Hablar de enchufismo en nuestra ciudad es más habitual que los temporales. Si se aprueba una oposición todo el mundo habla de que si fulano es hijo de, sobrino de o que es muy amigo de tal. Eso son habladurías que de ser ciertas y existir pruebas podrían llevar a los responsables a sentarse en el banquillo de los acusados. Enchufar o darle un trabajo en la administración a una persona que no le corresponde no es otra cosa que vulnerar los derechos de una tercera persona y un delito. Pero son simples habladurías que no hay que tener en consideración.
En el caso Emvicesa las habladurías eran constantes, pero no dejaban de serlo hasta que el tema se investigó y judicializó. Ahora toca saber quién o quiénes son los responsables de que personas que no tenían derecho a una vivienda o que tenían menos derecho disfrutan de un piso que no les correspondía por enchufismo, corrupción o por entregar dinero a cambio de una vivienda. Lo único cierto “hasta ahora” es que hay personas que no disfrutan de una vivienda porque fueron adjudicadas a otros ciudadanos que tenían menos derecho. Familias que han sido perjudicadas y que no se les repararán el daño. Estos son los inocentes del caso Emvicesa, son todas las familias que han dejado sin vivienda por incompetencia, corrupción o enchufismo. Esos son los únicos inocentes hasta ahora.
"Lo leído hasta ahora sobre algunas defensas es el poco interés que tienen en evidenciar la inocencia de sus representados y el mucho empeño en cuestionar errores en la instrucción, presuntas escuchas irregulares y un sinfín de excusas o argumentos jurídicos"
La inocencia es estar libre de culpa o responsabilidad, lo que en términos coloquiales es no tener nada que ver en un asunto. Eso es lo que los jueces tienen que determinar, entre otras cuestiones. Sin embargo, lo leído hasta ahora sobre algunas defensas es el poco interés que tienen en evidenciar la inocencia de sus representados y el mucho empeño en cuestionar errores en la instrucción, presuntas escuchas irregulares y un sinfín de excusas o argumentos jurídicos. Lo que algunos buscan es que no condenen por fallos en la instrucción, no por ser inocentes o no tener responsabilidad en dejar a ceutíes sin una vivienda que les correspondía.
Pero la mayor desilusión de los ceutíes es que los que tenían la responsabilidad y obligación de poner los mecanismos inspectores necesarios para que estas cosas no ocurran no actuaron con la diligencia debida y esa falta de diligencia no sólo ha perjudicado a cientos de familias, también a la credibilidad del buen funcionamiento de la administración. Una falta de credibilidad que crea una desafección de los ciudadanos en el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos y en lo que los ciudadanos honrados esperan de la democracia.