Por fin llegó el momento tan esperado. Los avatares interminables de los familiares y allegados de las cientos de víctimas de la Guerra Civil, la mayoría represaliadas por el régimen franquista, pronto verán sus frutos cuando un equipo de técnicos den por comenzadas las operaciones de exhumación en el ‘Valle de Cuelgamuros’. De este modo, un laboratorio forense se ha emplazado en el interior de la Basílica del denominado, hasta el pasado año, ‘Valle de los Caídos’, para que los expertos puedan aplicar a fondo los protocolos que componen un equipo multidisciplinar constituido por seis forenses y cuatro miembros de la Policía Científica, al mismo tiempo que arqueólogos, odontólogos y genetistas.
La premisa prioritaria de los agentes se fundamenta en ayudar a identificar las cajas en las que se encuentran sepultadas las víctimas, en el caso de que los números de inscripción no se distingan debidamente. Mientras tanto, según el abogado Eduardo Ranz Alonso, los familiares ya fueron informados de las labores forenses.
Y es que, promovido por el Gobierno para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, las tareas se emprenderán con la búsqueda de 18 cuerpos ubicados en la cripta de la Capilla del Santo Sepulcro, en el nivel 0. Posteriormente, proseguirán los trabajos en los niveles 1, 2, 3 y 4, respectivamente, al objeto de hallar otros 59 cuerpos requeridos por sus familiares. Para ello, hay que remitirse a una sentencia judicial de 2016 que dictó su exhumación. Entre ellos y como ejemplos, se encuentran los hermanos Antonio y Manuel Ramiro Lapeña, procedentes de Villarroya de la Sierra, municipio y localidad de la provincia de Zaragoza, fusilados en 1936 por los franquistas.
Durante una segunda fase, se concluirá por el momento la búsqueda del resto de los 128 cuerpos en otras capillas de la Basílica, según fuentes facilitadas por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
La amplia mayoría de los cuerpos solicitados por los familiares se localizan en la Capilla del Santo Sepulcro, donde los procedimientos se efectuarán desde el piso inferior hacia arriba, para ir afianzando y, a su vez, consolidar, cada una de las cinco plantas donde existen enterramientos. Dichas actuaciones de exhumación tienen lugar “una vez salvados todos los escollos jurídicos, técnicos y de seguridad”, afirman las mismas fuentes, que han dejado claro que se llevarán a cabo “en un acto de dignificación y de máximo respeto a los allí inhumados”. Algunos familiares han llegado a esperar la friolera de veinte años a que se procediese a esta intervención.
Hay que recordar al respecto, que el Gobierno restableció las tareas de exhumación el pasado mes de diciembre con una etapa previa de preparación para disponer los accesos a los columbarios, como asegurar las estructuras arquitectónicas e implementar los formulismos de seguridad laboral imprescindibles “para una intervención de esta complejidad”, como pormenoriza el Ministerio en la carta remitida a los interesados.
El 12/VI/2023 se dio por emprendida la acción forense propiamente expuesta, que reside en la indagación y emplazamiento de los cuerpos, hasta donde sea viable técnicamente y los oportunos análisis genéticos que puedan llevar a las identificaciones. “Podemos garantizar que los forenses que se harán cargo de esta tarea se encuentran preparados y tienen una gran experiencia contrastada en este tipo de investigaciones”, declara literalmente el Ministerio. “La intervención forense se va a desarrollar mediante protocolos reconocidos internacionalmente y los laboratorios de referencia se encuentran acreditados en este ámbito”. Finalmente, se procederá a un espacio de acondicionamiento de los columbarios, optimizando las infraestructuras y las condiciones de conservación de los restos sepultados.
“Por fin llegó el momento tan esperado. Los avatares interminables de los familiares y allegados de las cientos de víctimas de la Guerra Civil, la mayoría represaliadas por el régimen franquista, pronto verán sus frutos”
Con estas connotaciones preliminares, lo que aquí se relata con estima, son los restos de poco más o menos, 34.000 víctimas pertenecientes a la Guerra Civil que se atinan emparedados en las criptas de las ocho capillas de la Basílica. La exhumación de los requeridos por sus familias podrá materializarse sin contrariedades de seguridad, según un Informe del CSIC delegado por Patrimonio Nacional.
Buena parte de los restos concernientes a las víctimas del bando republicano, se llevaron sin la aprobación pertinente de sus familiares al mismo lugar donde se encontraban enterrados José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) y hasta el 24/X/2019, Francisco Franco Bahamonde (1892-1975).
Haciendo una breve reseña para una mejor ubicación de lo que se pretende puntualizar, en la Capilla del Santo Sepulcro se aglomeran los restos de la mayor cantidad de víctimas: más de 18.500. Como en el resto de Capillas, los huesos están en el interior de unas cámaras ciegas que los técnicos han examinado concienzudamente por medio de diferentes calas o huecos de prospección. Además, la mayoría de los cadáveres están acumulados en el interior de cajas almacenadas, pero otros, como los que se descubren sobre el forjado del nivel 4, bajo la bóveda, están diseminados.
Subsiguientemente, en la Capilla del Santísimo que, valga la redundancia, es propiamente la otra Capilla del extremo del transepto y la segunda con más de 10.000 cuerpos. Al igual que en la Capilla del Santo Sepulcro, los huesos están inaveriguables en diversos niveles del trasdós. Los relacionados al nivel 3, el más próximo de ellos, se retiraron en 1990.
Después, las seis Capillas repartidas a ambos lados de la nave central agolpan los restos de unas 5.000 víctimas. En cada una de ellas, las tumbas se encuentran en una cámara ciega tras el altar. Por lo demás, para desenmascarar la trampilla que proporciona la embocadura a las cámaras ocultas al fondo de cada Capilla, los técnico del CSIC han debido de retirar las tallas y retablos.
Con lo cual, el Gobierno persiste con su compromiso de recuperar los restos de las víctimas sepultadas en el Valle de los Caídos, a pesar del deniego de la Iglesia y de varios sectores conservadores, el Ejecutivo, ha avanzado más allá en el proceso, sabedor de la trascendencia de salir al rescate de la memoria histórica y cerrar de una vez para siempre las innumerables heridas del pasado. No obstante, esta determinación conllevaría sus trabas debido al adelanto electoral, que ha otorgado a la comunidad benedictina que gestiona el lugar, coger nuevos aires.
A pesar de las pretensiones expresas del Gobierno, la praxis de exhumación en el Valle de los Caídos digamos que se halla en un equilibrio algo quebradizo, indudablemente intimidado de sopetón por un entresijo electoral. La oposición se ha valido de la exhumación como escudo arrojadizo contra el Gobierno, culpándolo de resaltar intereses políticos a los religiosos. Sin embargo, el Presidente se ha mantenido firme en su actitud y ha confirmado que la consideración por las víctimas del franquismo es un deber moral para cualquier sistema de la democracia del siglo XXI.
El escenario de fluctuación que se ha instaurado como consecuencia de la exhumación, ha creado una extensa discusión en la sociedad española. No son pocos los que entienden que es ineludible avanzar en el proceso y taponar definitivamente el fluido que todavía subyace, mientras que otros se revelan por agitar una parte del legado histórico que encarna el dictador. Por su parte, el Gobierno respalda que no se trata de una materia de sentimientos, sino de hacer justicia y reparación moral. A este tenor, la comunidad benedictina ha respirado algo más desahogada tras conocerse el adelanto electoral. O más bien, la viabilidad de cualquier pequeño resquicio que pueda detener el proceso de exhumación, cuestión que por ahora no ha ocurrido, y que les permitiría conservar sus creencias y tradiciones sin tener que desentrañar un cambio que va en contra de su fe. Si bien, queda en la balanza por saber cuál será el resultado de las elecciones y si el Gobierno vigente conservará el brío propio de la exhumación.
El ‘Valle del Cuelgamuros’, antes llamado ‘Valle de los Caídos’, está ubicado en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, y es el principal monumento que actualmente evoca el franquismo. En su momento fue pensado ponderadamente por su hacedor, Franco, para rememorar su triunfo militar en la Guerra Civil (1936-1939), producida tras el golpe de Estado de parte del ejército contra la dirección democrática de la Segunda República (14-IV-1931/1-IV-1939) el 18/VII/1936 y para sepultar a sus incondicionales. Toda vez, que la Ley 20/2022 dispone que es un lugar de “reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a todas las víctimas”.
Esta obra se prorrogó por espacio de diecinueve años en acabarse su total construcción, y en buena parte por reclusos políticos republicanos que remaron contra viento y marea como mano de obra forzada. Franco abrió sus puertas con los máximos honores el 1/IV/1959, en el ‘Vigésimo Aniversario de su victoria’. Tanto el día designado como la magnitud de la alocución inaugural, robustecieron el alcance franquista y nacionalcatólico del monumento, que igualmente se formula en su construcción, presentación iconográfica y encuadre religioso y legal desde 1957 hasta 2022.
Para ser más preciso en lo fundamentado, el monumento acoge 33.847 víctimas de la guerra, de las cuales, más de 12.000 permanecen en el anonimato más solapado. En el año 2003 se localizó la presencia de criptas de civiles republicanos ejecutados por fuerzas franquistas, que habían sido reubicadas en 1959 desde fosas comunes sin el permiso expreso ni el conocimiento de sus familiares. La inexistencia de una resignificación en este lugar durante décadas, ha erigido el Valle de Cuelgamuros en la guarida más controvertible de la reminiscencia del franquismo.
Y como resultado de la controversia en el calado del Valle en su exposición actual en una colectividad democrática, en los últimos años dos leyes se han vinculado directamente a él y decretan que debe evolucionar para vigorizar los valores constitucionales y suscitar el juicio y razonamiento sobre nuestro pasado.
Primero, la Ley 52/2007, detalla que El Valle se administrará rigurosamente por las reglas adaptables con carácter general a las zonas de culto y cementerios públicos, y que en ninguna parte del espacio referido podrán concretarse acciones de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, como de sus protagonistas o del franquismo. Ya, en 2019, se implantó una reforma que otorgó la exhumación de Franco en octubre de ese mismo año.
Y segundo, Ley 20/2022, cambia la designación del monumento que pasa a denominarse ‘Valle de Cuelgamuros’, ratifica la negativa de la celebración de cualquier práctica política o propiamente, de enardecimiento de la dictadura y su naturaleza de cementerios, e instituye el mausoleo como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas sepultadas.
De la misma manera, determina la recolocación de los restos que se hallen en algún punto relevante, suprime la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ordena que mediante Real Decreto se fijará la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros y precisa que se repararán las peticiones de exhumación de los familiares que así lo requieran en su debida forma.
Conjuntamente a la Basílica y las edificaciones dependientes, es significativo especificar que el Valle de Cuelgamuros, situado en el noroeste de la Comunidad de Madrid, el boscaje que lo envuelve es totalmente artificial y acomoda un panorama trazado íntegramente para custodiar al monumento, persiguiendo los engarces que, por aquel entonces, asentaba el franquismo entre el paisaje y la identidad nacional.
A resultas de todo ello, la plasmación en 2020 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD), viabilizó y dio luz verde la decisión del proceso técnico y administrativo imprescindible para llevar a término las numerosas exhumaciones en las criptas que una cifra significativa de familiares había implorado desde hacía años en una lucha tenaz e incansable.
Como salidas previas y encomendado por el Ministerio de Justicia, en 2010 se cristaliza una exploración forense en las criptas que llevaron al Informe técnico-forense “Viabilidad de identificación en los enterramientos del Valle de los Caídos”. Hecho público un año más tarde, indicaba los inconvenientes técnicos que se mostraban por motivos del mal estado de las criptas. La Comisión de Expertos del año referido y ya citada en esta cronología, se basaba en este Informe para aclarar las complejidades de identificación, pero advertía el derecho moral de los familiares que reclamaran las exhumaciones. En 2016, se dictamina una sentencia judicial que contempla el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a la exhumación de sus restos.
Ni que decir tiene, que la sentencia ocasionó la petición por parte de Patrimonio Nacional de los Informes técnicos de viabilidad. Entre ellos, hay que insistir en el realizado por el Comité Científico Técnico del Consejo Médico Forense, donde se creaba una actuación para cuajar las exhumaciones y, a su vez, se pormenorizaban las características del equipo técnico. En base a lo anterior, el Instituto Torroja del CSIC hizo varias visitas al Valle entre 2018 y 2019, al objeto de examinar el estado real de las criptas.
En su Informe de 2019 especificaba que las obras a consumarse tan solo repercutían en los tabiques sin función estructural y que los elementos no mostraban signos desfavorables. Además, en el examen del interior de las criptas con videoscopio, se pudo valorar las numerosas cajas funerarias dentro del aceptable estado en su condición absoluta de deterioro. En la última etapa de 2020, el Consejo Médico Forense aprueba la actuación para verificar las exhumaciones perfilado por el antropólogo forense Francisco Etxeberria (1957-66 años), asesor de la SEMD, aconsejando algunos ajustes. Es en este mismo año, cuando Patrimonio Nacional adecua el derecho de exhumación a las familias que lo han requerido y cuyo engranaje con los cuerpos está más que acreditado. Así, las demandas rebasan el centenar, pero para agilizar el operativo arquitectónico y forense, la SEMD transfiere una partida económica a Patrimonio Nacional para costear las operaciones.
El 22/VI/2021 el Consejo de Ministros admitió la formación de una Comisión de trabajo para el asesoramiento forense de las exhumaciones. Ya, el 12/VII/2021, se rubricó la resolución con los nombramientos para la comisión.
Entre las postrimerías de 2021 y comienzos de 2022, varias instancias judiciales contra el procedimiento administrativo de licencia de obras significaron la interrupción cautelar de la intervención anticipada. Tras un dilatado cuestionamiento judicial que circunscribió el levantamiento de las medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la reposición de la licencia del Ayuntamiento de El Escorial, a últimos de 2022, se pusieron en funcionamiento las labores anteriores para las exhumaciones. En marzo de 2023 el Tribunal Supremo acreditó la anulación de las medidas cautelares que suspendían las tareas.
O séase, aquello residía en el montaje de la infraestructura técnica y de seguridad, englobando un laboratorio para la labor forense, la disposición de equipos humanos y la demarcación del área en que se harían las intervenciones. En definitiva, el plan de exhumación otorgado por Patrimonio Nacional es el más enrevesado de los que se han acometido en España y lo será a lo largo del tiempo, debido al estado efectivo de las criptas y la dimensión de los cuerpos inhumados.
“El 12/VI/2023, ya ha pasado a la historia de la Memoria Democrática de España, por dar sus primeros coletazos los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo que durante tantísimo tiempo han permanecido en lo enigmático más inhumano”
En tanto, diversos medios de comunicación se han hecho eco de este acontecimiento a nivel mundial. Primero, el ‘Washington Post’, incide en que se abordan las labores para exhumar los cuerpos de 128 víctimas de Franco. El rotativo norteamericano apunta que las tareas forenses iniciales han arrancado en el mausoleo de Cuelgamuros donde se sepultaron decenas de miles de individuos de manera reservada durante el período franquista. Segundo, el periódico británico ‘The Guardian’, destaca que en la colosal Basílica en la que yacen 34.000 víctimas de ambos bandos de la guerra y en la que igualmente permanecieron los restos de Franco, se han emprendido los primeros trabajos forenses de exhumación.
Tercero, la agencia británica de noticias ‘Reuters’, expone que los forenses han empezado la primera exhumación cuyos restos fueron reubicados desde otras localidades al concluir la guerra y sepultados sin la aprobación de sus familias en el monumento edificado por Franco en el Valle de los Caídos. Y resalta que las labores forenses convergen con el caldeamiento de la campaña electoral de cara a las generales que se celebrarán el próximo 23 de julio, induciendo a que la dictadura que “sigue dividiendo a la sociedad española se convierta en motivo de apasionadas discusiones” en la tentativa de reelección de Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972-51 años).
Y cuarto, la emisora norteamericana internacional ‘Voice of América’, escribe que los forenses han inaugurado los trabajos para procurar exhumar a 128 personas muertas entre los años 1936 y 1939, cuyos restos se llevaron y enterraron sin la autorización de sus familias en el mausoleo del Valle de Cuelgamuros. Aparte de precisar que en el complejo que compuso Franco se enterraron de modo incógnito unas 34.000 personas, muchas de ellas víctimas directas del régimen franquista y sus familias han luchado lo inenarrable para sepultarlas con sus nombres. Haciendo mención a Purificación Lapena, nieta de Manuel Lapena que lleva siete años aguardando que se cumpla la sentencia de 2016 que daba el visto bueno para su exhumación.
En consecuencia, tras décadas de indescriptible demora y expectación contenida en lágrimas y llantos de los familiares de las víctimas, los técnicos han iniciado la identificación de las personas enterradas en las criptas y requeridas por sus allegados, dándose el primer paso en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.
Tras la exhumación el pasado día 24 de abril de Primo de Rivera, y medio año después de que los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra (1875-1951) saliesen de la Basílica de la Macarena, Sevilla, los familiares de los represaliados entreverán las réplicas a sus demandas, muchas de ellas tras tiempos inacabables de lamentaciones que inexplicablemente se han hecho esperar.
Precisamente, en este recinto quedan aplazadas las exhumaciones de restos solicitados por un centenar de familias que llevan años implicadas en una maraña judicial después de que una sentencia permitiese el derecho a rescatar los cuerpos de los hermanos Lapeña, como ya se mencionó fusilados en 1936 y posteriormente enterrados en el mausoleo franquista.
Del mismo modo, la Ley de Memoria Democrática prevé la ‘resignificación’ de este emplazamiento para dar a conocer las “circunstancias de su construcción” y “el período histórico en el que se inserta”. Todo ello, con el propósito de “fortalecer los valores constitucionales y democráticos”. Pero, por encima de todo, desean contemplar in situ el hallazgo de los restos mortales y estar presentes en la extracción, como ocurrió con el cuerpo de Franco y del fundador de la Falange Española.
Este requerimiento lo ha expresado el procurador de las familias, Ranz Alonso, en un comunicado enviado al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños García (1975-47 años), un día más tarde del comienzo de las tareas forenses.
Al pie de la letra indica: “Queremos solicitar, en tanto en cuanto científicamente sea posible, el acceso al lugar de la intervención, con la finalidad de asimilar in situ los trabajos de exhumación, así como estar presentes el día de la extracción, conforme a los precedentes históricos que sentaron las familias del dictador y del fundador del partido único, exhumados en el mismo lugar, en los años 2019 y 2023, respectivamente”. El representante de las familias tiene pleno convencimiento en recibir una respuesta “satisfactoria y reparatoria” por parte del Ministerio. Se da por emprendido un proceso que en 2021 y 2022, hubo de salvar varios obstáculos judiciales e institucionales. Tras el levantamiento de las medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la reactivación de la licencia del Ayuntamiento de El Escorial, se movieron los hilos pertinentes para las labores pospuestas a las exhumaciones.
Lo que hasta ahora se había formalizado era “instalar la infraestructura técnica y de seguridad necesaria, incluyendo el laboratorio para el trabajo forense, la organización de los recursos humanos y la delimitación de la zona en la que se producirán las intervenciones”, como comentan desde el Ministerio, sopesando que el proceso “será largo en el tiempo debido al estado de las criptas y al gran volumen de cuerpos inhumados”.
En conclusión, el 12/VI/2023, ya ha pasado a la historia de la Memoria Democrática de España, por dar sus primeros coletazos los trabajos de localización, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo que durante tantísimo tiempo han permanecido en lo enigmático más inhumano. Han sido años y años inacabables de largas esperas con sus imperativos y reivindicaciones, a los que los familiares junto a las asociaciones memorialistas, siempre han mantenido vivo el hálito de la esperanza para insistir sobre el derecho a la recuperación de los restos y darles una inhumación lo más digna posible y así restablecer su memoria para la eternidad.
