El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la que fuera número 2 del Gobierno de Vivas, Mabel Deu, por la devolución de 55 menores marroquíes.
Antes de ello, se ha ofrecido el derecho a la última palabra a las dos exmandatarias. Mateos ha insistido en que ella actuó “con el convencimiento de que lo hacía conforme a la ley, en ningún momento creí lo contrario”.
Por su parte, Deu ha confiado en que “sea la primera y ultima vez que estoy en un penal”, manteniéndose firme en que “durante mis años juré servir con lealtad a la ciudad de Ceuta y hacer guardar las leyes”.
“Siempre he trabajado en pro del interés del menor, trabajando codo a codo en todas las posibilidades que he podido”.
Los abogados de Mateos y Deu han pedido la absolución de sus patrocinadas en la que ha sido la última sesión de un juicio que comenzaba este pasado martes, manteniendo que esa ilegalidad fue “imposible” de cometer por parte de ambas.
El letrado de Mateos ha recordado la situación que se daba previa al retorno de esos menores. Hacerlo “es vital” para entender todo.
Había una “sensación de temor” ante una “auténtica invasión” equiparable a una especie de Marcha Verde. Existía miedo, se registraron situaciones extremas y la Ciudad tuvo que acordar con entidades sociales el tratamiento de los mismos, verificando, por ejemplo, quiénes eran vulnerables y quiénes no.
El Gobierno local se vio obligado a habilitar recursos para atender a niños en pleno verano, al objeto de dar una asistencia necesaria para unos menores que llevaban meses bloqueados en Ceuta.
La aplicación del acuerdo de 2007, todo un tratado internacional, se erigió en la alternativa a la que aferrarse para afrontar esta situación ante la imposibilidad de aplicación de la ley de extranjería. Otro de los puntos en los que se ha sostenido el letrado.
Para el abogado de Mateos, el mail que se remitió desde la Secretaría de Estado era una orden que se interpretó como tal, procediéndose a dar los pasos que se fueron materializando en llamadas a Marruecos o en la famosa reunión en el Tarajal para verificar que el vecino país disponía de recursos para atender a esos menores.
Todos los actores entendieron que el proceder llevado a cabo era adecuado y cumplía con las garantías, toda vez que las más altas instancias lo habían amparado. Se había verificado que Marruecos tenía recursos para acoger a sus nacionales, por lo que se obró en la consideración de que se cumplía con todas las garantías debidas en el respeto a los menores.
“Se creyó que era una actuación conforme a derecho, sin lugar a dudas”, ha recalcado el abogado.
El abogado de Mateos ha recordado que nadie aportó dudas sobre lo que se iba a llevar a cabo, salvo en el caso de Antonia Palomo, erigida en única voz discordante en torno a lo que se iba a hacer.
“Actuó con pleno conocimiento de que se cumplía la legalidad”, ha reseñado el abogado del Estado.
El letrado, Luis Ragel, que defiende los intereses de Mabel Deu, ha hecho hincapié en que la situación vivida en aquel agosto de 2021 era “extraordinaria” y de “carácter excepcional”, al contrario que lo contenido en el alegato final de la Fiscalía.
Ha minado el informe final del Ministerio Público, apuntando a la inexistencia de pruebas que puedan incriminar a su patrocinada, que pasó de ser considerada como cómplice para, finalmente, etiquetarse de autora.
Que solicitara la aplicación del acuerdo de 2007 no puede ser considerado delito. Un acuerdo que se aplicó aquel 2021 en un gesto histórico que no volverá a repetirse.
“Es inasumible que a una autoridad local de Ceuta le cojan el teléfono al otro lado de la frontera, en Marruecos. Es delirante”, ha mantenido Ragel, negando cualquier capacidad material de la consejera o de la propia delegada del Gobierno para maquinar por su cuenta una devolución de menores a su país.
“Tenemos una delegada del Gobierno del PSOE y una consejera del PP que se ponen de acuerdo para hacer esto”, ha ironizado como máxima imposible de ser ejecutada y que no se puede sostener en esa visualización de que todo este operativo hubiera sido ideado por dos autoridades locales a las que se les pide condena por prevaricación administrativa.
Para el abogado, está claro que aquel correo electrónico enviado por la Secretaría de Estado era una orden. Como también, que no existió dolo por parte de su patrocinada, es decir, ánimo de delinquir, como mantiene la Fiscalía.
Ha expuesto en modo de lamento, la dureza del informe expuesto por el Ministerio Público hacia su patrocinada y ha reseñado que para nada se ha acreditado el injusto material del resultado de aquella operación, es decir, que hubiera menores que hubieran terminado en malas condiciones.
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