El portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, ha confirmado el inicio de un expediente por parte de Emvicesa al detectarse que una de las 317 VPO adjudicadas en Loma Colmenar está siendo ocupada por otra persona. El expediente va por una triple vía: de resolución de contrato, sancionador administrativo y de desahucio del inquilino.
Hachuel, que no puede constatar si ha habido cobro o no por permitir que otra persona la ocupe, sí que ha reconocido que ante todo se está ante un presunto fraude. “Que una familia demandante que ha pasado todos los filtros, después dé la vivienda a otra es un fraude. Haya habido cobro o no. Lo honesto hubiera sido, si ya no la necesitaba, devolverla”, ha explicado en la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno.
Ahora la persona denunciada tiene un plazo de alegaciones para justificar por qué otros están viviendo en su casa.
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