La empresa señala que no se oponen a la construcción de la cárcel pero sí a que se les expropie un terreno clave para ellos, aplicando una ley franquista y sin escuchar su versión.
Aplicando la ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, elaborada en plena dictadura franquista, el Gobierno central reclama la ocupación de una parte de los terrenos de Hoarce para la construcción de la futura cárcel de Fuerte Mendizábal. El enfrentamiento vía cartas que durante esta semana han mantenido la SIEP y la empresa, a tenor de esta ocupación, parece no tener salida. La Sociedad Estatal reclama la urgente ocupación de la zona mientras que Hoarce hace prevalecer sus derechos ya que, tal y como reconoce a ‘El Faro’ el empresario Pedro Castillo, “no me están quitando un trozo de monte” sino una parte importante de lo que pretendía ser un polígono industrial para revitalizar la zona del Serrallo. Y se lo pretenden quitar “de un hachazo”, en un acto “indecente” que le supondrá la pérdida del “30% de los terrenos” con los que pretendía dar lugar a un yacimiento económico que incluso presentó en su día a la Ciudad Autónoma.
Mantiene Castillo que hasta en dos ocasiones y por registro ha querido reunirse, como empresario afectado por las expropiaciones, con el delegado José Fernández Chacón. Lo que ha obtenido como respuesta es la callada, lo mismo que a la ristra de alegaciones que ha presentado por vía oficial y que no han sido ni atendidas ni respondidas. Castillo deja claro que él, como empresario, no se opone ni pretende luchar contra el proyecto de construcción de la cárcel, pero defiende que, a costa de eso, él se convierta en víctima de una ley ideada por Francisco Franco y aplicada, ahora, por el PSOE. Una ley, la de expropiación, que anula sus derechos, que le deja “desamparado” y que permite que “la injusticia siga en vigor”. A Hoarce, a diferencia de otros afectados por la expropiación, le anulan, con la ocupación de sus terrenos, la posibilidad de crear un polígono y le quitan algo más que un trozo de terreno: se llevan por delante el lavadero de camiones, el depósito de materiales en donde se almacenan los áridos traídos de la península tras el agotamiento de la cantera, las oficinas y la instalación de gas.
La idea de la empresa es luchar por lo suyo, después de que por parte de la administración no se haya obtenido capacidad de diálogo alguno. La última notificación de la SIEP, refrendada a posteriori por el propio delegado, ha sido para advertirle de que ocuparán los terrenos por la fuerza. El pasado viernes, ante el temor de que este extremo se cumpliera, los trabajadores de Hoarce plantaron sus camiones. No es que pretendan enfrentarse a la Benemérita, pero la empresa no permitirá que se ocupe el terreno sin la orden firmada pertinente a modo de prueba de lo que, consideran, una injusticia. El delegado señalaba el viernes que Hoarce puede acceder al dinero depositado (201.000 euros) si quita la hipoteca sobre el terreno. No dijo que esa hipoteca está firmada sobre una tasación que el Estado no respeta y que deprecia hasta en seis veces su valor.
Historia de una lucha
16 de mayo de 2008
Hoarce ya había presentado a la Ciudad su plan para crear un polígono industrial en el Serrallo. Poco después se expone el avance del PGOU en donde comprueba que se va a construir una prisión y que afecta a una parte de su parcela, invalidando su proyecto. La empresa presenta alegaciones proponiendo que la cárcel se construya pero con un giro de 90 grados, así no afectaría a su empresa ni tampoco provocaría daños a una tercera. No se le contesta a pesar de ofrecer una solución alternativa.
3 marzo de 2009
Se publica en prensa un edicto del delegado con los terrenos a expropiar. Curiosamente no aparece Hoarce sino el propietario antiguo de los terrenos a pesar de que en el registro figura desde hace tiempo la empresa. Se sospecha que la administración ha buscado ocultar que afectaba a Hoarce. Se presentan nuevas alegaciones que no tienen respuestas argumentando la necesidad del terreno que pretende expropiarse.
19 julio de 2009
El Consejo de Ministros aprueba la expropiación forzosa. El 30 de julio se cita para levantar el acta de previa ocupación y Hoarce presenta un acta notarial advirtiendo de lo que hay en los terrenos a expropiar y que la administración dice desconocer. Se aporta el peritaje de los terrenos, valorados y pagados, con hipoteca, a 19 euros el metro cuadrado. La administración lo valora sólo a 3, más de seis veces menos de lo que pagado por Hoarce. La hipoteca que mantiene contiene estos términos económicos.
13 octubre
Se levanta acta de ocupación y la empresa argumenta que no está de acuerdo con la valoración de la propiedad y bienes afectados. La administración se compromete a hacer una nueva valoración económica que nunca se produjo. La SIEP no ha presentado todavía la hoja de aprecio ni Hoarce dispone del dinero.
