Una persona gamberra es aquella que "comete actos incívicos para producir molestias o perjuicios a otras personas, especialmente en la vía pública". También es el que "escandaliza, molesta o comete destrozos en sitios públicos".
Como vemos, la definición es bastante amplia y no se circunscribe a aquellos grupos de desalmados que destrozan parques o jardineras, que todos tenemos en mente. También a los que "escandalizan", "molestan", "causan perjuicios"... Pero sigue siendo un concepto demasiado abierto. Aparte de lo que significan estos conceptos, está el prisma desde el que se miren.
Dicho lo anterior, la pregunta es si una institución, pública o privada, puede ser considerada como gamberra. Yo pienso que sí. Igual que pueden cometer delitos. Evidentemente, los actos de gamberrismo de las instituciones se llevan a cabo porque son ordenadas, o consentidas, por sus responsables, que son personas físicas. Hay muchos ejemplos de actos de gamberrismo de las instituciones, públicas o privadas, que causan un perjuicio importante a los ciudadanos. Una dilación indebida de los procedimientos a causa de peticiones no contestadas, un acta de infracción levantada, incluso habiendo dudas razonables de que no prosperará en la vía judicial, una detención arbitraria, una carga policial inoportuna y excesivamente brutal, una filtración periodística interesada, maniobras dilatorias continuas de los letrados de las instituciones en los pleitos que se llevan contra ellas, un cargo público con intereses en sociedades constituidas en paraísos fiscales, una utilización interesada de la institución para beneficiar a los "amigos", o para financiar a su partido... La lista podría ser interminable. Y seguro que cualquiera de los lectores de este artículo puede poner cara a alguna de estas situaciones.
Durante el tiempo que estuve ejerciendo de abogado, una de las cuestiones que menos soportaba en los tribunales eran las maniobras dilatorias de los letrados, aunque fuesen comprensibles desde el punto de vista del ejercicio de la legítima defensa. El hecho de rehuir la entrada en el fondo del asunto siempre lo he considerado como un acto de suprema cobardía totalmente inadmisible. Pero lo que ya roza la vulneración de derechos constitucionales son las maniobras dilatorias premeditadas que buscan que el ciudadano abandone sus acciones. Es el caso de lo que nos está ocurriendo con la Agencia IDEA de Andalucía.
Esta institución se constituyó para facilitar el desarrollo económico regional. Sin embargo, gran parte de sus cargos directivos están siendo investigados por malversación de fondos públicos. En el caso que ahora expongo, se trata de una pequeña empresa familiar de pan artesano y ecológico granadina, que se constituyó hace ahora poco más de año y medio, al amparo de los proyectos auspiciados por la Universidad de Granada. Las dos emprendedoras, madre e hija, llevaban bastante tiempo en el paro y decidieron tirar para adelante, pese a la agobiante crisis económica que nos atenazaba. Además de los préstamos obtenidos en los bancos, solicitaron una pequeña subvención a la Agencia IDEA, que sólo daba para cubrir un escaso 20% de la inversión total. Sin embargo, a pesar de cumplir todos los requisitos, esta Agencia decidió aplicar injustamente una reducción del 30%, por razones totalmente espurias. Este pequeño incidente les supuso un alto coste financiero. Finalmente tuvieron que recurrir la decisión y acudir a los Tribunales de Justicia.
El acto de Juicio Oral se había fijado para el mes de noviembre de 2015 en los Juzgados de lo Contencioso de Granada. Pero no pudo ser. La letrada que representaba a la Agencia IDEA alegó incompetencia de jurisdicción, aprovechando el hecho de que las resoluciones de dicha Agencia, pese a que se elaboran y ejecutan en las direcciones provinciales, las firma el director general, por delegación del consejero. Por ello, existen dificultades para fijar la competencia a los distintos juzgados. El hecho fue que el juicio se derivó a los Juzgados de lo Contencioso de Sevilla capital, y se fijó para un año después. La gravedad de lo que cuento es significativa. A partir de este hecho, y con la legislación de la Junta de Andalucía en la mano, cualquier acción que pretendan realizar los ciudadanos contra decisiones arbitrarias e injustas de la Agencia IDEA, que no son pocas, tendrán que ventilarse en los Juzgados de Sevilla.
Pero la cosa no ha quedado aquí. Cuando parecía que todo estaba decidido, un nuevo escrito de la letrada de la Junta de Andalucía pretende dilatar nuevamente el Juicio, derivándolo a otro juzgado. En concreto, al Tribunal Superior de Justicia, que por su colosal atasco, tarda mucho más en resolver los asuntos. La conclusión no puede ser otra que estamos ante una institución gamberra, que se dedica a perjudicar a los ciudadanos de forma totalmente arbitraria e injusta. Si pensamos que la Junta de Andalucía está gestionada por el Partido Socialista, con Susana Díaz a la cabeza, comprenderemos lo difícil que va a ser para Podemos pactar con un partido que consiente estas gamberradas y tropelías con los ciudadanos.
Definitivamente, somos un país de instituciones gamberras, dirigidas por partidos políticos también gamberros. Por esto debe haber nuevas elecciones. A ver si ahora conseguimos que se vayan de una vez.
