La consejera de
Hacienda, Kissy Chandiramani, afirma que la Ciudad Autónoma de Ceuta no cejará de solicitar al Estado
el pago de los 7,2 millones de euros del pasado año y que están pendientes de cobro. De todas maneras, se manifestó satisfecha porque el Consejo de Ministros había dado el visto bueno el pasado martes esta misma cantidad, correspondiente al año 2020 y que son para la producción de agua y cuestiones derivadas al hecho fronterizo.
En relación con el cobro que está pendiente argumentó que existía el compromiso firmado por parte de la
delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, en relación con que se percibiría en concreto cuando se aprobaran unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. No se puede olvidar que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto presentar dentro de unos días este anteproyecto en las Cortes Generales para su estudio.
Sobre el visto bueno a esta partida, pero de 2020, comentó que sería un paso muy importante para desbloquear algunas partidas que estaban congeladas, pendientes de la percepción de esta cantidad y que se podrán poner en marcha, una vez que el expediente de modificación de crédito se apruebe, de manera definitiva, en unos días.
Vino a significar que la decisión del Consejo de Ministros de dar luz verde a los convenios para la producción de agua y derivados del hecho fronterizo es un logro, después de las negociaciones que durante varios meses el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, conjuntamente con la Ciudad Autónoma de Melilla, han mantenido con la Administración General del Estado.
En otro orden de cosas, la propia responsable del departamento de Hacienda, Economía y Administración Pública, igualmente certificó que por parte del Gobierno se había prometido a las empresas un nuevo canal de ayudas, debido a la situación derivada de la pandemia. Para ello se utilizarán fondos que sobraron de la primera edición del Programa Ceuta Resiste que se aprobó por el pleno de la Asamblea el pasado mes de abril.
La consejera vino a significar que la Ciudad Autónoma de Ceuta fue de las primeras administraciones públicas que aprobó un plan de ayudas a las empresas con motivo de las repercusiones económicas que tuvo la crisis del COVID, en primer lugar con el confinamiento y luego con el proceso de desescalada y que sigue presente debido a la segunda ola de la pandemia.
De todas maneras, ya se había anunciado que no existiría ningún problema a la hora de que se tuvieran que habilitar más ayudas, debido a que una de las prioridades del Gobierno en esta crisis es la ayuda para autónomos y empresas.