La
funcionaria de alto nivel de la
Ciudad Autónoma de Ceuta a la que se encargó instruir el expediente incoado para aclarar las causas del mal ambiente laboral detectado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el área de Registro de la
administración local ha solicitado ser apartada del procedimiento.
Lo ha hecho alegando que no puede continuar desarrollando ese trabajo tal y como lo ha hecho hasta ahora “dentro de los parámetros de la más estricta objetividad, independencia e imparcialidad” porque el expedientado, el
jefe del Negociado, actualmente separado cautelarmente del mismo, le ha dirigido “agresiones verbales” que han derivado en “una enemistad manifiesta” y “bidireccional”.
“Los ataques sufridos hacia mi persona me incapacitan para continuar mi labor de forma neutral”, ha alegado la empleada pública como causa de abstención.
Según las fuentes consultadas por este periódico, la hasta ahora instructora ha manifestado que aunque durante la primera parte de su misión “no existió ningún indicio de pérdida de imparcialidad”, las acusaciones vertidas por la representación
letrada del expedientado tanto en el escrito de alegaciones al pliego de cargos como en el de su recusación (que ella ha rechazado), suponen “un ataque profesional e incluso personal” que la incapacita para continuar realizando su labor de forma neutral.
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público prevé como causa de abstención en un procedimiento “tener amistad íntima o enemistad manifiesta”. Igualmente prescribe que “la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido”.
Este expediente es el segundo terremoto que sacude al Negociado de Registro de la Ciudad, que ya se vio directamente afectado a finales de 2021 por la denuncia de una trabajadora por presunto acoso sexual en el ámbito laboral.
El caso ha llegado al
Juzgado de lo Social, donde se ha registrado una demanda contra la administración local. La misma se dirige contra la institución como empleadora de la demandante e individualmente contra el superior y supuesto infractor (el jefe de Información y Registro), el mando de la
Policía Local que instruyó el expediente disciplinario que terminó proponiendo archivar y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, que hasta mayo era competente en materia de Recursos Humanos.
En todos ellos aprecia la denunciante que tendieron una especie de “manto protector” sobre un funcionario que se habría propasado verbal y físicamente durante meses. Tras la apertura de las pesquisas disciplinarias por la supuesta comisión de una falta muy grave el señalado fue cambiado de puesto de trabajo, pero después se ha autorizado que prolongue su dedicación al servicio pese a haber cumplido la edad de jubilación.