La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) y la Junta de Personal Docente No Universitario acordaron ayer que la Inspección educativa ampliará a todos los institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la ciudad la evaluación de sus Planes de Convivencia que ya estaba realizando en algunos para ahondar en la sensación que sobre su efectividad y cumplimiento tienen los distintos agentes de cada comunidad educativa y adoptar, en su caso, posibles cambios y mejoras.
El director provincial, León Bendayán, y los jefes de la Inspección y la Unidad de Programas Educativos, Javier Martínez y Milagros Pérez, se reunieron ayer con el presidente de la Junta, Francisco Lobato, y representantes de los cuatro sindicatos que la integran (FeSP-UGT, FECCOO, CSIF y ANPE) para, en primer lugar, manifestar de forma consensuada su “solidaridad, apoyo y respaldo a la profesora agredida la semana pasada en el IES Abyla, al centro y a su equipo directivo”, según explicó Bendayán.
“La violencia o la conflictividad en el ámbito educativo es un tema de todos en el que deben implicarse las familias, los docentes, el alumnado, la Administración... Hechos lamentables como el registrado, aunque sean puntuales, pueden servirnos para profundizar en la impresión que sobre esta problemática tiene la comunidad educativa y, si se puede, seguir mejorando para prevenir o corregir unos derroteros que a nadie convienen”, apuntó el director provincial pese a que la Administración no comparte “ a la luz de las estadísticas de partes y expedientes abiertos” la impresión de Lobato de que la conflictividad, al menos la de “baja intensidad” en forma de indisciplina o agresiones verbales está creciendo.
“La Dirección Provincial tiene unos datos y una sensación y nosotros, porque así nos lo transmiten los profesores, otra, pero lo importante es que hayamos dinamizado esto y que la Inspección vaya a extender a todos los institutos, que es donde creemos que se concentran los problemas, el diagnóstico de sus Planes de Convivencia para ver si está fallando algo, qué y cómo se puede corregir”, valoró el presidente de la Junta de Personal en declaraciones a este periódico tras la cita.
Los centros están obligados por ley a tener un Plan de Convivencia incorporado a la programación general anual con “todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes del alumnado y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente”.
También debe contemplar “la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación”.
El consejero de Educación del Gobierno ceutí, Javier Celaya, planteó en las Cortes en la Ponencia del Pacto por la Educación para contribuir a controlar la conflictividad en los centros escolares “la incorporación de la figura de los educadores sociales, que podrían ser especialmente provechosos para todo lo relacionado con los Planes de Convivencia y luego técnicos superiores en promoción de la igualdad de género” porque “la LOMCE también introdujo o reforzó la necesidad de realizar campañas en los centros para fomentarla” y porque “sería un formidable nicho de empleo” para esos profesionales.
Celaya también opinó, sobre la carrera profesional de maestros y profesores, que “no cabe duda que los futuros docentes deben aunar una sólida formación didáctica y pedagógica con la preparación en habilidades sociales, resolución de conflictos para la mejora de la convivencia y la prevención de toda forma de acoso”.
Preguntado por la situación en la ciudad, refirió que “evidentemente, problemas de convivencia hay en todas partes y muchas veces más asociadas a la edad, quizás primero o segundo de la ESO suelen ser las edades más conflictivas, que no realmente a la mezcla de alumnos de diferentes orígenes étnicos o culturales y religiosos”.
“En Ceuta”, añadió, “no hay especialmente una incidencia de problemas de convivencia interétnica o interreligiosa, hay los normales y corrientes en cualquier parte, entre otras cosas, porque realmente ya la mayoría de nuestro alumnado entre los 3 y los 12 años ya es de origen musulmán, ya es el 63%, y en algunos centros la inmensa mayoría”.
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