Fuentes de la Administración General del Estado explicaron ayer que tras cualquier accidente laboral con resultado de muerte como el acontecido anteayer en Ceuta procede la apertura de una investigación de naturaleza “administrativa” por parte de la Inspección de Trabajo que puede extenderse “meses” y que incluye la recopilación del atestado policial, informes de la empresa, declaraciones de testigos, etcétera.

En paralelo, las diligencias elaboradas por la Policía son remitidas también al Juzgado de Instrucción de guardia, que en su caso y según la posición que adopte la Fiscalía puede ordenar la apertura de una causa penal a la que termina incorporándose también el expediente de la Inspección, según refirieron ayer fuentes sindicales que lamentaron la “escasísima” celeridad con la que se tramitan estos procedimientos.

Las empresas están obligadas a comunicar a la Inspección de Trabajo cualquier accidente grave o muy grave (que impliquen fallecimiento o afecten a más de cuatro trabajadores) en menos de 24 horas desde que se produce.

Entre enero y mayo de este año se había registrado en la ciudad autónoma un total de 234 accidentes de trabajo en jornada, todos ellos leves, y 44 en itinere, ninguno grave tampoco, según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.