Honradez, transparencia y credibilidad

Durante la semana pasada, muchas veces se ha escuchado en los medios de comunicación las palabras “honradez, transparencia y credibilidad”, siempre en referencia a los políticos de nuestro país, comunidad autónoma o ayuntamiento. Pero en muchas ocasiones no se sabe realmente cuál es el significado de esas palabras tan solemnes, y con un gran significado.
Desde este pequeño rincón voy a intentar dar luz sobre su significado: “Por honradez se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra”. Por tanto, la persona honrada siempre defiende la justicia, la rectitud, la verdad y la integridad, no dejándose llevar por amistades o compromisos de terceros para hacer lo incorrecto. “Se dice que un material presenta transparencia cuando deja pasar a través de él muy fácilmente la luz”. Por lo tanto, cuando hablamos de políticos transparentes, no referimos a aquellos que realizan actos que no conciben cualquier clase de duda sobre la legalidad del mismo, ya que son tan claros en sus actuaciones que la trasparencia es total para los ciudadanos. “La credibilidad se compone de dos dimensiones principales: confianza y grado de conocimiento donde ambas poseen componentes objetivos y subjetivos. Es decir, la capacidad de generar confianza es un juicio de valor que emite el receptor basado en factores subjetivos como las afinidades éticas, ideológicas o estéticas”. Es decir, que la credibilidad hay que ganársela día a día con las actuaciones que un político realiza.
Dicho todo lo anterior, los políticos que salen elegidos cada cuatro años para los diferentes puestos que la ciudadanía les otorga deben tener estas tres palabras siempre en su pensamiento, ya que son los pilares básicos para construir una idea de gobernar ya sea desde el presidente de la nación o el concejal del pueblo mas pequeño de nuestro país, el intentar gobernar olvidando estos conceptos tan claros para todos, es dar la espalda a la propia idea de democracia donde marca muy claro un concepto fundamental, que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Ese concepto nunca hay que olvidarlo.
La mayor reforma de la Administración en 30 años fortalecerá los servicios públicos. El objetivo de la reforma es asegurar que los servicios públicos se prestan de la forma más eficiente y al menor coste posible. La Reforma de la Administración ha comenzado ya con importantes medidas en marcha: Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria: compromiso de todas las administraciones con el equilibrio presupuestario, con sanciones en caso de incumplimiento. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: responsabilidad por la transparencia de todos los cargos públicos. Plan de Pago a Proveedores y Fondo de Liquidez Autonómico: Garantizar la liquidez y el pago de las facturas a los proveedores (27.300 millones de euros). Planes de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional: se han disuelto ya el 91 por ciento de las empresas públicas que las comunidades autónomas se comprometieron a cerrar y se han limitado altos cargos y sueldos. Plan de Gestión del Patrimonio Inmobiliario: se han ahorrado 90 millones en alquileres y ventas de patrimonio inmobiliario. Reducción de gastos: Reducción de los puestos directivos un 20 por ciento y los gastos ministeriales un 16 por ciento en 2012. Función Pública: se asimilan las condiciones a las del sector privado, con la reducción de días de libre disposición o la extensión mínima de la jornada...El resultado: Entre 2008 y 2011, el empleo público creció en 307.300 personas. Desde el tercer trimestre de 2011, el empleo público se ha reducido en 374.800 personas (menos 12 por ciento).
Ahora, la reforma entra en una fase clave en dos pasos: la reforma de la Administración local ahorrará 8.000 millones en un año. No se reducen competencias: el objetivo es definir qué competencias presta cada Administración, cómo las presta y con qué dinero. Se racionalizará el sueldo de cargos electos y la función de los asesores. Se fijará un coste estándar para cada servicio público.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas publicará el informe con sus conclusiones antes del 30 de junio. Estas iniciativas buscan que cada Administración realice las actividades que debe prestar con más eficiencia: sin duplicidades, simplificando los trámites, ordenando el número de entidades y aumentando la eficiencia en la gestión de los medios y servicios públicos. Hay que perseverar en las reformas y el saneamiento de la economía para caminar hacia la recuperación.
En este sentido, las Administraciones Publicas deberán trabajar para dar a los ciudadanos el mismo servicio pero buscando siempre el más económico para la Administración, por tal motivo los concursos públicos son la vía para poder llevar las políticas de austeridad, siendo preferente a los mismos servicios las propuestas más económicas, teniendo como objetivo prioritario la honradez, transparencia y credibilidad en cuantos concursos públicos organicen las Administraciones Publicas.