Hace meses que la Autoridad Portuaria de Ceuta dio comienzo a la demolición del conjunto de viviendas unifamiliares, conocidas como los famosos chalés del puerto.
Se trata de una operación urbanística de gran importancia estratégica, cuyo objetivo es transformar esa área en una nueva puerta de conexión entre el puerto y el centro urbano.
El proceso estaba inicialmente previsto para realizarse de forma progresiva, con la salida voluntaria o pactada de los ocupantes.
Una demolición que ya debería estar más que acabada, pero que ha quedado bloqueada por un inquilino, prácticamente atrincherado en uno de los chalés.
Tan solo queda ese en pie y, aunque la Justicia ya le dio la razón al Puerto, este ciudadano se niega a abandonar la vivienda tras haber elevado recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ahora mismo se encuentra estudiando para dictaminar una sentencia definitiva que arroje luz a este conflicto.
Esta situación ha provocado retrasos considerables ya que impide encaminar adecuadamente todos los trabajos previstos para ejecutar la ansiada conexión urbana entre el puerto y la ciudad.
Las autoridades ven con preocupación cómo un solo recurso judicial puede frenar la transformación completa de una zona clave para el desarrollo económico y social de Ceuta.
El Puerto tiene muy presente el proyecto que está desarrollando en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuyo objetivo es transformar la zona en cuestión en un punto de interacción entre el ámbito urbano y portuario.
Esta ambiciosa transformación urbanística ha sido diseñada cuidadosamente para servir tanto al desarrollo logístico del puerto como al bienestar de los ciudadanos.
“El proyecto tendrá un impacto significativo en la circulación y en la percepción de la ciudad de Ceuta tal como la conocemos, cumpliendo con los objetivos de desarrollo establecidos en la ficha urbanística correspondiente, contenida en las Normas Urbanísticas de la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana”, detallan fuentes portuarias.
Además, se considera una oportunidad histórica para repensar la frontera entre la ciudad y el puerto, y hacerla más fluida.
Unos trabajos que proseguirán y que tienen como objetivo la demolición de todos los chalés.
“Se generarán espacios libres y se propondrán alternativas para mejorar la conexión entre el puerto y la ciudad, tanto para el tráfico peatonal como vehicular, a la vez que se cumplen los objetivos económicos de la Autoridad Portuaria, poniendo en el mercado parcelas de suelo de uso terciario”. Esto permitirá nuevas inversiones en comercios, oficinas y servicios.
En 1944, se construyeron 10 viviendas unifamiliares en estos terrenos, destinadas al personal directivo de la entonces Junta de Obras del Puerto, hoy conocida como Autoridad Portuaria.
Estas viviendas representaban en su momento una solución habitacional para el personal clave del puerto, pero con el paso del tiempo, su uso perdió sentido dentro del nuevo esquema funcional del área portuaria.
Posteriormente, en 2015, tras la aprobación de la modificación de la delimitación de los espacios y usos portuarios, se procedió a la desafectación de los terrenos, que pasaron a ser bienes patrimoniales de esta Autoridad Portuaria. Esta decisión administrativa fue el primer paso hacia la reordenación del suelo con fines comerciales, institucionales o de movilidad urbana.
Con fecha 24 de marzo de 2022, se adoptó por parte del Consejo de Administración iniciar el correspondiente expediente para la demolición de las viviendas número 10 y 11. Esta decisión marcó formalmente el inicio del proceso de eliminación de las estructuras existentes para dar paso al nuevo proyecto urbanístico.
El 2 de septiembre del pasado año se solicitó a Puertos del Estado la autorización para iniciar las obras de demolición.
El 28 de septiembre, la Autoridad Portuaria recibió un informe en el que se le indica que, una vez concluidos los trabajos de demolición, deberá regularizar la situación física y jurídica del inmueble, realizar su valoración, y obtener la aprobación del Consejo de Administración para el procedimiento correspondiente de enajenación o cesión gratuita.
Posteriormente, el expediente patrimonial deberá remitirse a Puertos del Estado para su tramitación. Este paso es fundamental para que la operación tenga validez legal y cuente con todos los respaldos normativos exigidos por el marco estatal. Además, demuestra que el proceso se está llevando a cabo con el rigor jurídico y administrativo necesario para una intervención de esta magnitud.
Además, el pasado 8 de noviembre de 2024, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta adoptó la decisión de iniciar la demolición del conjunto de viviendas unifamiliares ubicadas en el Muelle España, conforme vayan quedando desocupadas. Así, la estrategia sigue siendo progresiva, respetuosa con los procesos judiciales en curso y alineada con los plazos que marca la normativa.
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