Aún no hemos digerido las evidencias inquietantes del SARS-CoV-2, comúnmente conocido como coronavirus, cuando nos encontramos sumidos en la pendiente de las fases de desescalada, tan abstraídos en las competencias de las Comunidades Autónomas o provincias y comarcas; o tan ensimismados si se abren o permanecen cerradas las terrazas o bares más próximos, que sin darnos cuenta, omitimos que una pandemia por su naturaleza es una crisis sanitaria de cotas inimaginables, que quizás, no dominaremos sin una agudeza política medianamente compartida.
Atrás, ha quedado nuestro memorable y admirable confinamiento, tan encomiado por las fuerzas políticas del arco parlamentario, que quedará en aguas de borrajas si no nos desenvolvemos con cordura y moderación, porque inexorable el COVID-19 continúa haciendo estragos.
Con lo cual, la valoración de los datos cuantitativos y cualitativos del escenario epidemial es primordial para conocer el ritmo de contagios, la carga de los centros sanitarios, pero, sobre todo, el total de finados que parece un misterio.
A estas alturas del azote epidemiológico no se han conjugado los criterios de recogida de datos con las Comunidades. El resultado es que habiendo transcurrido cien días encabezando una extensa y trágica lista de decesos por la enfermedad, continuamos sin saber la cantidad exacta de vidas que se ha cobrado el virus y ni mucho menos, se conoce con certeza cuántas personas perecen a diario por la incoherencia en el reporte de la información.
Antes de ceñirme en el laberinto a la hora de validar la cuantificación de óbitos, es preciso recordar que España es el país con más perecidos por millón de habitantes del planeta. Me explico: con las 43.945 muertes extras con respecto al año 2019, nos emplazaría por encima de 214 naciones. Del mismo modo, subiríamos al segundo puesto en defunciones totales derivadas del coronavirus.
Queda claro, que España es uno de los más castigados por la epidemia.
Según el contador de datos ‘Worldometers’, que proporciona estimaciones y estadísticas en tiempo real basados en diferentes algoritmos, nuestro país ocupa el sexto lugar en la cantidad de extintos de una relación conformada por 215 naciones. Por delante, nos antecede EEUU, Reino Unidos, Brasil, Italia y Francia y, por detrás, México, Bélgica, Alemania, Irán y Canadá. Mismamente, somos la tercera en la suma de fallecidos por habitantes y, que sin duda, entre las distintas regiones es la mejor instantánea que nos deja el rastro epidémico.
Las descriptivas manejadas son las que cada Administración ofrece a su población. Obviamente, España, con 46.753.936 millones de habitantes, registra 27.136 decesos y una media de 580 finados por millón de habitantes. Lo que entraña el número más elevado de los rastreados entre el resto. De acuerdo con estos dígitos, sólo es aventajada por Estados Unidos con 116.825; Brasil, 41.901; Reino Unido, 41.481; Italia, 34.223 y Francia, 29.374. Todos los países anteriormente mencionados, poseen un mayor censo poblacional.
Por detrás y con guarismos más favorables de este ranking tan particular, se hayan 209 estados. En lo que concierne a las víctimas por millón de habitantes, España es únicamente sobrepasada por Bélgica, estado con apenas 11.587.177 millones de habitantes que consigna 822 finados por millón de ciudadanos. Toda vez, que Reino Unido, con 67.868.549 millones de habitantes, reconoce 585 muertos por millón de habitantes.
Aunque el Ejecutivo Central lo vincula con esta patología al corresponder con los pacientes que preliminarmente han dado positivo en la prueba PCR, el Instituto Nacional de Estadística, INM, ha cuantificado el exceso de mortalidad en 43.945 personas en las veintiuna semanas del año que atañe hasta el 24 de mayo, inclusive.
Estaríamos refiriéndonos a los difuntos de más en el mismo periodo de 2019.
Lógicamente, como en dicho intervalo no ha existido otra variable más que la irrupción del virus, muchos expertos se han pronunciado atribuyendo este padecimiento a la causa principal de tantas defunciones, que resultan de un colectivo vulnerable que sucumbió en las residencias y al que no se le realizaron los análisis pertinentes, con anterioridad a los decesos que ratificaran la perturbación pandémica.
Si se tienen en cuenta los 43.945, en vez de los 27.136 que a día de hoy representan la totalidad, España, figuraría en el segundo del mundo por muertos, sólo a la estela de Estados Unidos y llevando la delantera a 213 países; además, de ser el que más óbitos alcanza por millón de habitantes, doblando a Italia, que contabiliza 556.
Con estas connotaciones preliminares, a los vaivenes incesantes en el baile de cifras que aporta el Ministerio de Sanidad, ha de articularse las diversas fuentes que han hecho público una cantidad muy superior a las que admite el Gobierno. Ante esta disyuntiva, se han homogeneizado los datos facilitados por las Comunidades Autónomas, CA, con métodos heterogéneos. Una cuestión inaudita, en los tiempos que vivimos.
Es más, la Organización Mundial de la Salud, OMS, subraya en las reseñas de su sitio web a 29.858 fallecidos en España por el COVID-19, en comparación con las 27.136 de las que el Ministerio de Sanidad expuso en su último recuento. Constituyendo una diferencia de +2.730 pérdidas humanas. Así es como se concreta en el organismo sanitario internacional, donde se procede a una comprobación minuciosa sobre los contagios y bajas a nivel global.
Y es que, la OMS, tajantemente ha hecho referencia a los -2.200 finados que Sanidad eliminó de manera drástica el 28 de mayo, mientras que ahora ha añadido a otros 800 decesos datados a 2 de junio.
Oficialmente y comunicándose el 3 de marzo, hemos de remontarnos al día 13 de febrero en el que sin saberse, se producía la primera víctima en España por el SARS-CoV-2. Era un enfermo ingresado en el Hospital ‘Arnau Vilanova’ de Valencia, al que se le efectuó el examen post-mortem, pereciendo finalmente por una neumonía de origen desconocido.
Horas más tarde, en el test practicado a esta misma persona se confirmaba el PCR+.
Ahondando en los procedimientos de recopilación de datos, ‘Our World in Data’ de la Universidad de Oxford, una publicación en línea que presenta indicaciones y resultados empíricos por medios de gráficos y mapas interactivos con las tendencias de cambios, indica que el 18 de marzo la OMS comprimió el tiempo máximo para informar, por lo que la comparabilidad de las cifras precedentes se vieron comprometidas.
Conjuntamente, puntualizó la localización de equívocos en la exploración y el uso de antecedentes emanados del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ECDC. Igualmente, se constataron contradicciones con otros indicios de información como la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, que planteó cantidades más altas que las justificadas por la OMS y el ECDC. Tal vez, englobara apreciaciones de probables positivos; si bien, las directrices se consideran prácticamente similares.
Introduciéndome de lleno en la materia que me lleva a este análisis, el pasado 12 de mayo entró en vigor la nueva ‘Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia’, con lo que se modificó la modalidad de compilación y reasiento de los balances en las distintas CA, para acomodarlos a la evolución epidemiológica.
Luego, cabría preguntarse, ¿a qué se deben estas incongruencias?, o ¿qué dirección han de tomar esos datos? Lo cierto es, que las diferencias no se producen exclusivamente en el encasillado de extintos, sino que se amplifica al de hospitalizaciones e ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCIS.
Partiendo de dos enfoques concretos, el primero, la información dada por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria, MoMo, que a partir de los detalles informatizados del Ministerio de Justicia, revela que entre el 17 de marzo y el 25 de mayo, respectivamente, se han ocasionado +43.000 muertes de las estadísticamente supuestas para este período del año, lo que entrevé un aumento del 42%.
Y, segundo, el Instituto Nacional de Estadística, INE, fundamenta las defunciones infundadas hasta el 24 de mayo que crecen a 225.930, o lo que es lo mismo, el 24,1%, +43.945 fallecidos, cómo precedentemente se ha citado en lo que se relaciona a 2019.
El MoMo es un sistema de vigilancia de la mortandad para todos los orígenes y computa la resta entre las muertes esperadas y las que sobrevienen, literalmente dice “que las defunciones se corrigen por el retraso en la notificación teniendo en cuenta tres factores: el número de defunciones notificadas diariamente, la distribución de defunciones notificadas diariamente y, por último, el número promedio de fallecidos por día, aplicando una regularización a la estimación por máxima verosimilitud”.
Por tanto, no son perecidos por coronavirus, sino estimaciones del exceso de mortalidad reconocidos.
Las referencias de MoMo tienen una demora en la fecha de comunicación y no todos los rastreos están computarizados, siendo la cobertura del 93% de la población. Simultáneamente, el INE, ha difundido una estimación en la cuantía de óbitos semanales del brote pandémico y sugiere, el reconocimiento de su carácter experimental y tomar las cifras con prudencia, dado que se adecuan con una muestra que podría subestimar o sobreestimar los guarismos.
Reiteradamente, por activa y por pasiva, el Ministerio de Sanidad ha defendido que la cifra no es definitiva y la mantiene congelada a la espera de la confirmación de las CA, hasta que concienzudamente se examinen los Certificados de Defunción con el motivo de la muerte, al objeto de verificar y resolver la serie histórica.
Pero, ¿cuál es hoy por hoy el itinerario sucinto en la captura de la información? El Ministerio de Sanidad puntualiza que las Comunidades incluyen los datos específicos con el instrumento de vigilancia SiViEs, que administra el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Precisamente, son los mismos que utiliza el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, CCAES, para reflejar el avance o retroceso de la crisis sanitaria con las actualizaciones diarias.
En otras palabras: cuando una Comunidad notifica el número de difuntos, no se adjudica al día anterior, por lo que no consta en el recuento de Sanidad. El dispositivo de registro ha sido parecido a lo largo de toda la epidemia, pero con el nuevo sistema han variado.
Sin embargo, concurren otros obstáculos que dificultan la clasificación de los informes: la plataforma aplicada circunscribe otras sintomatologías inmunológicas de declaración obligatoria, que pueden conllevar a una dificultad adicional, porque estas patologías que ya se daban, adquieren relativamente menos casos, pero con el desbordamiento epidémico, se barajan por decenas de miles.
De hecho, algunas de las tardanzas en el volcado de la información podría producirse por el volumen de los datos y la particularidad con la que entre tanto se transmite. A ello ha de unirse, la metodología vigente sustentada en la numeración de la Tarjeta Sanitaria, con el impedimento que no todas las Comunidades pueden presumir de tener uniformemente desarrollado el sistema.
Véase a la Comunidad Valenciana, que se identifica a través de la información que consta en la encuesta epidemiológica.
Así, cada persona cumplimenta un formulario y entre sus campos se encuadra el deceso y la fecha del mismo. Los indicadores demandados por el Ministerio se remiten regularmente junto con un reajuste de pormenorizaciones pospuestas.
La puesta en conocimiento se ejecuta de varias maneras: bien, con el sondeo explícito de los centros hospitalarios públicos o privados, que directamente notifican la mortalidad sucedida, aunque no en todas las ocasiones se materializa en el mismo día del tránsito; o con la elaboración y seguimiento de las encuestas epidemiológicas, una ruta que incumbe cierta dilación en los intercambios de los comunicados.
En el sistema electrónico dispuesto, la aplicación ‘Análisis de la Vigilancia Epidemiológica’, AVE, las encuestas se reconocen con nombre y apellidos, número SIP o Tarjeta Sanitaria, historia clínica si procede, fecha de nacimiento y domicilio. Pero estas identificaciones, no son las que habitualmente se avisan, sino que este método adopta un código de encuesta unívoco, que es el que se introduce.
En esta realidad, la Comunidad Autónoma de Castilla y León que en numerosos momentos ha mostrado sus reticencias en la praxis de las contabilizaciones, propone que el eslabón para el cómputo de muertes recaiga en el Registro Civil. Sin soslayarse, las innumerables alteraciones en las técnicas de recolección y notificación, que indudablemente han coadyuvado al desconcierto de las sumas.
Con todo lo referido, el Ministerio de Sanidad emitió el 16 de abril una Orden Ministerial por la que modificaba el procedimiento en la clasificación de los datos. Desde entonces, éstos detallan las particularidades de cada paciente: si ese individuo presentaba o no sospechas y se descubría su infección por PCR, por sus siglas en inglés, ‘Reacción en cadena de la polimersa’ o el test rápido de anticuerpos, incorporado más recientemente.
Ya, el 11 de mayo, con la Orden SND/404/2020, nuevamente se sustituyó la vía de recolección de datos en la fase de transición hacia una nueva normalidad.
A fecha 13/VI/2020, el Ministerio de Sanidad insiste en no restablecer la cantidad integral de finados por el COVID-19 y la conserva congelada, habiendo acumulado en las últimas siete jornadas 25 defunciones. De las cuales, 7 se han originado en Asturias; a las que le sigue, 5 en Madrid; 5 en Castilla y León; 3 en el País Vasco; 2 en Castilla-La Mancha y Aragón y una en Extremadura y Murcia.
En consecuencia, arrojar algo de luz en la sombra que rodea al sesgo en los números de víctimas contrastadas con el exceso de defunciones por todas las causas, resulta complejo y, frecuentemente, se conjuga con las cifras oficiales de fallecidos por la pandemia.
Por ello, el balance parece paradójico y por razones metodológicas, hay que ser previsor en la comparativa de España con las cantidades de otras naciones, porque los formalismos de recogida no son siempre parecidos.
Primero, atendiendo a las recomendaciones de la OMS, en casi todos los estados las reseñas se ciñen a los casos validados y, por ende, se ajustan a las muertes de los centros sanitarios.
Indiscutiblemente, muchas de estas defunciones, fundamentalmente, las que quedan al margen de los hospitales, no se computan por no haberse procedido al test correspondiente.
Segundo, los criterios son variables entre los territorios, porque hay quiénes incluyen elementos justificados de haber contraído el padecimiento, sin necesidad de test para asociar el fallecimiento a los datos oficiales de defunciones por el virus.
Y, tercero, en el anexo de una entrada anterior, existía el resquicio de anotar casos de comorbilidad al SARS-CoV-2, en el sentido de la presencia de uno o más trastornos, además, de la enfermedad o trastorno primario y el alcance de diversificar entre las muertes con coronavirus y por coronavirus.
No han sido pocas las oportunidades en que a los miembros del Ejecutivo se les ha interpelado por estas discrepancias del conteo: “No son datos contradictorios, son datos complementarios”, atestiguaba el presidente del Gobierno el 7 de junio tras la decimotercera conferencia telemática de presidentes autonómicos. Al pie de la letra manifestaba: “Es difícil comparar unos datos con otros, porque los excesos de mortalidad se estiman, no se miden, requieren de una predicción de la mortalidad esperada”.
Pese a los inconvenientes para implementar una extracción proporcionada, congruente y ajustada, en las últimas semanas, tanto los óbitos como los contagiados, han descendido considerablemente.
Pero, de momento no queda otra, parece ser, que cien días no han sido lo bastantes para la cristalización de los datos reales de lo que está entreviendo la sacudida de la pandemia en su letalidad, porque lo que hasta ahora se nos ha proporcionado, dista mucho de lo que podría deducirse de otras estadísticas.
Amén, de que el descuadre es absoluto y que irremediablemente exigirá la rectificación de la serie histórica, esto se traduce, que lo aportado hasta hoy, poco más o menos, dejará de tener validez cuando salgan a la luz los nuevos datos.
Algo en lo que esperemos, no se demore en demasía en el tiempo.