay que tener en cuenta que un gran número de los viajeros que pasan las fronteras de Ceuta y Melilla son en su gran mayoría trabajadores transfronterizos, viajeros frecuentes y comunitarios que tienen residencia europea, por lo que no les sería de aplicación este sistema”.
Las actuaciones tienen por finalidad “aumentar la eficacia y la seguridad de los controles fronterizos mediante la automatización de los procesos de control de viajeros al objeto de evitar el paso de personas que no cumplan las condiciones de entrada o que sobrepasen el periodo de estancia autorizado; combatir la usurpación de identidad y la utilización fraudulenta de documentos de viaje; contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves y permitir obtener información en las investigaciones de dicha clase de delitos relacionada con las personas que hayan cruzado las fronteras exteriores.
El alcance del proyecto es “el despliegue de sistemas inteligentes que permitan el registro y la verificación de la biometría y el cálculo y la supervisión del periodo de estancia autorizado, entre otros, con equipamiento tecnológico de última generación”.
El SES sustituirá el actual sistema que requiere mucho tiempo consistente en el sellado manual de pasaportes, que no ofrece datos fiables sobre los cruces de fronteras y no detecta de forma eficaz las personas que hayan sobrepasado el período de estancia autorizada.
Los datos que recoja se conservarán durante tres años para los viajeros que respeten las normas de estancia de corta duración y durante cinco años para los que hayan sobrepasado el período de estancia autorizada.
Interior ha asegurado a Iñarritu que las Fuerzas de Seguridad “respetan escrupulosamente las previsiones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en particular, en el artículo 520”, en lo que a los protocolos de detención se refiere. Con respecto a los extranjeros, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha indicado que “en el caso de un procedimiento administrativo de devolución, una vez realizados los trámites urgentes derivados de la llegada (asistencia sanitaria, humanitaria, etcétera), el abogado es requerido, junto con el intérprete (caso de ser necesario), para que esté presente en la notificación del procedimiento de devolución, no existiendo un tiempo determinado mínimo ni máximo, sino que lo determina el caso concreto, destacando que la detención de un extranjero por esta causa no puede prolongarse más allá de las 72 horas”. De manera general, los agentes, cuando efectúan el arresto de una persona responsable de un presunto hecho delictivo, solicitan con carácter inmediato al Colegio de Abogados correspondiente la personación de un letrado (elegido por el detenido o determinado de oficio por dicho órgano colegiado), para que asista en sus derechos a la persona detenida. La normativa procesal no determina la duración temporal de la asistencia letrada hasta la puesta a disposición judicial.
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