La visita del director general del Ingesa a Ceuta, Alfonso Jiménez Palacios, ha disgustado aún más a los sindicatos en relación a un tema tan importante con la apertura de la bolsa de trabajo. Firmado por ley que a partir de 2019 se abriría cada mes de febrero después de permanecer cerrada desde 2014, la última noticia es que el Ingesa no contempla abrirla hasta febrero, pero de 2020.
De esta forma, el ente sanitario incumpliría, no sólo la ley, sino el Plan de Ordenación de Recursos Humanos que éste mismo aprobó sin el beneplácito de las centrales sindicales.
Ya a finales de marzo, con más de un mes de retraso en la apertura, la fecha aportada por Jiménez Palacios -presumiblemente para calmar los ánimos y evitar la judicialización de la bolsa- fue el mes de mayo, fecha que tampoco se cumplió. Sin saber nada del asunto y con la amenaza por parte de sindicatos como CCOO y Satse de llevar ante la justicia este incumplimiento, no ha sido hasta esta última visita cuando han confirmado todos los presagios: la bolsa de trabajo se retrasa un año más.
Los agentes sociales no sólo están molestos y no entienden este nuevo anuncio -dado que la negociación de la bolsa concluyó en enero de este año, un mes antes de que se tuviera que abrir-, sino que, además, queda supeditada su apertura a los resultados de las elecciones del 10N.
Como ya advirtieron en su día y en esta ocasión, con más motivo, no descartan judicializar la bolsa de trabajo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y es que, hasta el momento, ni siquiera han recibido un borrador de todas las propuestas acordadas, que en un principio se iba a elaborar en conjunto con Melilla, pero que en la última mesa sectorial se determinó que cada sede tendría la suya propia.
Los sindicatos alertan de que sin convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo -las cuales también han sido pospuestas- y sin la apertura de la bolsa de trabajo, los problemas de personal en Ceuta no se van a solventar y seguirán a la cola de todos los sistemas de salud españoles en las ratios y en el número de profesionales.
La esperada OPE nacional en Sanidad, diseñada para reducir la temporalidad en el sector sanitario al 8% como reclamaba Europa, sigue generando numerosas dudas entre los afectados. Si ya en junio los responsables sindicales admitían que se quedaba muy corta, haciendo una estimación de que quedaban pendientes unas 60.000 plazas, ahora, cuatro meses después, el panorama apenas nota mejoría. Calcula que faltan por convocar 1 de cada 10 plazas ofertadas.
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