Las herramientas de la Justicia para frenar el narcotráfico

Una de las personas que más lucha contra el narcotráfico es Ana Isabel Villagómez Muñoz, fiscal Delegada Antidroga de Cádiz-Ceuta y coordinadora de Andalucía. Por eso ha sido partícipe de las jornadas organizadas por la UNED para hablar del narcotráfico. Villagómez ha disertado este miércoles en la sesión vespertina sobre los retos de la justicia ante las nuevas tendencias de la delincuencia organizada. La fiscal ha insistido en que es un tema que está generando “mucha polémica” y repercusión social. “Me alegro mucho de volver ya que el año 1991 venía a celebrar juicios en Audiencia y Penales”, ha asegurado. Ha reconocido que el consumo de drogas ha ido en “aumento” en los últimos años y que, como es lógico, ha ido en crecimiento la actividad delictiva en nuestra ciudad y en el Campo de Gibraltar. “España es un país que fluye, con camiones y coches por donde cruza la droga de punta a punta. Es un país que se está cultivando marihuana indoor como, por ejemplo, en edificios enteros como en el caso de Granada”. “El derecho penal, no es la solución. Entra en juego cuando todos los mecanismos anteriores han fallado. Cuando hay consumo, hay gente que vende porque quiere beneficiarse económicamente de esas ventas”, ha proseguido.

Los delitos contra la salud pública en el Campo de Gibraltar

En el Campo de Gibraltar, Villagómez ha señalado que tenemos todos los tipos delitos contra la salud pública, desde los menos graves a los más graves. “Es muy complicado detectar un contenedor con drogas, debido a los miles y miles que transitan por el Puerto de Algeciras. Hay operativos continuos por parte de las Fuerzas de Seguridad y la Vigilancia Aduanera, pero se incauta una mínima parte”. Asimismo, la fiscal ha incidido en la proliferación de las narcolanchas que se están derivando por la parte del Guadalquivir debido a la presión policial que hay en el Estrecho. “España se ha vuelto a un país productor para toda Europa. La cultivación de marihuana ha ido aumentando de manera considerable y ahora el THC está llegando a más del 20% por lo que ya se le puede considerar de grave daño a la salud”. “Hay gente joven que a pesar de no tener patologías han tenido brotes psíquicos debido al consumo diario de la marihuana. Se está pagando casi al mismo precio que el hachís, por lo que muchas personas que se están dedicando al tráfico de hachís con Marruecos pues se están convirtiendo en cultivadores”, ha proseguido. La fiscal ha explicado que en los últimos meses se ha detectado que hay despachos de abogados que han creado una sociedad para poder cultivar la marihuana. “Por eso debemos tener en cuenta que se ha incrementado la violencia por el robo de la droga, ya que se está encontrando cada vez con más productores. La mayoría de las plantaciones están ilegalmente enganchadas, por el alto coste de la luz, por lo que provoca que en muchas ocasiones se corta la luz a una barriada entera. Eso provoca un enfado social lógicamente”. Villagómez ha explicado la diferenciación entre las drogas, teniendo una lista que se va actualizando con las nuevas drogas de diseño y donde se estudia su adicción y tolerancia. “En nuestra legislación se permite que la Agencia del Medicamento pueda determinar si una sustancia es droga o no. Todo ello con un estudio previo”. Para que se cometa el delito, tiene que haber intención de venderla a terceras personas. “Si es para autoconsumo, tiene una multa administrativa, pero no es delito”.

¿Cuáles son las penas para un delito contra la salud pública?

La fiscal ha explicado que imponer una pena por el delito contra la salud pública crea “polémica” ya que muchas personas piden “endurecer” las penas. “Para grave daño a la salud, la pena mínima es de 3 años de prisión. Se puede poner más baja, cuando sea muy baja o no sea reincidente. Todo ello se debe tener en cuenta que puede existir agravantes como la venta en menores o la utilización de una embarcación”. Cuando se habla de organizaciones criminales, la pena va en aumento, aunque muchos de los que denuncian en su día “luego se echan para atrás porque muchos reciben un dinero para que quiten la denuncia o para que no testifiquen en contra de ellos”. “El uso de narcolanchas se ha incrementado en los últimos tiempos. Comenzaron hace unos 10 o 12 años, cuando hubo represión se cambiaron a las embarcaciones de recreo, pero ahora están regresando con esas narcolanchas, muchas de ellas con cuatro de motores con mucha potencia. Después de tanta insistencia, y de muchas muertes, se consideró que generaba tal peligrosidad y por ello se legisló que era un género prohibido. Cualquier persona que la utilice para cualquier actividad, está cometiendo un delito de contrabando con de 3 a 5 años de prisión”, ha explicado. Asimismo, ha criticado que todavía no se considere delito el aprovisionamiento a narcolanchas de gasolina o mecánicos en altamar. “Los traficantes están pagando 300 euros por 60 litros de gasolina. Estamos hablando de poder introducir un delito por tenencia de sustancias inflamables”.

¿Cómo se llega a una condena?

El Ministerio Fiscal es el que tiene que demostrar con pruebas ese delito. “Es cuando se solicita las medidas cautelares hacia los bienes o las personas. Tiene que haber diferentes requisitos por los que lo exige el Fiscal y el juez lo puede imponer. Una persona puede estar hasta 2 años de manera provisional a espera de juicio, que se puede aumentar en 4 cuando se trata de casos especiales”. Uno de los inconvenientes con los que “nos encontramos en el día a día es con “la lentitud de la justicia”, ha concluido.