En las campañas electorales surgen a veces ciertas propuestas que después suelen resultar imposibles de llevar a la práctica. Algo así se cierne sobre el anuncio efectuado esta semana por el candidato socialista (y que ya con anterioridad se había oído decir a los populistas) según el cual, de llegar al gobierno y en el plazo de seis meses, se crearía un “ingreso mínimo vital” de 426 euros mensuales para personas sin ingresos, cantidad que se incrementaría hasta 708 euros si tienen tres o más personas mayores a su cargo, amén de una ayuda por hijos.
Partiendo de la cantidad mínima, y teniendo en cuenta que los hogares sin ingresos en España son, según indican, unos 730.000, basta tomar la calculadora para comprobar que con el abono del citado salario mínimo, más el incremento por mayores y la ayuda por hijos, se superarían los 6.500 millones de euros al año, a lo que habría que añadir el sin duda elevado coste del personal que sería necesario dedicar a las labores de comprobación, abono y control de este nuevo servicio, pues la picaresca española es inveterada.
Todo cuanto sea posible hacer para evitar la pobreza debe hacerse. La grave crisis que se está superando ahora tiene su lamentable reflejo en el hecho de que todavía haya casi cuatro millones de parados, muchos de ellos sin ingreso alguno. En este sentido debe encomiarse, además del apoyo que al menos a una parte de ellos les están prestando sus familiares, la magnífica labor de Cáritas, del Banco de Alimentos y de otras organizaciones no gubernamentales, que vienen paliando tan penoso problema. Pero cargar al Estado con un costosísimo gasto en momentos en los cuales nuestra economía adolece aún de la necesaria fortaleza resulta una quimera.
Mientras desde las altas esferas de la UE y del Eurogrupo se nos está pidiendo que adoptemos mayores reformas, además de las que con tanto sufrimiento ha tenido que soportar el pueblo español para lograr vencer la crisis, incluir dicha nueva partida de gasto en unos presupuestos generales del Estado sometidos a sucesivas podas que incluso han repercutido en el funcionamiento del propio estado de bienestar, y además por un montante superior a los 6.500 millones de euros, se antoja un sueño imposible, y más si lo que se pretende es conseguir esa suma mediante una reforma fiscal, lógicamente al alza, que no parece ser aconsejable casi nunca, y menos en la actual coyuntura
Es necesario, además, plantearse la pregunta de cómo se seleccionaría a los eventuales perceptores de ese ingreso, porque no cabe duda de que mientras existen personas que quieren un trabajo, pero que no lo encuentran, hay otras que no dan, ni piensan dar, un palo al agua. ¿Acaso se beneficiarían esos “okupas” que con tanto mimo tratan las alcaldesas de Barcelona y de Madrid? Hay un viejo proverbio chino que dice eso de “no le des un pez, enséñale a pescar”. Para ello están los cursos de formación, no para repartir prebendas a costa del erario público, como se asegura que ha sucedido en Andalucía. Porque la llamada “sopa boba” es, aun a estas alturas, muy apreciada por bastante gente. En España se están creando empleos, por fortuna .y porque entre todos la hemos ido sacando adelante. No vayamos ahora a acostumbrar a personas pasotas e indolentes a seguir viviendo del cuento de por vida. Lo ideal es favorecer la creación de puestos de trabajo -cuantos más mejor- y dictar medidas que incentiven plenamente el establecimiento de nuevos emprendedores.
Por añadidura, no debo ocultar mi preocupación ante el pavoroso “efecto llamada” que podría tener, para Ceuta y para Melilla, ese prometido ingreso mínimo vital de 426 euros mensuales, más sus añadidos, cuando en el vecino Marruecos no solamente hay mucho paro, sino que, además, los salarios a quienes trabajan resultan ser bastante menores con respecto a esa cuantía mínima. Quiero suponer que, en el más que dudoso caso de que se lograra llevar a la práctica esta propuesta, serían adoptadas medidas preventivas absolutamente estrictas, porque la invasión podría ser imparable, afectando no solamente a estas ciudades, sino, a la larga, al resto de España.
Estas cosas, y otras más, deberían ser tenidas en cuenta antes de lanzar una promesa tan electoralista como difícil de poner en práctica. Las quimeras no suelen ser factibles, y estamos ante una auténtica utopía. Ojalá fuera posible atender a todos los que, de verdad, lo necesitan, pero los antes mencionados presupuestos generales no dan más de sí. Sigamos, pues, confiando y prestando nuestro apoyo a Cáritas y a las demás organizaciones que, con tanto esfuerzo, vienen ocupándose de ello.
