Así es la situación para los ciudadanos que se asoman cada día a los titulares de los medios de comunicación y se topan con continuos escándalos de corrupción que afectan a partidos políticos e Instituciones. La lista empieza a ser interminable: por centrarnos en las últimas semanas, nos encontramos con más flecos del caso Urdangarin; el caso Pallerols relacionado directamente con la financiación de Unió Democrática de Cataluña; el entramado financiero de la familia Pujol, donde ya no se sabe cuál de los hijos es más listo y espabilado para los negocios; y por si faltaba algo, se acaba de saber que el que fuera gerente del PP durante diecisiete años (1991-2008), tesorero de 2008 a 2009 y senador, Luis Barcenas, tenía nada más y nada menos que 22 millones de euros en Suiza.
Ya no es suficiente con que los responsables políticos afirmen, para defenderse, que la mayoría de ellos son honrados; que se ponga como ejemplo la dedicación a la cosa pública de miles de concejales de ayuntamientos que no cobran un solo euro por el tiempo que dedican a su municipio. No, eso ya no es suficiente. Los ciudadanos quieren que caiga todo el peso de la ley sobre todos aquellos políticos que se han aprovechado de sus puestos para el enriquecimiento personal o para financiar ilegalmente a su partido. La corrupción es un mal que hace un enorme daño a la salud del sistema democrático y como los que están en condiciones de atajarla no se pongan a ello, las consecuencias pueden ser nefastas.
No es tolerable el escándalo de la familia Pujol, donde un hijo tiene una colección de coches de lujo; otro traslada a Andorra bolsas con fardos de billetes de 500 euros; el de más allá tiene todo tipo de negocios e inversiones en las Américas y el jefe del clan familiar no tiene otra ocurrencia que preguntar en televisión "¿quién coño es la UDEF?", en referencia a la unidad policial encargada de la investigación de los delitos económicos. Como tampoco es tolerable ni entendible que todo un gerente y tesorero del PP pudiera amasar esa enorme fortuna mientras que desempeñaba esos cargos en la dirección nacional de su partido y ninguno de sus jefes supiera o sospechara nada de nada.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha lanzado una propuesta que dado el panorama de corrupción en el que vivimos tiene todo su sentido: crear en el seno de los partidos políticos la figura de una especie de "fiscal anticorrupción" ante la que los afiliados o simpatizantes pudieran denunciar las supuestas conductas o comportamientos ilícitos de las que tuvieran conocimiento de los cargos públicos de esa formación política. Es una idea. Algo hay que hacer y con urgencia, porque es obvio que esto no puede seguir así.
