Las interferencias de las compañías de Marruecos, a debate

El Gobierno central ha anunciado a la senadora por Ceuta Yolanda Merelo que “próximamente” se celebrará una reunión bilateral con las autoridades marroquíes para “revisar” el acuerdo firmado en mayo de 2015, hace ahora siete años, sobre coordinación de frecuencias y reparto de canales preferenciales a utilizar por los operadores de cada uno de los dos países con objeto de evitar las interferencias que sufren los usuarios al menos en territorio español por parte de compañías marroquíes, tanto en Ceuta como en la costa de Cádiz, algo por lo que el Pleno acordó a mediados de 2020 emitir una queja formal a la Administración General del Estado.

El Ejecutivo de Sánchez también quiere “incluir nuevas bandas” en ese acuerdo y “revisar la mayoría de ellas para su uso con tecnología 5G”.

Los dos países pactaron en 2015 las condiciones técnicas de uso de frecuencias y canales de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en aplicación de las condiciones técnicas de uso de las Recomendaciones y Decisiones aprobadas por la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT, según sus siglas en francés), que Marruecos aplica en muchos casos, aunque no es miembro.

Los problemas, sin embargo, no han cesado y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital “tiene constancia” de ello. De hecho, el 28 de mayo del año pasado se recibió en la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y Servicios Digitales una queja del Ayuntamiento de Tarifa alertando del “elevado número de reclamaciones” recibidas por la Oficina municipal de Consumo debido a “los problemas ocasionados por la proximidad de las antenas de las redes marroquíes, que ocasionan una conexión automática de los móviles de los consumidores con el consiguiente incremento de la facturación”.

Después de realizar las averiguaciones oportunas con los operadores, el 24 de septiembre se remitió por parte de la Subdirección General un informe al Consistorio gaditano reflejando “las soluciones y gestiones realizadas por los operadores”.

En 2018 varios diputados del PP ya preguntaron al Ejecutivo central qué se podía hacer para evitar que los caballas tuvieran que hacer frente a facturas disparadas cuando, por error o distracción, quedaban conectados a operadoras foráneas y realizaban o contestaban llamadas o descargaban datos.

“¿Es ajustado a derecho que se aplique a los ciudadanos residentes en Melilla o Ceuta el cargo de roaming internacional o itinerancia, estando dentro del territorio nacional, y con servicios, servidores y productos españoles?”, interpelaron entonces parlamentarios de las dos ciudades autónomas.

“Entre los operadores de los países se realiza una coordinación para evitar interferencias y cada vez tiende a minimizarse más ese efecto”, respondió el Gobierno, que aseguró ver “imposible” realizar una planificación que evite del todo “que en alguna zona se reciba mejor la señal del país fronterizo”, algo que en Ceuta sucede con frecuencia tanto en diferentes puntos de García Aldave como en el Monte Hacho.

Merelo utilizó esa posibilidad para alertar de un posible factor de riesgo de “seguridad” si alguna persona utiliza “una tarjeta prepago sin identificación” adquirida en territorio del país vecino desde territorio nacional.