Instituciones penitenciarias busca un médico fuera de Ceuta tras una jubilación

La entidad también inicia un proceso para asegurar la cobertura del servicio de psiquiatría por “escasez” de especialistas

Psiquiatras, dentistas y médicos son los profesionales que buscan fuera de Ceuta desde instituciones penitenciarias. Desde la entidad responsable de la cárcel de Mendizábal inician tres procedimientos para brindar servicios de salud mental, atención integral y odontología a sus internos.

El organismo público no puede proporcionar las tres prestaciones en el presente por una serie de motivos. El ente asegura que no puede cubrir la asistencia médica que hasta la fecha estaba a cargo de un doctor contratado en plantilla.

La actividad ha cesado tras la su jubilación, lo que “ha generado una vacante estructural que no ha podido ser cubierta de forma inmediata con personal propio”. Este es el motivo por el que tramita un contrato para garantizar la reanudación de las intervenciones pausadas tras el fin de la trayectoria del facultativo.

“Esenciales y obligatorias”

Los responsables de la prisión aseguran que “dicha circunstancia compromete unas acciones que resultan esenciales y obligatorias”. Al mismo tiempo, afirman que lo sucedido “afecta al funcionamiento normal”.

El presupuesto invertido para este fin asciende a 50.400,00 euros. El adjudicatario debe proporcionar una cobertura general y urgente. Su obligación también es desarrollar valoraciones, reconocimientos y emisiones, así como asegurar el seguimiento personal.

Los representantes de la clínica que sea escogida también se comprometen a dar asesoramiento sanitario al órgano contratante, coordinarse con los servicios de prevención de riesgos laborales y custodiar la documentación de los pacientes. 

Psiquiatría

Los directivos de la empresa son los que desplazan hasta el Fuerte de Mendizábal los médicos, los profesionales y el material necesarios que velen por la salud de los internos. Si se comete un fallo, “responderán ante la Dirección del Centro por cualquier incumplimiento de las condiciones”.

No es la única asistencia que requieren para los usuarios de la cárcel. La atención en salud mental también es una función que, desde instituciones penitenciarias, derivan fuera del área sanitaria pública local.

Indican en el informe de justificación que la “ausencia o escasez” de especialistas es la que lleva a invertir para contar con la prestación de una clínica externa. Esta razón “sumada al colapso de la salud mental en el Hospital Universitario” los conducen a esta elección.

Vulneración

“Es preciso que desde la Administración Penitenciaria se adopten medidas extraordinarias como la contratación externa para evitar la vulneración de derechos fundamentales de la población reclusa”.

Si no surgen obstáculos, está previsto que comience el próximo uno de abril. La fecha de finalización establecida es el 31 de marzo de 2027. El presupuesto alcanza los 16.200,00 euros.

El adjudicatario está obligado a brindar al personal, es decir, a médicos especializados en Psiquiatría con “experiencia acreditada en funciones similares”. El facultativo debe desplazarse hasta la cárcel y cumplir con todos los requisitos reflejados en el contrato.

Un médico

Desde instituciones penitenciarias demandan que sea un único doctor el que siempre atienda a los internos con la excepción de una causa “de fuerza mayor”. Este es el que tiene que responsabilizarse de la citación de pacientes y la gestión de la lista de la consulta.

La solicitud de la prestación se tramita mensualmente desde el área médica de la cárcel. Como máximo, por cada día de visita, el sanitario debe atender a 15 reclusos en horario de cuatro a ocho de la tarde. El centro escogido para esta labor se compromete a desarrollar como mínimo 10 actos “cada uno de ellos por mes”.

Al servicio de psiquiatría y medicina integral se une el de odontología. Al igual que el de salud mental, comenzará el uno de abril y finalizará al término del mes de marzo de 2027. El coste de la contratación alcanza los de 6.600,00 euros.

La empresa escogida debe proporcionar a un odontólogo con experiencia acreditada que se traslade hasta la prisión. La demanda de su ejercicio profesional se efectuará de forma mensual.

El dentista tiene que llevar a cabo un máximo de 15 intervenciones en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 horas. Principalmente realizará tanto extracciones simples como complicadas “que no precisen de un ambiente hospitalario y radiografías.

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